Por Armando Tezucún
Este año el movimiento indígena y campesino ha sido uno de los principales protagonistas de las luchas populares en Guatemala. La orientación de las inversiones de los grupos de poder de la burguesía hacia la agroindustria, monocultivos, producción de energía eléctrica y minería ha agudizado la situación estructural de pobreza y marginación en el campo, a lo que se ha añadido el daño causado por estas empresas a los recursos naturales utilizados por la población.
Desde la marcha de nueve días realizada en marzo, las diferentes organizaciones campesinas e indígenas tenazmente se han movilizado una y otra vez para reclamar al gobierno la solución de los graves problemas que enfrentan los pobladores. El presidente Pérez Molina y sus funcionarios, en un afán por contener la oleada de luchas han tratado de desviarlas hacia procesos de diálogos que no han llevado a ningún resultado, haciendo promesas que son incapaces de cumplir.
Los acontecimientos de octubre pasado (la masacre del 4 y las multitudinarias movilizaciones del 12, 20 y 23) dieron paso al inicio del diálogo entre el gobierno y los dirigentes de los 48 cantones de Totonicapán, que hasta la fecha no ha dado frutos. El martes 20, alrededor de cinco mil campesinos indígenas realizaron en la capital una manifestación para insistir en las demandas que han venido planteando durante meses.
La marcha fue organizada por la Coordinadora de Organizaciones Campesinas (CNOC), que aglutina entre otros grupos al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y la Coordinadora Campesina Kab´ Awil. Después de recorrer la ciudad a partir de tres puntos diferentes, los compañeros entregaron en el Congreso de la República y en la Casa Presidencial un pliego de peticiones.
La CNOC realizó una marcha el 12 de abril para exigir la resolución de un pliego petitorio de 16 puntos, pero sin ningún resultado. La negativa del gobierno a solucionar las demandas llevó a que realizara un bloqueo de carreteras el 8 de agosto reclamando básicamente las mismas peticiones. Es ante la testarudez del gobierno, que ha dado como única respuesta la criminalización de las protestas populares, que los compañeros volvieron a tomar las calles.
El petitorio entregado al Congreso incluye la discusión de una iniciativa de ley de Nacionalización de la energía eléctrica; la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, que a pesar de que ya recibió un dictamen favorable en el Congreso desde 2009, este año los diputados la volvieron a someter a discusión con representantes de los terratenientes y burgueses en un intento de tergiversarla; la solicitud de un subsidio de Q 300 millones para beneficiar a 100 mil pequeños agricultores sin tierra; la solución de la deuda agraria de 14,820 familias beneficiarias del Fondo de Tierras mediante un subsidio de Q 333 millones; la aprobación de un presupuesto de Q 300 millones para el Programa Nacional de Resarcimiento de la víctimas del conflicto armado; el cese de la criminalización de la resistencia del movimiento indígena y campesino; la no aprobación de la propuesta de reformas a la Constitución hecha por el gobierno. Respecto al este último punto, cabe mencionar que ante la oposición de numerosas organizaciones populares y de la misma empresa privada organizada en el Cacif, Pérez Molina tomó como excusa la emergencia del terremoto del 7 de noviembre para postergar por 6 meses la discusión de la propuesta. Nosotros proponemos que se suspenda la propuesta del gobierno y se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente con representantes de las organizaciones populares que discuta y solucione los problemas del país a favor de las mayorías empobrecidas.
El comisionado del gobierno para el diálogo anunció que 27 de noviembre se reunirá el presidente con los representantes de la CNOC para discutir las peticiones. La marcha tuvo el apoyo del Comité de Unidad Campesina, cuyo dirigente Daniel Pascual declaró con respecto a la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural: “No solo es que conozcan la iniciativa, queremos que se apruebe de urgencia nacional, porque no se han cumplido los ofrecimientos y la ley de desarrollo rural estaba en agenda y fue sacada para aprobar otras leyes, a nuestro juicio, menos importantes” (Prensa Libre 21/11/12).
El gobierno pretende llevar a un callejón sin salida las justas demandas de los compañeros campesinos indígenas recurriendo a un nuevo diálogo que de antemano sabemos que será infructuoso. Llamamos a las organizaciones campesinas e indígenas a estar en movilización permanente para obligar al gobierno solucionar las demandas presentadas. La unidad que se forjó en las protestas de octubre es clave para lograr una presión efectiva.
