Por Victoriano Sánchez
Las sanciones que, casi en la navidad del 2017, el departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), no fue un regalo de Santa Claus, sino más bien una “muerte anunciada”.
La sanción del gobierno de Estados Unidos se ampara en un decreto ejecutivo firmado por Donald Trump, basado en una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2016, con efectos extra territoriales, conocida como “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act” o “Ley Magnistky”, con el objetivo de combatir la corrupción y castigar a los violadores de derechos humanos. Aunque no hay orden de captura internacional, la sanción consiste en el congelamiento de activos en suelo norteamericano, y en la prohibición a las empresas y bancos norteamericanos a realizar cualquier tipo de transacción bursátil o financiera con los sancionados.
Aquí es donde la Ley Magnistky adquiere una naturaleza extraterritorial, debido al hecho que todos los bancos del mundo tienen relaciones comerciales o corresponsalía con los bancos norteamericanos.
Entre las 39 personas mencionadas y sancionadas por el departamento del Tesoro de Estados Unidos, estaba, nada mas y nada menos, que Roberto Rivas, a quien acusa que “como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, recibiendo un salario gubernamental de $ 60,000 por año, Roberto José Rivas Reyes (Rivas) ha sido acusado en la prensa de acumular una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate. Rivas ha sido descrito por un Contralor General de Nicaragua como "por encima de la ley", y las investigaciones sobre su corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense. También ha perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua”. (https://www.state.gov)
Cualquier medida que apoye efectivamente la lucha contra la corrupción es loable y bienvenida, pero, apartando las emociones y antipatías contra Roberto Rivas, no podemos quedar callados ante el hecho que las principales corporaciones transnacionales, en su mayoría son norteamericanas o con capital norteamericano, son la fuente de la corrupción. Ellas son las que compran o sobornan funcionarios en todo el mundo, con el objetivo de conseguir contratos. Pero las transnacionales no son castigadas, sino que tienen representantes en el gobierno del mismísimo Trump, como el es el caso de Rex Tillerson, solo para citar el ejemplo más relevante.
En esas condiciones, la Ley Magnitsky se convierte en una formidable arma política contra los gobiernos hostiles a Estados Unidos
En el caso de Roberto Rivas, no se trata del soborno de una transnacional, sino al hecho que, en los últimos 25 años, amparándose en su estrecha relación con el Cardenal Miguel Obando y Bravo, --desde que manejaba la Comisión de Promoción Arquidiocesana (COPROSA) de la Iglesia Católica en Nicaragua hasta la actualidad como presidente del CSE--, ha amasado una inmensa fortuna, que solo puede engordar por evidentes actos de corrupción.
Siendo magistrado del CSE bajo la administración de Arnoldo Alemán (1997-2002), Roberto Rivas, junto al Cardenal Obando, cambiaron de bando, se aliaron a Daniel Ortega y de esta manera dos fabulosos enemigos se transformaron en colosales aliados. Indudablemente, esta conversión tuvo un precio: la inmunidad y la impunidad. Esto es del conocimiento público en Nicaragua.
Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han dado oxígeno a la alicaída oposición burguesa, que se rasga las vestiduras y desgañita exigiendo la renuncia de Roberto Rivas. Han satanizado la persona de Rivas y creen que una renuncia o destitución, sería la solución a los repetidos fraudes electorales.
La incapacidad de la oposición burguesa es notoria. El problema no es el presidente del CSE, sino la Ley Electoral antidemocrática, que fue aprobada tras el pacto Alemán-Ortega en 1999 para restaurar el bipartidismo.
La repuesta de Daniel Ortega fue cauta. No lo hizo renunciar, y aprobó aceleradamente una reforma a la Ley Electoral para quitarle funciones al presidente del CSE, esperando una muerte natural cuando se termine el mandato de Rivas en abril del próximo año, y sea sustituido sin traumas por otro magistrado. Ortega no entrega todavía la cabeza de Roberto Rivas, necesita mostrarse como el firme protector de sus aliados, para que no haya desbandada.
El mensaje de Estados Unidos está claro: presiona por reformas al sistema electoral con el objetivo que Daniel Ortega cumpla los compromisos firmados con la OEA en 2017.
