Por Maximiliano Fuentes
A casi dos meses de celebrarse las elecciones generales que definirán los nuevos funcionarios del Estado de Honduras, el candidato nacionalista y actual Presidente de la cámara legislativa, Juan Orlando Hernández, junto al Presidente Porfirio Lobo, también miembro de su partido, anunciaron la creación de la Policía Militar. Es evidente que el propósito de tal anuncio persigue un objetivo estrictamente político, en cuanto intenta presentar como un logro el nuevo cuerpo de elementos policiales altamente calificados y equipados, para recuperar parte del prestigio perdido ante la mala gestión administrativa del gobierno nacionalista. Aunque las críticas se han hecho sentir, dado que en Honduras, un país de amplia tradición en violaciones de derechos, las Fuerzas Militares realizan las labores de la Policía Nacional.
Pese a las intenciones oscuras del candidato presidencial, una buena parte de la población percibe de buena forma la creación de la Policía Militar, dado que la Policía Nacional goza de un enorme desprestigio producto de la vinculación de algunos de sus elementos con el crimen organizado y el narcotráfico. Son varios los casos en que se vincula a elementos de la policía con una diversidad de delitos como asesinato, extorsión, asalto, secuestro y sicariato. Por si lo anterior fuera poco, la ola de criminalidad que azota a la sociedad hondureña ha aumentado de forma estrepitosa en los últimos años, sometiendo a los trabajadores a bandas de extorsionadores y de criminales comunes. Es lícito señalar que las políticas del Estado burgués han fracasado casi en su totalidad porque son cosméticas y no resuelven los problemas centrales: las enormes contradicciones y la desigualdad tejida por el sistema capitalista.
La administración central ha modificado en diversas ocasiones la alta jerarquía policial, así como a los distintos ministros de seguridad; no obstante los resultados obtenidos han sido los mismos. “En los tres años de gestión del presidente Porfirio Lobo han muerto 20,513 personas de forma violenta. Solo en 2012 las muertes por agresión fueron 7,172, según Observatorio de la Violencia. Los números no engañan: La tasa de homicidios de 2012 fue de 85.5 por cada 100 mil habitantes, ínfimamente menor a la tasa de 2011 que se contabilizó en 86.5 por cada 100 mil habitantes.” (elheraldo.hn con acceso el 21/09/2013).
La creación de la Policía Militar y sus verdaderas funciones
Los argumentos de los funcionarios del Estado, así como los del candidato nacionalista Juan Orlando Hernández se dirigen a fundamentar que con la creación de la Policía Militar se busca la eficiencia de la seguridad, que las investigaciones sean más efectivas y que disminuyan los índices delictivos del país. Sin embargo, este nuevo cuerpo policial se encuentra altamente equipado y entrenado para la intervención en conflictos sociales; entre el costoso equipo con el que cuentan se encuentran bombas lacrimógenas, escudos y cascos blindados, macanas, protectoras de piernas, gafas protectoras.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por distintas fuentes de información, el equipo tiene un costo aproximado de $10.000 por cada elemento. Lo que tiene un costo para las finanzas públicas de diez millones de dólares americanos -unos doscientos millones de Lempiras-. Esto está siendo financiado, de acuerdo con Oscar Alberto Martínez, asesor de seguridad y especialista en control de riesgos, con la Tasa de Seguridad. De acuerdo a sus declaraciones los fondos de la Tasa de Seguridad son suficientes para mantener la PM y abastecer de logística a los grupos que patrullarán las calles en las diferentes ciudades del territorio nacional.
Aumenta el aparato represivo
De acuerdo a la indumentaria, es evidente que este cuerpo de policías militares está siendo entrenado para desarticulas protestas y movilizaciones de los trabajadores de Honduras, y no necesariamente para combatir la delincuencia común y el crimen organizado.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado de alerta a los organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, gremiales, campesinas y populares a vigilar de forma sigilosa la estructuración de este nuevo aparato represivo y a emprender cualquier acción en aras de salvaguardar y proteger los derechos de libre sindicalización, organización y movilización. Basta revisar la historia política reciente, para lograr comprender el verdadero propósito de esta estructura del aparato represivo del Estado burgués, que desde luego es la de, a través del uso de la fuerza, salvaguardar y garantizar la perpetuación de la hegemonía de la burguesía y oligarquía hondureña.
