Por Alberto Ramírez

El gobierno de Luis Guillermo Solís, en contubernio con la fauna de los partidos neoliberales, ha venido lanzando una sistemática ofensiva en contra de los trabajadores del sector público con el objetivo de hacernos pagar el alto déficit fiscal, causado por el partido de los empresarios, el PLN. Para alcanzar ese siniestro objetivo, el gobierno en mancuerna con la jauría neoliberal nos ha impuesto, poco a poco, sus medidas que deterioran nuestras condiciones de vida y empleo. Veamos.

Esa ofensiva gubernamental-patronal, en contra de nuestros niveles salariales, beneficios laborales y de empleo se ha concretado en una serie de medidas, tales como, el congelamiento salarial durante dos años, otorgando miserables reajustes salariales (1,14%, 0,94%, 0,08% y 0,01%.); la imposición del salario único en diversas empresas públicas (ICE, BCR Y otras); el congelamiento de plazas en el gobierno central; la denuncia de todas las convenciones colectivas para cercenar y eliminar beneficios laborales; el despido masivo de trabajadores, enmascarado bajo el eufemismo de “movilidad laboral voluntaria” (ICE, CNFL y otras). Para rematar los ataques anteriores, el gobierno-neoliberales, pretenden aprobar por la vía rápida el proyecto de empleo público, expediente 19.506, que nos despojaría de los componentes adicionales (anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva y otros) al salario base, mejor conocidos como pluses salariales.

Mientras el gobierno de Solís despoja de sus salarios, beneficios laborales, derechos laborales y el empleo a miles de trabajadores, los empresarios nacionales y transnacionales, se llenan las manos, sus bolsillos y cuentas bancarias con millones de colones y dólares, ya sean mediante los negocios lícitos e ilícitos, llámese evasión y elusión fiscal, intermediación financiera, exoneraciones fiscales y otras formas de robo disfrazadas.

En tanto, el gobierno, los partidos neoliberales y las autoridades del MEP hacen lo que quieren con nuestras condiciones salariales, de trabajo y de vida, las dirigencias sindicales de los diferentes bloques sindicales, ya sea la denominada “Unidad en la Acción”, BUSSCO y otras cúpulas sindicales, mantienen una política de conciliación con el gobierno que se manifiesta en la pasividad y desmovilización de las bases sindicales. Esta política de las burocracias sindicales conciliadoras está permitiendo el despojo de los beneficios y derechos de los trabajadores del sector público y, en caso de aprobarse, por la vía rápida, el proyecto de empleo público 19.506, nos puede conducir una grave derrota histórica,

Denunciamos públicamente a la dirigencia sindical de la APSE, de guardar confianza y creer en la maniobra divisionista del gobierno-neoliberales, de “exclusión” del personal docente del proyecto de empleo público, maniobra perversa que, en los hechos, pretende no solo desmovilizar y sacar de la lucha a los trabajadores de la educación, sino también convertirnos, en forma indirecta, en cómplices de la imposición de esa ley al resto de los trabajadores del sector público.

La nueva “lucha” de la dirigencia mayoritaria del sindicato APSE, se ha reducido en las últimas semanas a solicitar a los neoliberales la “exclusión” de todos los trabajadores del MEP del proyecto de empleo público. Esta dirigencia conciliadora y desmovilizadora, no solo ha caído en la trampa divisionista de la jauría neoliberal, sino que refuerza en la conciencia de los trabajadores de la educación la confianza en las fuerzas enemigas, convirtiéndose en la correa de transmisión de las maniobras divisionistas de los neoliberales en el seno del movimiento sindical magisterial.

Asimismo, hacemos responsables a la dirigencia de la APSE, por su política de conciliación con el gobierno-neoliberales y desmovilización de las bases, de una eventual aprobación, por la vía rápida, del proyecto de empleo público, expediente 19.506. Debemos denunciar y rechazar de forma categórica la maniobra divisionista del gobierno-neoliberales de la “exclusión”, ya sea solo del personal docente como de todo el MEP, ya que esa “exclusión”, en caso de concretarse, sólo sería como táctica divisionista momentánea, porque posteriormente nos aplicarían todos los extremos aprobados en esa ley a los trabajadores de la educación. Desde las bases del sindicato APSE, debemos denunciar y hacer responsable, de una eventual aprobación y, por ende, de una derrota histórica de los trabajadores de la educación a la dirigencia de esta organización.

¡Abajo la política de conciliación y desmovilización!

¡Abajo la política divisionista del movimiento sindical del gobierno y los neoliberales!

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