Por Josefina Arguello
Desde su aprobación el 22 de junio del 2012, La ley 779 tenía el epílogo de una crónica de muerte anunciada. Se discutió hasta el cansancio la ley en foros de género, en los medios de comunicación establecieron una guerra mediática a favor y en contra de la ley, siempre se predijo y se anunció que la penalización o tipificación del feminicidio no detendría la agresión contra las mujeres.
Las denuncias han aumentado, las comisarías de las mujeres han justificado su trabajo, las feministas han creado una especie de observatorio de la violencia, fue férreo el reclamo de los movimientos feministas de no aceptar el trámite de mediación, tal como la reforma de la ley lo estableció en septiembre del 2013. Muchas muertes se hubiesen evitado, si este trámite de mediación no hubiese sido la punta de lanza en contra de las mujeres.
Como era de esperarse, continúan los feminicidios
En los primeros meses del año 2014, son más 40 mujeres las que sucumbieron ante la agresión masculina. Según los reportes del movimiento feminista estas cifras aumentaron en relación al 2013 y pueden ser más entre las que se registran golpeadas, violadas, y esto incluye niñas, mujeres y LGTB.
Este oscuro panorama pudo evitarse si realmente la Sociedad Civil, la Iglesia y el Estado buscaran con verdadera voluntad recursos para una campaña sostenida para re-educar a hombres y mujeres y disminuir la violencia.
En todo este drama las mujeres han sido re victimizadas, primero por los procesos judiciales a los que la víctima tiene que enfrentarse para denunciar al agresor, luego como es abordada en los medios de comunicación, sobre todo un medio oficialista radial, que a manera de teatro de lo absurdo relata con lenguaje soez y agresivo las noticias donde una mujer, niña, anciana o LGTB resultan implicados.
El sistema capitalista reproduce la violencia contra las mujeres
La agresión a las mujeres es una cultura generalizada sobre el poder. El poder que los hombres mal entienden tener y les hace creer que son una especie de semidiós que decide en que momento concluir la vida de una fémina. Esta cultura se alimenta además, de las pocas oportunidades que tiene la mujer de independencia económica, educativa, emocional. Siendo el empoderamiento emocional el más importante de todos.
Muchas mujeres, que han tenido la oportunidad de estudiar y tener sus propios ingresos, sufren violencia doméstica de tipo sicológico y físico por parte de sus agresores, muchas veces bajo la figura del esposo, jefe, colega de trabajo, padre, hermano, familia. También un reciente estudio sobre oportunidades laborales, las mujeres a pesar de estar igual o más calificadas que los hombres, salarialmente no tienen los mismos ingresos, poniéndolas en una situación desventajosa y duplican los esfuerzos que las mujeres deben hacer para ganarse espacios de equidad laboral. Todavía las mujeres trabajadoras tiene doble jornada, y la participación de los hombres en las tareas domésticas no son muy alentadoras.
El fracaso rotundo de la ley, es que no hubo un proceso de educación y no lo hay hasta la fecha. Los movimientos feministas, cada vez cuentan con raquíticas partidas presupuestarias, no tienen la suficiente capacidad de hacer una campaña masiva y constante para erradicar esta tragedia que va en aumento.
Silencio total del gobierno.
La declaración abierta del Estado como un estado Cristiano, no ha favorecido que las víctimas de violencia puedan tener la oportunidad de un juicio justo. El movimiento de mujeres católicas señala con nombres y apellidos, sacerdotes que están señalados de cometer abuso sexual contra menores y que el alto clero los encubre amparados también por Estado.
La Policía Nacional, a través de la Comisaría de la Mujer, es la única instancia gubernamental que hace declaraciones sobre las víctimas que han sufrido feminicidio. No obstante no llevan una estadística especializada que pueda consultarse desde su página web.
El Instituto de la Mujer, que ha sufrido constantes cambios de dirección, es un Ministerio decorativo que solo registra los gloriosos avances que ha tenido el gobierno para reivindicar el famoso 50 % de la participación de la mujer en los diferentes poderes del Estado, no se lleva un registro de los abusos cometidos contra las mujeres. Ni se conoce que están haciendo al respecto.
En este sentido, los movimientos feministas y las organizaciones civiles son quienes asumen el ausente papel del Estado, quien tiene como presidente a un hombre acusado ante la Corte Interamericana de Justicia por supuesta violación a su hijastra Zoylamérica Ortega, la que exactamente hace un año sufriera un atropello más por parte de la pareja presidencial, la deportación de su esposo el boliviano Carlos Ariñez, cuando estos se sumaron a la protesta de los ancianos que pedían la pensión mínima.
Las mujeres siguen siendo víctimas de todo tipo de violencia, en el hogar y en la sociedad. La desigualdad, la dependencia económica, la impunidad ante los delitos, la falta de eco de las Instituciones para detener los abusos de poder que son el triángulo de las Bermudas donde se pierden todos los derechos de las mujeres.
