NICARAGUA.- ELECCIONES MUNICIPALES DEL 2017: ¡OTRA VEZ LLAMAMOS A VOTAR NULO!
Este domingo 5 de noviembre del año 2017, conforme al calendario electoral, se realizarán las elecciones municipales en Nicaragua, en un ambiente marcado por la apatía y el rechazo a los partidos políticos existentes. Esta es la tercera elección municipal desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) reconquistó el gobierno en enero del 2007.
Profundos cambios antidemocráticos en el sistema electoral
En la última década, las elecciones realizadas en Nicaragua, tanto generales como municipales y regionales, han sido enturbiadas por las constantes denuncias de fraude electoral, por parte de la oposición burguesa y de algunos organismos de la llamada “sociedad civil”. Debido a que el FSLN controla todas las instituciones del Estado, resulta difícil verificar las denuncias. Pero “cuando el rio suena, piedras arrastra.” Aunque en algunos casos se trata de lamentos de una oposición burguesa dividida y derrotada, estas denuncias de fraude electoral reflejan también los cambios antidemocráticos del sistema electoral nicaragüense.
Desde 1979 hasta la fecha podemos ubicar tres periodos de cambios en el sistema electoral. El primer periodo (1979-1990) se inició con el triunfo de la insurrección popular en 1979 se destruyó el sistema bipartidista (partido liberal y partido conservador). En 1983 se aprobó la primera Ley de Partidos Políticos que reconocía el multipartidismo, lo que quedó consagrado en la Constitución de 1987. A pesar de la concentración de poder por parte del FSLN, de la guerra de agresión y de las grandes limitaciones materiales, en ese periodo la Ley Electoral fue muy generosa y respetaba la representación proporcional. Lo más democrático de este periodo fue la inclusión en la Ley Electoral de 1988 de las “candidaturas por suscripción popular”, es decir, se garantizó el derecho a que surgieran candidatos independientes, por fuera de los partidos políticos.
El segundo periodo (1990-2006) se inició en 1990, con la derrota de la revolución y la instauración del gobierno pro imperialista de Violeta Chamorro (1990-1997). Es el inicio del llamado periodo neoliberal, que duraría hasta 2016, y que significaría el retroceso y liquidación de las pocas conquistas de la revolución que quedaban en pie, y de una profunda reacción en el plano político y económico. Es el periodo de los planes de ajuste neoliberales, privatizaciones, devoluciones de propiedades y enriquecimiento de las camarillas gobernantes.
El FSLN entró de cabeza en este proceso de reacción. Como parte fundamental de la nueva burguesía, renegó de su pasado revolucionario y pudo sobrevivir. La reforma constitucional de 1995 reinstaló las mismas instituciones antidemocráticas del somocismo, al copiar párrafos enteros de la Constitución de 1974. Es el punto de inflexión y liquidación del sistema electoral relativamente democrático que existió en el periodo de la revolución. Bajo el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002), en el año 1999, se produjo el Pacto entre Daniel Ortega y el presidente Arnoldo Alemán, que permitió el reparto de las instituciones del Estado en un 50% cada uno.
La Ley Electoral del año 2000 cambió radicalmente el sistema electoral, abolió las “candidaturas por suscripción popular”, fortaleciendo el monopolio de los partidos políticos que serían los únicos que podrían presentar candidatos. Se pasó de la representación proporcional heredado de la revolución, a un nuevo sistema donde los dos partidos mayoritarios se repartían las diputaciones, las alcaldías y los gobiernos regionales autónomos. Desde entonces predomina la “media mayor”, es decir, el sistema de cociente electoral que permite que los dos partidos mayoritarios se quedan con todos los cargos, a pesar de que en la Constitución todavía existe, al menos formalmente, el principio de representación proporcional.
Como parte de este proceso reaccionario, a los partidos minoritarios se los puso frente al pelotón de fusilamiento: si no participaban en las elecciones perdían la personalidad jurídica, pero si participaban deberían sacar al menos el 4% de los votos, para seguir siendo considerado un partido político. “Si te corres te tiro, y si te paras te mato”. Y para constituir nuevos partidos se requerían juntas directivas en todos los municipios del país. Estos cambios están destinados a destruir a la competencia. Se destruyó el derecho de las minorías a organizar sus propios partidos.
Las reformas constitucionales del año 2000 y 2005 sentaron las bases de un sistema bipartidista, entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán y el FSLN. Pero la voluntad del FSLN de reconquistar el poder dislocó al naciente bipartidismo. El Pacto de 1999 suponía la alternabilidad en el poder, pero el FSLN no respetó las reglas cuando el FSLN ganó las elecciones en noviembre del 2006, aprovechando hábilmente la división del liberalismo. Una vez en el poder, el FSLN impondría su hegemonía.
El tercer periodo (2007-2017) se inició con la reconquista de la presidencia de Nicaragua por parte de Daniel Ortega. Inmediatamente se inició un proceso de centralización del poder, manipulando y jugando con los dos partidos liberales. En proceso contradictorio el FSLN logró copar todas las instituciones, incluido, por supuesto, el vital Consejo Supremo Electoral (CSE), el organismo encargado de organizar los procesos electorales.
El régimen bonapartista y el CSE
Esta centralización del poder condujo a la instauración de la hegemonía del FSLN sobre el resto de partidos, a la instauración de un régimen político en los hechos: un bonapartismo donde Daniel Ortega se convertía en el árbitro supremo de la nación. Este bonapartismo en el plano político tenía su contrapartida en el plano económico. La centralización extrema del poder era necesaria para iniciar con rapidez un proceso de acumulación originaria y extraordinaria de capital, a partir d los recursos del Estado y del manejo discrecional del convenio petrolero con Venezuela le permitió al gobierno de Ortega, contar con los recursos líquidos para montar un conglomerado de empresas y ampliar su clientela electoral. El bipartidismo ya no tenía razón de ser, se disolvió en la medida en que el PLC dejó de ser el gran competidor. Para llenar el vacío, el FSLN promovió la creación de partidos aliados que, conforme la Ley Electoral, tendría que ocupar los principales cargos dentro del CSE.
En el año 2016, en las postrimerías de las elecciones generales, el bonapartismo de Ortega llegó al extremo de destituir diputados opositores, bajo el falso argumento de “transfuguismo político”. La reforma constitucional del año 2014 introdujo la penalidad de la destitución del cargo a los “tránsfugas”, pasando por encima de la voluntad popular expresada en las elecciones. Cualquier diputado o alcalde puede ser acusado de “tránsfuga” y es destituido inmediatamente por el CSE. Las resoluciones del CSE en material electoral no pueden ser cuestionadas, según la reforma de 1995. El CSE se ha convertido en el gran elector e institución encargada de destituir a los diputados y alcaldes rebeldes. Para sostener el bonapartismo el control total del CSE pasó a ser la más grande prioridad política.
Fraude electoral y abstencionismo
Las elecciones municipales del 2008 fueron denunciadas como fraudulentas. Bajo un régimen que controla todo, hasta las denuncias de fraudes son difíciles de comprobar, pero estas denuncias, contradictoriamente, provocan un rechazo pasivo del movimiento de masas que se traducen en un incremento de la abstención electoral.
Una situación similar ocurrió con las elecciones municipales del año 2012, donde se incrementó el abstencionismo electoral. ¿Para que ir a votar si al final ya sabemos quién va a ganar?, se preguntan muchos. Esta es una expresión popular que refleja el desencanto con el sistema electoral, pero que beneficia al gobierno porque de esta manera el voto duro o cautivo del FSLN se transforma en amplia mayoría bajo un panorama de alta abstención electoral.
Reformas y contrarreformas a la Ley Electoral
La situación es tan critica que, asustados por la alta abstención durante las elecciones generales del año 2016, el gobierno del FSLN ha impulsado a última hora una seria de cambios a la Ley Electoral para supuestamente promover la participación en las elecciones municipales.
En el año 2012, una reforma a la Ley Electoral creó un padrón electoral activo y pasivo. Los partidos de oposición creyeron obtener la ansiada depuración del padrón electoral, pero el resultado fue que la escasa credibilidad en el CSE hizo crecer enormemente el padrón pasivo, al grado tal que más de un tercio de los votantes quedarían excluidos de las Junta Receptora de Votos (JRV) y, por lo tanto, sin derecho al voto en las elecciones municipales.
Recientemente, el FSLN promovió una reforma a la Ley Electoral, en sentido inverso y de carácter transitorio, con el objetivo de que, en las elecciones de noviembre del 2017, cualquier persona que haya sido trasladada al padrón pasivo pueda solicitar su inclusión en cualquier JRV, con el objetivo de garantizar el derecho al voto, con el único requisito de presentar su cedula de identidad.
Si bien es cierto que esta reforma garantiza el derecho al voto, también crea condiciones para que existe voto múltiple en las próximas elecciones. De esta manera Ortega combate la abstención electoral, pero quedando con las manos libres para manipular las votaciones, con los antecedentes de anteriores denuncias de voto múltiple a favor del partido de gobierno.
Al mismo tiempo, el gobierno de Ortega ha hecho algunas concesiones a los partidos de la oposición burguesa, dentro de los organismos electorales, para garantizar su participación ante la vigilancia de los observadores de la OEA. Estas concesiones no constituyen una real democratización, sino un burdo maquillaje. El colapso del sistema electoral antidemocrático es evidente, la falta de legitimidad y credibilidad continúa provocando el rechazo pasivo y la exclusión de la mayoría de los electores.
Las preocupaciones de la Iglesia Católica
Los Obispos en su última Carta Pastoral, con un lenguaje sibilino, lleno de ambigüedades, se pronunciaron sobre el cada vez más grave problema de la abstención electoral, llamando a participar en los comicios: “A quince días de efectuarse las próximas elecciones municipales del 5 de noviembre de 2017, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, constatamos que en su mayoría, las problemáticas en esta materia, siguen siendo las mismas que mencionamos en el Comunicado del pasado 26 de septiembre de 2012 y en el documento emitido en el diálogo con el Presidente de la República el 21 de mayo de 2014 (…) La desmoralización de un pueblo conduce a la apatía, a dejar que otros hagan, que otros decidan; nunca olviden que somos nosotros, el pueblo nicaragüense, quien tendrá la última palabra y podrá decidir el horizonte que el país deba tomar. La fuerza que trasforma una sociedad es la del pueblo que, animado por la justicia y la libertad se edifica en las virtudes del bien común, la verdad y la justicia social. Seamos actores y no espectadores (…) Cuando un pueblo cae en el pesimismo pierde el aliento de vida, corre el riesgo de ser una veleta (…) Los sueños no se hacen realidad solos, es el pueblo quien hace realidad sus sueños. No nos sentemos a esperar, hagamos realidad los sueños de una nación verdadera (…)”
La Iglesia Católica, como baluarte de la reacción, huele el peligro y comprende que esta etapa de apatía y desmoralización de las masas populares puede ser la antesala de un estallido revolucionario, y por eso llama a votar, a luchar contra el rechazo pasivo, para encausar el descontento popular por la vía de las elecciones creíbles, y no por la vía revolucionaria, como ocurrió en 1979. Su crítica al gobierno sandinista se resume en pocas palabras: “vuelvan a un sistema electoral creíble”.
Los acuerdos con la OEA y las presiones de la Nica Act
A pesar de que, a mediados del 2016, Daniel Ortega dijo, en el Congreso del FSLN, que no habría nunca más observación electoral extranjera, a inicios del 2017 firmó con la Organización de Estados Americanos (OEA) un acuerdo para perfeccionar la democracia y el sistema electoral, el que deberá cumplirse en un espacio de tiempo de 3 0 4 años y cuya finalización coincide con las elecciones generales del año del 2021.
Mientras tanto, en el año 2016 y 2017, en el Congreso de los Estados Unidos, los sectores más derechistas de los partidos Republicano y Demócrata han impulsado en dos ocasiones el proyecto de ley conocido como Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), conocido como NICA ACT, con el objetivo de presionar al presidente Daniel Ortega a desmontar el régimen bonapartista, y democratizar un poco las instituciones del Estado.
Pero esta vital necesidad de democratizar realmente a la sociedad nicaragüense jamás será obra de la injerencia de la OEA o del Congreso de los Estados Unidos. Solo los trabajadores y las masas populares pueden derrotar el régimen bonapartista y conquistar las necesarias libertades democráticas que se requieren para movilizarse, luchar y vencer.
No hay por quién votar
En este contexto de presiones imperialistas, por un lado, y de enorme rechazo pasivo que se manifestó en la altísima abstención electoral durante las elecciones generales del 2016, es que se van a realizar las elecciones municipales del 5 de noviembre del 2017.
La campaña electoral ha sido nuevamente insípida, plagada de promesas increíbles e irrealizables por todos los candidatos que participan, incluidos los del gobernante FSLN. Desde el año 2000, cuando los partidos de izquierda fueron ilegalizados, los trabajadores y los sectores de izquierda por fuera del FSLN, no hemos tenido la más mínima oportunidad de participar en elecciones. En el fondo, la izquierda ha sido proscrita por las reformas constitucionales y de la Ley Electoral. Los trabajadores tampoco pueden presentar sus propios candidatos, debido a que fueron derogadas las asociaciones de suscripción popular. Otra vez debemos afirmar categóricamente que no hay por quién votar. Los partidos que se presentan a las elecciones tienen programas que defienden el statu quo y el sistema capitalista.
Llamamos al voto nulo
El sistema electoral en Nicaragua ha colapsado, en la medida en que la mayoría de la población desconfía abiertamente del CSE y siente que votar ya no tiene sentido. Esta desconfianza sigue siendo pasiva, individual, molecular. Necesitamos convertir el rechazo pasivo en rechazo activo. Por eso, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a votar nulo en las próximas elecciones municipales. No permitamos que nuestro voto sea usado por otras personas. Si la papeleta queda en blanco, puede ser llenada por los representantes de los partidos en las JRV. Que el gobierno de Daniel Ortega cuente nuestro rechazo activo al actual sistema electoral antidemocrático
Hemos retrocedido a niveles increíbles. Estamos viviendo una situación similar a la que vivimos en la época de lucha contra el somocismo, cuando nos fue arrebatado el derecho de elegir y ser elegido. La lucha por la democratización del sistema electoral solo puede ser librado de manera consecuente por los trabajadores y la izquierda, repudiando al gobierno de Ortega, repudiando a los partidos de la oposición burguesa, y creando nuestra propia alternativa política independiente.
Centroamérica, 31 de octubre del 2017
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)
