Por José René Tamariz
Carlos Alvarado, presidente de la República, quien llegó a la presidencia por accidente histórico y con los votos prestados de otros partidos y por el temor de muchos ciudadanos al fundamentalismo del pastor Fabricio Alvarado, está envalentonado creyendo que puede hacer lo que cree contra los trabajadores del sector público. Este personaje está abusando del mandato limitado que le otorgaron los votos prestados.
El señor presidente, Carlos Alvarado, junto a su derechista y archienemiga de los trabajadores del sector público, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, tienen elaborado un siniestro plan escalonado en contra de los salarios, empleo, pensiones y condiciones de vida de los trabajadores del sector público. Por otro lado, pretenden reducir el presupuesto del año 2019 y, por ende, disminuir el financiamiento de programas sociales, tales como educación y otros, ya que dicho presupuesto no crecerá ni siquiera al nivel de la inflación, lo cual significa que, en términos monetarios, se mantendrá el mismo presupuesto del año 2018.
Un plan escalonado
Ese plan escalonado en contra de los trabajadores del sector público, trabajadores en general y demás sectores populares consiste en los siguientes pasos y movimientos perversos:
1) directrices y decretos administrativos.
2) Aprobación en el mes de setiembre del expediente 20.580 por parte de la Asamblea Legislativa, denominado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocido popularmente, como “combo fiscal”. Adición a ese proyecto de ley por parte del poder ejecutivo un apartado que “contempla para todo el sector público, la transformación de los actuales incentivos laborales establecido como porcentaje del salario base, a monto nominal. Esta sería una medida que coadyuve al crecimiento ordenado de la masa salarial”. Esto último, debe leerse como una reducción del conjunto de los salarios del sector público.
3) Elaboración y aprobación en el término de un año de un proyecto de ley de empleo público para que empiece a regir a partir del año 2020.
4) Propuesta de la neoliberal y derechista, Rocío Aguilar, ministra de hacienda, de un proyecto de régimen único de pensiones.
Respecto al punto de directrices y decretos administrativos, algunos de ellos representan un ataque violentísimo en contra de los salarios, los componentes salariales (pluses) y el nivel de vida de los trabajadores del sector público del gobierno central (22 ministerios y 77 órganos adscritos). Veamos.
1.a) El decreto ejecutivo, aún no publicado, establece que para los próximos doce meses (segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019) se otorgará a los empleados públicos un aumento general fijo, no porcentual, de los salarios por el monto de 3 750 colones. Supuestamente ese monto representa el porcentaje del índice de inflación del salario más bajo de la administración pública, sin embargo, la ministra de hacienda, junto a sus técnicos, hicieron magia, ya que calcularon por adelantado el IPC del semestre enero-junio de 2018 el cual aún no ha concluido. Es tanta la prisa para golpear a los trabajadores del sector público que hacen y firman directrices y decretos con fechas antes de tiempo.
Consecuencias de este decreto: Los próximos reajustes salariales, al no compensar y reconocer el índice de inflación semestrales, sino un monto fijo que será el costo de vida del salario más bajo del sector público conducirá, inevitablemente a la disminución continua y acelerada de los salarios. Esa política viola los acuerdos del año 2007 de la comisión de salarios (gobierno y sindicatos) que plantea los reajustes semestrales se otorgarán con base al índice de inflación del semestre anterior. En los hechos, esa medida es una política de salarios decrecientes, hacia la baja y anti-trabajador, lo cual va a conducir a un deterioro rápido y creciente del nivel de consumo y vida de los trabajadores del gobierno central. Es importante destacar que actualmente existe un incremento generalizados de los precios de los combustibles y, por ende, de los servicios y productos básicos y no básicos. Al no compensarse esos aumentos de los precios, los salarios se irán reduciendo semestralmente. De aplicarse esa política en los próximos cuatro años esa disminución será significativa en el nivel de consumo y de vida de los trabajadores.
1.b) La neoliberal ministra de Hacienda, Roció Aguilar, enemiga a muerte de los trabajadores del sector público, planteó que a partir del 1 de junio de 2018 “el monto que se paga por cada anualidad se mantendrá fijo, es decir, no tendrá crecimiento”.
Consecuencia de esa directriz: En el gobierno central se pagaba un porcentaje de 1,94% y 2,56% sobre el salario base al sector profesional y no profesional, respectivamente. Ahora se pagará un monto fijo y no porcentual, entonces la pérdida y disminución de los salarios será como una reacción en cadena. El valor de las anualidades, a no pagarse sobre porcentajes de los salarios bases, sino tomando como referencia la anualidad del año 2018, irá perdiendo su valor e importancia en el tiempo, hasta volverse insignificante. En palabras de la derechista y neoliberal, Rocío Aguilar: “Entonces en el siguiente ajuste usted mueve el salario base, pero no la anualidad. ¿Qué pasa con la anualidad que no se mueve? Va perdiendo importancia relativa. ¿Por qué es importante que no se mueva? Porque además de mover la anualidad ese año mueve todo el inventario de anualidades que trae cada funcionario”. (Diario La Extra, 4 de junio de 2018. Entrevista a Rocío Aguilar). Esto refleja que los ataques a los salarios y los componentes salariales de los trabajadores del sector público están fríamente calculados.
1.c) Los valores de los puntos que se otorgan por carrera profesional se mantendrán sin variación, fijo, no crecerá por costo de vida. Además, a todos los nuevos empleados públicos no se les reconocerá puntos de carrera profesional por el título que exija como requisito su puesto.
Consecuencia de esa directriz: En la misma dirección que la anterior, este componente salarial irá perdiendo poco a poco su valor, ya que se mantendrá un monto fijo, sin tomar el costo de vida y, por ende, perderá su importancia en el corto y mediano plazo. Los nuevos empleados entrarán en condiciones de desigualdad respecto a los viejos empleados, ya que no se les reconocerá puntos de carrera profesional por los títulos de bachiller y licenciado, sus salarios se verán disminuidos significativamente.
1.d) Se limitarán los porcentajes de dedicación exclusiva para los nuevos funcionarios al 10% para bachilleres y al 25% para los licenciados. Actualmente se paga el 20% y 55% respectivamente a esos profesionales. Por el momento esta directriz no se aplica a los profesionales que trabajan bajo el régimen de servicio civil Título I y II. No aplica en educación.
A todo lo anterior hay que agregarle que la política del gobierno también apunta a revisar, modificar y eliminar los incentivos laborales que nacieron por decretos ejecutivos y no por ley. Dentro de ese tipo de incentivos se encuentran muchos que existen en el sector educativo, es decir que no seguirán golpeando nuestros salarios y condiciones de vida.
En realidad, todas esas medidas drásticas y draconianas se orientan y conducen a la reducción y, eventual, eliminación de los componentes salariales.
1.e) También se denunciarán todas las convenciones colectivas para, supuestamente, eliminar las llamadas cláusulas abusivas.
1.f) Se congelan plazas en el sector público, sólo se utilizarán el 25% de 5000, o sea, 1250 plazas.
2) Expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o “combo fiscal”. Hay que recordar que pretende gravar mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA) los productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que, según la cámara de industria alimentaria, haría aumentar los precios de esos artículos de un 4% hasta un 8%. Mario Montero, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, declaro que “Esto provocará un golpe irreparable para los bolsillos de los grupos menos favorecidos y una afectación a la competitividad de la producción nacional frente al producto importado”. (La República.net, 6 de junio de 2018).
Por otro lado, ese proyecto de ley 20.580 pretende gravar los servicios de agua y luz que sobrepasen determinado consumo en c3 y kWh respectivamente, educación y salud. Todo esto, junto a las directrices y decretos y eventual aprobación de la ley de empleo público conducirá inevitablemente a un empobrecimiento y pauperización de grandes y amplios sectores de los trabajadores del sector públicos y privado, así como de los sectores populares.
- Ley de Empleo Público. Según la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, que ha brincado de puesto en puesto en el Estado (Concesiones, contralora de la República, superintendencia de entidades financieras y ahora Hacienda) con sueldos millonarios, esa ley "no debería circunscribirse únicamente al tema salarial (...) Debe incluir todo el tema de remuneraciones, de incentivos, de evaluación, de competencias, de la forma de vinculación, de la forma de desvinculación al sector público". (La Nación, 1 de junio de 2018). Esto último, de “desvinculación del sector público” es un eufemismo para la ejecución de despidos de los empleados públicos.
- Proyecto de régimen único de pensiones. La flamante y envalentonada ministra de hacienda, Rocío Aguilar, recientemente en un medio periodístico sugirió que para resolver el problema de las pensiones se debía proponer un régimen único de pensiones, lo cual llevaría a la eliminación de los diferentes regímenes de pensiones, magisterial, judicial y otros.
Expropiación y Asalto de los Salarios y Componentes Salariales
En realidad, todas esas medidas administrativas y decreto contra los salarios y pluses salariales de los trabajadores del sector público representan una confiscación y un atraco contra los trabajadores del sector público, inicialmente en el gobierno central y luego, extensiva a todos los demás empleados públicos.
Según la derechista y neoliberal ministra de hacienda, Rocío Aguilar “En términos de 10 años eso significa a precios de hoy 650.000 millones. Eso significa esa decisión de carácter administrativo”. (Diario La Extra, 4 de junio de 2018. Entrevista a Rocío Aguilar).
La Falsa Dicotomía: ¿Aceptar las Reducciones Salariales vs Recortar Programas Sociales o Despidos de Trabajadores?
Bajo el timo y política del miedo, la flamante ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dijo que las medidas salvajes que reducen los salarios y los componentes salariales de los trabajadores del gobierno central no “afectará programas sociales ni implicará despidos”. Ese falso argumento pretende engañar a los ingenuos e incautos para hacerles creer que es mejor que acepten las reducciones de sus salarios y componentes salariales a cambio de que no hayan “despidos” y “reducción de programas sociales”.
En primer lugar, hay que decir que el déficit fiscal no fue creado por los trabajadores del sector público, sino los gobiernos del PLN y del PAC, así como sus políticas para privilegiar a los sectores empresariales más dinámicos de la economía, tales como zonas francas, turismo y otros, mediante gigantescas exoneraciones fiscales y la tolerancia de la exorbitante evasión fiscal y los bajos impuestos a los grandes capitales. Entonces, deben ser estos sectores los que deben pagar el déficit fiscal, no los trabajadores y demás sectores populares.
Por tanto, no es cierto que se requiera disminuir los salarios ni recortar los programas sociales ni despedir empleados públicos para recortar o “contener” los gastos. Basta con eliminar las exoneraciones al gran capital nacional y transnacional, así como aumentar los impuestos de renta al gran capital para financiar al déficit fiscal. Cuando una periodista del diario “La Extra” le hace la pregunta a Rocío Aguilar sobre “¿Y en renta?” Esta neoliberal y derechista responde “Ahí hay más que se puede hacer. Me gustaría tener una mayor progresividad, pero no voy a escuchar los cantos de sirena cuando hay otras cosas que hacer ya”. En otras palabras, no le interesa ni a ella ni al presidente de la República tocar ni meterse con el gran capital para disminuirles sus grandes rentas y ganancias porque sencillamente ellos son los empleados que gerencian el Estado a favor del gran capital nacional y transnacional.
Por eso, tanto Carlos Alvarado y Rocío Aguilar, están contentos porque el Banco Mundial, el FMI, la OCDE y las calificadoras de riesgos aplauden sus medidas en contra de los trabajadores del sector público y, eventual, aprobación del proyecto 20.580.
Emplazamos a los dirigentes de los sindicatos, confederaciones sindicales y bloques sindicales a convocar de urgencia a una asamblea nacional sindical y popular para discutir la afectación de los salarios y nivel de vida de los trabajadores con las medidas draconianas del gobierno y votar un plan de lucha que concluya lo más rápido posible en una gran huelga nacional de carácter indefinido contra el plan de ajuste administrativo del gobierno.
¡Huelga General Indefinida Contra las Medidas del Gobierno de "Unidad Nacional"!
Emplazamos a los dirigentes de los sindicatos, confederaciones sindicales y bloques sindicales a convocar de urgencia a una asamblea nacional sindical y popular para discutir la afectación de los salarios y nivel de vida de los trabajadores con las medidas draconianas del gobierno y votar un plan de lucha escalonado que concluya lo más rápido posible en una gran huelga nacional de carácter indefinido contra el plan de ajuste administrativo del gobierno y eventual aprobación del combo fiscal.
Las dirigencias sindicales deben realizar la más amplia unidad con los sectores populares que se verán afectados con el impuesto a los productos de la canasta básicos de alimentos, del agua, la luz, educación y salud privadas. Es necesario y determinante establecer una alianza entre el sector sindical y las organizaciones populares de los barrios, distritos, cantón y provincia para poder fortalecer la lucha y el movimiento, así como poder derrotar los planes de ajustes administrativos y proyectos de leyes en contra de los trabajadores y sectores populares.
Réquiem Para La Comisión Nacional de Salarios y de sus Integrantes
¿Y la comisión nacional de salarios? ¿Ahora para qué sirve? Carlos Alvarado con un decreto de 3750 colones de miserable reajuste salarial para el segundo semestre y los próximos semestres la mandó al cesto de la basura y junto con ellas a todas las cúpulas sindicales que son integrantes de esa inservible comisión.
Parece que a este presidente de los votos prestados se siente cómodo y sonriente, iniciando su gobierno mediante decretos y, muchos de ellos, lesivos para los trabajadores del Gobierno central. Las cabezas y los salarios de los trabajadores fueron entregados a los neoliberales de la Asamblea Legislativa como un canje para que se reactivara el trámite del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que representará la segunda garroteada, ahora contra los demás empleados públicos, y contra todos los trabajadores tanto privados y públicos y sectores populares.
Mientras tanto los evasores, los exonerados fiscales y el gran capital se encuentran muertos de la risa robando y llenando sus bolsillos y cuentas bancarias.
Carlos Alvarado, presidente de la República, quien llegó a la presidencia por accidente histórico y con los votos prestados de otros partidos y por el temor de muchos por el fundamentalismo de Fabricio, está envalentonado creyendo que puede hacer lo que cree contra los trabajadores del sector público. Este tipo creo que está abusando del mandato limitado que le otorgaron los votos prestados.
Este tipo, Carlos Alvarado, junto a su derechista y archienemiga de los trabajadores del sector público, ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, pretenden aprobar en término de un año una ley de empleo público que va a desmontar todo el sistema de los salarios, incentivos y demás componentes salariales y el empleo público.
