Junta Monetaria del BANGUAT

Por Armando Tezucún

En las últimas semanas, el tema de la emisión de bonos del tesoro destinados al pago de una deuda flotante con empresas constructoras que el Estado arrastra desde hace varios años, ha enfrentado al gobierno con los partidos políticos de oposición y con sectores de la burguesía.

Esta deuda consiste en pagos pendientes de contratos por obras de infraestructura que los gobiernos de Óscar Berger (2004-2007) y Álvaro Colom (2008-2011) firmaron sin que tuvieran un respaldo presupuestario para que fueran cancelados.

Durante el gobierno pasado y el actual se hicieron estudios y auditorías para determinar el cumplimiento de las obras por parte de las empresas, depurando la deuda. A finales de 2012 el gobierno de Pérez Molina reconoció la obligación de cancelar Q 3,500 millones. Sin embargo, el pago no fue incluido en el presupuesto de este año, por lo que se debe solicitar al Congreso la aprobación de los bonos para cumplir con la deuda.

La necesidad de un nuevo endeudamiento llega en mal momento. El gobierno está atravesando una aguda crisis fiscal; la recaudación de impuestos durante el primer semestre se situó aproximadamente Q 1,400 millones por debajo de lo esperado por la Superintendencia de Administración Tributaria. A esto se suma que el Congreso no ha aprobado dos préstamos por Q 3,500 millones que estaban contemplados en el presupuesto, lo que está provocando un hoy fiscal considerable.

Pese a todo, el 5 de julio el Ministerio de Finanzas envió a la Secretaría de la Junta Monetaria la solicitud para que emitiera una opinión sobre la emisión de Q 3,445 millones en bonos del tesoro destinado al pago de las obras mencionadas.

Las organizaciones de la burguesía tuvieron opiniones encontradas. Las cámaras de Comercio, Industria y la del Agro manifestaron su oposición a la emisión de bonos, argumentando que no es correcto emitir deuda para pagar otra deuda y que se incrementará la deuda pública del país. La Cámara de la Construcción, cuyos asociados han esperado ya varios años que se les pague lo adeudado, lógicamente se pronunció a favor. El comité que coordina todas las cámaras empresariales, el Cacif, tuvo una postura conciliadora, afirmando que el Estado debe pagar toda deuda con las empresas que hayan sido auditadas y hayan cumplido, pero sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país, y que los pagos deben ser transparentes y fiscalizados (Prensa Libre 10/07/13).

El 10 de julio la Junta Monetaria emitió una opinión favorable a la emisión de los bonos. Pero la decisión, de acuerdo al presidente del Banco de Guatemala Edgar Barquín, fue solamente en cuanto a los aspectos monetarios, y fue condicionada a que el Congreso no puede aprobar más deuda si el ejecutivo no contiene el gasto, y que si los bonos se utilizan para pagar deuda, ésta debe tener el respaldo legal. Barquín aseguró que según la propuesta que envió el Ministerio de Finanzas a la Junta Monetaria, los bonos servirían para inversión pública y no para el pago de deuda, que dependía del congreso el destino que se daría a los fondos.

En este punto los funcionarios del gobierno empezaron a contradecirse. Mientras el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, anunció que la totalidad de los bonos serviría para pagar la deuda flotante argumentando que es un compromiso de Estado, el presidente Pérez Molina declaró que sólo se destinarían Q 2,000 millones al pago de dicha deuda, y que el resto servirá para obras de infraestructura rural programadas por los alcaldes.

El gobierno tiene aún que resolver la parte más difícil: que el Congreso apruebe la emisión de bonos. El partido Patriota necesita reunir 105 votos para interrumpir la eterna interpelación al ministro de cultura que llevan a cabo diputados de Lider, para que se puedan votar las Leyes de Transparencia y después los bonos. La última sesión del Congreso del 25 de julio fue un fracaso para la bancada oficial en este sentido.

Si los bonos son aprobados, la deuda interna y externa del país llegaría a Q 107,173 millones, el 27% del Producto Interno Bruto. Los funcionarios de finanzas prometen hacer malabares para ajustar el presupuesto y los gastos. Es a todas luces muy aventurado e irresponsable asumir nuevo endeudamiento en momentos de grave crisis fiscal del gobierno y de estancamiento de la economía. Creemos que el gobierno debe desconocer a deuda flotante con los empresarios de la construcción, que muchos analistas opinan que es ilegal. Reiteramos una vez más que para solucionar su problema fiscal el gobierno debe eliminar las exoneraciones y privilegios que gozan muchas empresas, incrementar las regalías a las empresas mineras y aplicar impuestos directos a las ganancias de los empresarios. El capitalismo es el causante de la actual crisis, que los capitalistas la paguen.