Por Armando Tezucún
La política de combate a la corrupción, impulsada por Estados Unidos como parte fundamental del Plan Alianza Para la Prosperidad, se encuentra en una coyuntura compleja, pues los diversos sectores que han sido afectados por la misma, se muestran cada vez más decididos a impedir que los cambios continúen avanzando.
El bando de las fuerzas que buscan las reformas al sistema político y de justicia, es encabezado por el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y la jefa del Ministerio Público (MP), la fiscal general Thelma Aldana; a ellos se suman otros funcionarios como el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria y el Procurador de los Derechos Humanos, y los respaldan una serie de organizaciones de la “sociedad civil”, ongs de derechos humanos, algunos medios escritos y digitales, grupos de centro izquierda y hasta organizaciones populares sin una visión clara sobre el tema. Todos ellos bajo el ala protectora del embajador de los Estados Unidos Todd Robinson.
En el otro bando se encuentran actores que se plantean bloquear las reformas a la Constitución y otras leyes, restaurar o proteger privilegios que han servido para el enriquecimiento ilícito a costa de las arcas del Estado, impedir el avance de los procesos contra funcionarios enjuiciados por corrupción, etc. Aquí encontramos a la bancada del partido oficial Frente de Convergencia Nacional, y sus bancadas aliadas, la empresa que controla la televisión abierta, grupos de empresarios, los exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota encarcelados, la Fundación Contra el Terrorismo, y otras fuerzas de extrema derecha.
Y es que las acciones contra la corrupción han tocado intereses que antes parecían intocables. Casi una treintena de diputados se encuentran acusados y bajo solicitud de antejuicio. Otros más, exdiputados, exalcaldes o alcaldes, han sido alcanzados por la campaña de la CICIG y el MP. La mayor parte de los altos funcionarios del gobierno patriota, jueces, magistrados, empresarios y ejecutivos bancarios han sido acusados y la mayoría guardan prisión preventiva. La mano derecha del presidente Morales y pieza clave en del FCN en el Congreso, Edgar Ovalle, se encuentra prófugo al habérsele levantado el derecho de antejuicio por su participación en masacres durante el conflicto armado interno. El hermano y el hijo de Morales estuvieron en prisión y están bajo acusación de haber participado en una red ilícita en el Registro Nacional de las Personas.
A pesar de que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos (ambos partidos) han manifestado explícitamente su apoyo a los funcionarios de la CICIG y el MP, y obviamente al embajador Robinson, las fuerzas conservadoras han implementado acciones en contra de éstos: campañas de desprestigio en las redes sociales, viajes a Estados Unidos de representaciones que tratan de hacer lobby contra Aldana y Velásquez. La acción más reciente fue la carta que envió el colaborador presidencial en el tema de migrantes en Estados Unidos, Marvin Mérida, al senador republicano Michael Lee, acusando al embajador Robinson de intervenir en los asuntos internos de Guatemala. A pesar de que el presidente Morales se había referido a Mérida como “su amigo”, tanto él como la cancillería negaron su participación en la carta, y el funcionario fue destituido.
En este caso, como en otros, el presidente, así como el empresariado guatemalteco, ha actuado con doble cara, manifestando su apoyo al MP y la CICIG, pero maniobrando bajo la mesa para buscar su desprestigio y destitución. Esto ha sido claro en el tema de las reformas constitucionales al sector justicia, presentado por las instituciones arriba mencionadas y la Procuraduría de los Derechos Humanos, mediante un proceso de diálogo abierto que duró varios meses, con el aval de los poderes ejecutivo y legislativo. Sin embargo, ha sido la bancada del partido del presidente, el FCN, y sus aliados, quienes más se han opuesto a los puntos más significativos de las reformas.
El Partido Socialista Centroamericano rechaza totalmente la injerencia del imperialismo estadounidense en Guatemala, que ahora busca reformar el funcionamiento del Estado para su propio beneficio, utilizando instancias como el MP y la CICIG. Sostenemos que el combate a la corrupción, inherente al Estado burgués, debe ser liderado por las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares, sin ninguna intervención del empresariado ni sus representantes. Los funcionarios corruptos deben ser extirpados de las instituciones, y el Estado debe ser completamente trasformado mediante una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional de los Trabajadores y los Pueblos, en beneficio de las mayorías oprimidas y explotadas.
