Por José Ángel Troglio

El pasado 30 de septiembre, en una operación bien montada, al estilo de las mafias que actúan en las producciones cinematográficas Hollywoodenses, se realizó un atraco contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) María Luisa Ramos. La profesional del derecho, quien funge como magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal, es la encargada de llevar el caso Berta Cáceres para pronunciar el fallo contra los seis capturados que se les vincula como autores materiales del asesinato, entre ellos figura un militar activo de las Fuerzas Armadas y dos empleados de la empresa DESA.

Ese día, Ramos llevaba el expediente de Cáceres para estudiarlo y redactar en su vivienda las sentencias para los imputados. La magistrada fue despojada de su vehículo por cuatro malhechores que pistola en mano le obligaron a entregar su automóvil. En el interior del automotor, se hallaba el expediente investigativo sobre el asesinato de Berta, ahí se encontraba toda la información de los autores materiales e intelectuales que habrían participado, planificado y ordenado el crimen contra la dirigente popular. El incidente ha causado enorme malestar en la comunidad internacional y en el pueblo hondureño. La reacción no se hizo esperar, la mayoría de los sectores interesados en que se esclarezca de una sola vez el caso Berta Cáceres y se castigue a los responsables materiales e intelectuales, coinciden que la forma en que se dieron los hechos da mucho qué pensar, la acción causa enorme suspicacia.

Es inconcebible que el expediente original sea sustraído de las oficinas del Poder Judicial para ser revisado fuera del recinto, cuando todo funcionario que desee tener acceso a documentación delicada, la CSJ le puede proporcionar una copia certificada, en este caso se arriesgó una información tan sensible de un asesinato de enorme impacto nacional e internacional, lo cual, el Estado es el responsable de tal acto por su negligencia. El otro punto es que todo magistrado tiene resguardo policial o protección privada, en vista de los tantos asesinatos cometidos contra muchos profesionales del derecho, estos han solicitado seguridad al Estado de Honduras, entonces no se explica cómo una magistrada puede andar con tanta tranquilidad con un documento que contiene información tan sensible.

Esto refleja la enorme vulnerabilidad del sistema judicial hondureño, la credibilidad de esta institución está por los suelos, existe una podredumbre al interno de esta entidad, donde jueces y magistrados bailan al son que tocan las élites políticas y económicas, este poder del Estado ha sido manejado a su antojo por estructuras criminales conformadas por políticos, empresarios, cúpulas policiales y militares, de ahí se explica la enorme mora judicial y el aumento estrepitoso de la impunidad.

La CSJ solo resuelve un diez por ciento de todos los casos que llegan a esta entidad, un noventa por ciento queda en el olvido. Si nos referimos a temas emblemáticos de corrupción y casos de impacto nacional e internacional, donde se ven involucradas estas estructuras criminales, ocurre frecuentemente la estrategia de dilatar los procesos, luego se engavetan y olvidan; por eso, en Honduras no es casualidad que se dé este tipo de casos tan insólitos, donde se pretende jugar con la inteligencia de las personas y se procura “dar atol con el dedo”, así han ocurrido casos como el avión que fue decomisado por narcotráfico y que misteriosamente desapareció de las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, frente a las barbas de los altos oficiales. También el desaparecimiento por arte de magia de las armas que estaban almacenadas en las bodegas del Ministerio Público, producto de fuertes decomiso, así también de droga y dólares. Jamás se ha investigado y capturado a los dueños de los territorios donde están ubicadas las narcopistas o los cargamentos de droga que van escamoteados en contenedores y va dirigido claramente para determinada empresa. Los asesinatos de líderes campesinos, obreros, estudiantes y de otros luchadores populares, jamás se han esclarecido, buscado y castigado a los autores materiales e intelectuales, hasta el momento seguimos esperando el esclarecimiento de la muerte de nuestro compañero Manuel Flores Arguijo, asesinado en su centro de trabajo, quien laboraba como docente de una institución de educación secundaria en la capital hondureña.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se une a la lucha para que el crimen de la compañera Berta Cáceres no quede en la impunidad, llama a todos los sectores para exigir que sean castigados todos los autores materiales e intelectuales de cada crimen, El Estado debe responder por cada acto vil que cometen estas cúpulas de poder infiltradas en los distintos organismos del Estado.