El presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Alvaro Uribe, dos zorros del mismo piñal
Por Leonardo Ixim.
Con el 29 % de los votos, el candidato de la extrema derecha Oscar Iván Zuluaga, patrocinado por el ex presidente Álvaro Uribe del partido Centro Democrático (CD), se impuso sobre el actual presidente Juan Manuel Santos del partido Unidad Nacional (UN) -apoyado por el tradicional Partido Liberal- quien tuvo el 25%. Atrás quedaron el Partido Conservador con Martha Lucía Ramírez con el 15 %; Clara López de la alianza de izquierda Polo Democrático Independiente (PDI) y la Unión Patriótica (UP); y el centroizquierdista de la Alianza Verde de Enrique Peñalosa con el 8 %.
Pero el gran ganador de estas elecciones fue el abstencionismo, que se situó en casi un 60 %; es decir, no votaron 20 millones de colombianos, de 33 millones llamados a votar. Este dato junto al voto blanco o nulo que se sitúo en un poco más del 8 %, evidencia el descontento de la población hacia un sistema electoral que no considera representativo. Por su parte, algunas organizaciones de izquierda, entre ellas la sección colombiana de la LIT y movimientos sociales, hicieron un llamado al voto en blanco, mientras otras al abstencionismo. De estos resultados se pueden sacar muchas conclusiones; una es que buena parte de la población colombiana, aunque no mayoritaria, tiene una clara preferencia por partidos de la derecha, hecho visto en la reciente elección legislativa, donde tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes tendrán mayoría estos partidos.
Un monstruo de dos cabezas
Es bueno no olvidar el origen común de Santos y Uribe; el actual presidente fue ministro de defensa en el segundo gobierno de Uribe. Ambos fundaron la Unidad Nacional (UN), una mezcolanza de políticos liberales y conservadores claramente cercanos a los intereses de latifundistas vinculados al narcotráfico y financistas de las bandas paramilitares. Éstos han asesinado y desaparecido en los últimos años a una gran cantidad de luchadores sociales como parte de la estrategia de desplazamiento forzado del campesinado colombiano para despojarlos de sus tierras y territorios e implantar mega proyectos mineros y grandes cultivos extensivos.
Santos y Uribe fueron cómplices de las más grandes atrocidades contra el pueblo colombiano que la “democracia más vieja del continente” realizó, usando sobre todo el paramilitarismo y en menor medida el ejército y la policía. Paradójicamente, una característica de esta democracia semi-autoritaria son los resquicios del Estado de derecho. Así, se intentó afectar las relaciones construidas desde el uribismo y el paramilitarismo en la política burguesa, y se vinculó y en algunos casos se detuvo a muchos políticos miembros de este entramado. Esta situación golpeó a la UN y una facción de ésta con Santos a la cabeza, expulsó a Uribe y a sus seguidores, quienes formaron el partido CD.
Esto va de la mano de la elección de Santos como presidente en 2010, quien apoyado por los grandes monopolios oligárquicos busca restarle fuerza a los sectores burgueses emergentes del uribismo, a su salida guerrerista a la guerra interna y mejorar las deterioradas relaciones diplomáticas con sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde Uribe apoyó a las fuerzas de la extrema derecha que buscan en todo momento sacar al chavismo del poder. Esto también va de la mano del giro al centro de Chávez, por ejemplo con el arresto a miembros de las Farc-Ep en Venezuela y su extradición a Colombia o el apoyo que Santos y Chávez le dieron a la salida traidora en Honduras con el Acuerdo de Cartagena y la consolidación del régimen post golpe.
El telón de fondo
Las elecciones y su alto abstencionismo, tienen como telón la crisis que el neoliberalismo ha provocado en la sociedad colombiana. En los últimos meses se han dado una serie de paros de sectores campesinos y de pequeños empresarios rurales fuertemente reprimidos por el gobierno de Santos, que buscan salvaguardas ante los efectos de los TLCs sobre todo con Estados Unidos, que han destruido la producción rural.
Pese a que en los últimos años el PIB ha crecido un 4 %, la Inversión Extranjera Directa en 2013 fue de US$17 mil millones, la distribución de la riqueza sigue siendo, en palabras de la Cepal, insuficiente (El Espectador 1/06/14).El desempleo se redujo 1,9 % situándose en 9%, mientras que para 2014 mejorara la IED, pese según la Cepal, a que los precios de las materias primas -principal bien de exportación- se encuentran en deterioro (El Tiempo 1/06/14). Estas cifras ponen en evidencia que el modelo económico implementado tras la introducción del neoliberalismo en Colombia y en toda América Latina, ha implicado la reprimarización de la actividad productiva, la quiebra de la industria, el crecimiento del desempleo y sobre todo el aparecimiento del sub empleo y/o empleo precario.
A la par de este crecimiento económico, que entre sus perlas se encuentra la expansión de trasnacionales colombianas a Centroamérica, las luchas del proletariado están a la orden del día. Primero, el estudiantado evitó la aplicación de una privatizante ley de educación superior; huelgas obreras en empresas mineras de carbón y de extracción de petróleo, entre cuyas demandas, además de mejores condiciones laborales, está la constante amenaza y muerte de sindicalistas, una de las practicas más comunes en este país; empleados públicos por mejoras salariales, hace unos meses los judiciales y recientemente los maestros, que se movilizaron para cuestionar los sistemas de evaluación -una tónica en toda la región- al centrar el sistema de escalafones solamente en las remuneraciones y no en la mejora de la calidad (El espectador 1/06/14).
Por tanto, se puede decir que desde la última presidencia de Uribe y con más fuerza con Santos, las luchas contra el modelo económico y el régimen político con matices fuertemente autoritarios, son una constante, donde las elecciones siempre son síntomas distorsionados de la lucha de clases, pero necesarios como claves configuradoras de la realidades políticas. Esto se traduce en los altos niveles de abstencionismo pero también en el voto en blanco, nulo, o por las candidaturas de Peñalosa y de izquierda reformista de López y en cierto sentido, bajo la peligrosa expresión del voto útil aunque anti Santos, por las otras opciones de derecha.
En ese marco, como parte de las campañas, las negociaciones entre las Farc y el gobierno de Colombia fueron parte fundamental. Por un lado el uribismo denunciando esto como una “impunidad para los delincuentes” expresando no solo los intereses del paramilitarismo latifundista sino la visión de algunos sectores conservadores de la sociedad que adversa n a las guerrillas. Santos por su parte, retomó las negociaciones como bandera, autoproclamándose como “el candidato de la paz y el futuro”.
Las dos opciones de izquierda y el conservadurismo más cercano al uribismo por su parte, cuestionaron el monopolio propagandista que Santos hizo de las negociaciones; la candidata de la alianza UP-PDI la más contundente, reclamando el cese de la guerra antes de la firma de algún acuerdo total de paz y la realización de reformas más profundas al modelo, pero sin presentar un horizonte anticapitalista.
Las negociaciones en La Habana
Previo a las elecciones, tanto las Farc como el ELN acordaron una tregua, situación que se mantiene, sin que el gobierno actúe recíprocamente. En ese sentido, Santos, que fue escogido por el uribismo para derrotar a las guerrillas, dio un giro, negociando un proceso de 5 puntos, a saber: desarrollo rural, garantías para el ejercicio político de la oposición, cultivos ilícitos, incorporación de la Farc y firma del acuerdo de paz. Hasta ahora hay acuerdos en los dos primeros puntos y se está negociando el tercero.
Este proceso, que sigue los esquemas aplicados en Centroamérica, plantea soluciones reformistas, pese a tocar problemáticas estructurales de la sociedad. En el primer acuerdo no se habla de reforma agraria, sino de recuperación de tierras mal habidas e improductivas, de registro catastral y a lo sumo de apoyo a la economía campesina. En el segundo punto no se menciona el desmontaje del paramilitarismo, medidas de reparación y justicia a las víctimas, el papel del ejército ni la desmilitarizaron de la policía, a lo sumo se habla de creación de un sistema de participación donde se dé garantías a la oposición política y del ejercicio del quehacer de los movimientos sociales. Sobre el tercer punto, a pesar de mencionar la destrucción consensuada de los cultivos ilícitos con los campesinos, en última instancia se deja a las fuerzas de seguridad la represión cuando no hay consenso; y no se tocan temas como la regularización de estos cultivos en un escenario post despenalización.
Como sea, esta agenda es producto del fracaso del guerrillerismo, de la falta de reforzamiento de las bases campesinas con reformas agrarias de hecho y de desconexión con las masas urbanas. Con esto y el uso indiscriminado del terrorismo por algún tiempo, las Farc generaron un rechazo de algunos sectores de las clases medias que son la base del uribismo y del santismo.
Después de la primera vuelta, los dos contendientes están a la caza de los abstencionistas que se concentraron sobre todo en Bogotá, donde la centro-izquierda ha tenido victorias. En el juego de las alianzas, las dos candidaturas van bajo la polarización de seguir o no la guerra; apoyan a Santos el progresismo del alcalde Petro de Bogotá que apoyó a Peñalosa, el Partido Comunista con la UP y la facción liberal de Piedad Córdoba, además la maquinaria del Partido Liberal. El PDI y otros sectores que apoyaron a los verdes dejaron a sus votantes en libertad de elegir. Mientras que los conservadores se dividen entre apoyar a Santos o a Zuluaga y éste por su parte, con los acuerdos alcanzados con Ramírez, suaviza su discurso contra la paz.
Consideramos que ni Santos como Zuluaga son una opción, representan la continuación de las políticas neoliberales, aunque el primero como expresión de intereses de los monopolios tradiciones. Si le apuestan a la paz, en el plano regional tendrían una política de acercamiento con los gobiernos burgueses antiimperialistas y sus giros neoliberales en el mantenimiento de Celac. Consideramos también que esta guerra es innecesaria y no es la vía para el pleno ejercicio de los derechos de los colombianos, siendo la movilización constante, disputando el poder a las distintas fracciones de la burguesía y la búsqueda de una paz real, la verdadera opción