GUATEMALA.- La masacre del “Hogar Virgen de la Asunción” y la impunidad de los altos cargos

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Por Leonardo Ixim

La tragedia ocurrida el 8 de marzo contra adolescentes en el Hogar Virgen de la Asunción, a cargo de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, a quienes el Estado tendría que haber resguardado, provocó la muerte de 41 menores y heridas a otras 15 por el incendio que se produjo en un salón donde 56 jóvenes estaban encerradas bajo llave.

Un crimen de Estado

Pero este siniestro solo es el reflejo de una serie de contrariedades en detrimento de los derechos humanos básicos, en tanto niños y adolescentes de ese centro, que inicia en 2013. Esto debido a la negligencia de este, por mantener una institución que distintos órganos jurisdiccionales habían decretado su cierre, pero ni los jueces ni los agentes del Ministerio Publico, presionaron para que se cumpliera sus resoluciones.

Es más, según Unicef las características de este no cumplían las condiciones para mantener a jóvenes, pues además de su tamaño que era desproporcionado y las orientaciones indican, centros pequeños para mantener un cuidado personalizado. Otra de las denuncias, fue que el régimen interno era más parecido a una cárcel, que a un hogar de protección de jóvenes que huyen de distintas manifestaciones de violencia.

Al momento del crimen, el sindicato de trabajadores de la institución se puso a orden del Ministerio Publico (MP), porque un primer momento se quería desviar la atención señalando a los trabajadores de planta, como responsabilidades. Sin embargo, las investigaciones del MP apuntaron al titular de la Secretaria de Bienestar Social (SBS) Carlos Antonio Rodas Mejía, Anahy Keller Zabala subsecretaria de protección y acogimiento de esta instancia, quien ha sido cercana al presidente, pues había sido productora de los programas de televisión donde este actúo, sin ninguna experiencia en estos cargos y al director del hogar Santos Torres Ramírez: todos ligados a proceso penal.

El 12 de junio el MP realizo otras capturas, a la defensora de la Niñez y adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) Gloria Castro, también capturó al subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC), Luis Armando Pérez Borja y a la subinspectora de la entidad policial, Lucianda Eva Marina Marroquín. Flores y Castro son señalados de cometer homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes; siendo el caso de la funcionara de la PDH por desatender sus obligaciones. Mientras que el caso de la subinspectora de la PNC, se le señala además de tener la llave y de negarse abrir el cuarto donde estaba recluidas las niñas (La Hora 12-06-17). Esta información fue confirmada por los testimonios posteriores de testigos.

Al subcomisario Pérez Borja, la Fiscalía le imputa los delitos de abuso de autoridad y de maltrato contra personas menores de edad. Posteriormente se dieron otras capturas, la de Harold Augusto Flores Valenzuela, encargado de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Brenda Julissa Chamam Pacay, 42, jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas de la PGN, esta entidad está encargada de velar por los menores de edad, por tanto, hubo incumplimiento de funciones. Además, el MP presentó una solicitud de antejuicio en contra de la Jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez, por no practicar una exhibición personal que debía haber hecho horas antes de que ocurriera el incendio en el hogar seguro (Prensa Libre 12-06-17). Situación que la Dirección de Disciplina Interna del Organismo judicial no resuelve aún.

Ese mismo día, los diputados de la bancada de Convergencia Sandra Moran y Leocadio Juracan, presentaron ante el MP una solicitud de antejuicio al presidente por los delitos de ejecución extrajudicial, abuso de autoridad, tortura e incumpliendo de funciones, la cual por oficio el MP la traspaso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Recientemente esta considero in limine -de entrada- considerándola espuria, por su contenido político que en efecto lo tiene, siendo correcta la acción política de Convergencia.

Por tanto, la CSJ en clara impunidad, prefigurando sus intereses políticos -recordemos que estos fueron designados con el aval de los extintos partidos Lider y PP- buscar la relección de sus cargos ahora con el apoyo del FCN y las bancadas de derecha, bajo el sistema de postuladoras a jueces y magistrados.

El proceso que se sigue en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, el subcomisionario Pérez Borja señalo que los representantes de la PGN, PDH, SBS solicitaron ayuda policial, la cual en un primer momento el jefe policial de la comisaría 13 Wilson López informo que no tenía la capacidad, ni era su función intervenir. Perez Borja, además mencionó que ante esto, llego un asesor del presidente de nombre Carlos Beltetón de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), que comunicó al comisario con el presidente, mandando a López el envío de policías (La Hora 22-05-17). Por tanto, se evidencia que si bien, no puede existir una orden directa de parte del presidente de no dejar salir a las jovenes, por omisión y negligencia si existe responsabilidad.

El 24 de junio el juez a su cargo, ligo a proceso a Gloria Castro funcionaria de la PDH y Augusto Flores de la PGN quienes permanecerán bajo arresto domiciliar. Brenda Chaman de la SBS, la subinspectora Lucinda Marroquin y el subcomisario Pérez Borja fueron enviados a prisión preventiva (La Hora 24-05-17).

La inculpación del presidente, del jefe de la PNC, del ministro de gobernación, de la jerarca de la PGN y posiblemente del actual titular de la PDH -quien está por terminar su mandato- es un proceso que el MP tiene la obligación de llevar a cabo. El MP por su parte también tiene responsabilidades si bien no en el incendio si en la poca fuerza que se ha llevado en las denuncias de maltrato a menores previamente.

Sin embargo, este hecho, más los recientes episodios de represión contra comunidades en el Estor, Laguna del Tigre, recientemente en Santa Rosa y el asesinato de un trabajador en Coatepeque, nos obliga a organizarnos para exigir la renuncia de este gobierno en pleno.

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