Por Edgardo Lander
I. ¿Qué estaba en juego en estas elecciones?
En primer lugar, en estas elecciones estaba en juego una evaluación de la correlación de fuerzas entre gobierno y oposición en un momento particularmente complejo para el gobierno. Esto como consecuencia de la baja significativa de los precios del petróleo del año anterior, y de la crisis de la electricidad de este año, producto principalmente, pero no sólo, de la sequía más severa de las últimas cuatro décadas. En términos inmediatos, se trataba de constatar en qué medida el inevitable desgaste de once años de gobierno había afectado el apoyo popular al chavismo. En términos de mayor trascendencia para Venezuela y América Latina, estaban en juego las perspectivas en el tiempo de la continuidad del apoyo popular a los procesos de cambio que ocurren en el país. En segundo lugar, estaba en juego la composición partidista de la Asamblea Legislativa y si el gobierno podría conservar la amplia mayoría con la cual ha gobernado durante los últimos cinco años. Se trató de una Asamblea Nacional casi exclusivamente chavista como consecuencia de la decisión que, muy a última hora, tomó la oposición de no participar en las elecciones parlamentarias del año 2005, pensando que con ello contribuiría a deslegitimar al gobierno y a precipitar su caída.
Tanto el gobierno como la oposición definieron el debate electoral como una confrontación entre dos modelos de sociedad. El chavismo afirmó que estaba en juego el apoyo popular para la lucha antiimperialista y la profundización de los procesos de cambio en la construcción del Socialismo del Siglo XXI. Esto es, ¿cuánto se ha avanzado en la construcción de una nueva hegemonía en la sociedad como alternativa al capitalismo? La oposición construyó su campaña en términos de una opción básica entre estatismo “comunista”, por un lado, y defensa del sagrado derecho a la propiedad y la “democracia” por el otro.
Chávez se las jugó a fondo en la campaña y fue mucho mayor la persistencia de su rostro en los afiches de propaganda electoral, y su presencia en programas de radio y televisión, que la de los candidatos y candidatas gubernamentales a la Asamblea Nacional. Colocó así en juego no sólo el proyecto socialista, sino igualmente, su propio liderazgo.
De esta manera, ambos bandos construyeron estas elecciones como una especie de referendo a favor o en contra de la continuidad de las tendencias actuales del proceso de cambio en Venezuela. En cierta medida fue igualmente entendido como una medición de fuerzas rumbo a las elecciones presidenciales de diciembre del año 2012.
II. Las mayorías calificadas contempladas en la Constitución Nacional
En estas elecciones estaba en juego, no sólo el control de la Asamblea Nacional, sino la posibilidad de que el gobierno lograse una mayoría calificada en ésta.
En la Constitución venezolana están contempladas dos modalidades de mayoría calificada para tomar determinado tipo de decisiones en la Asamblea Nacional. En primer lugar, se requiere una mayoría calificada de tres quintas partes del total de la Asamblea para aprobar Leyes Habilitantes mediante las cuales el parlamento puede delegar parte de sus funciones al Presidente de la República, y para acordar votos de censura al Vice-Presidente o ministros del Gabinete Ejecutivo, lo que implicaría la destitución de estos funcionarios. Del total de 165 integrantes de la Asamblea Nacional, esta mayoría se logra con 99 representantes. El segundo tipo de mayoría calificada es el de dos terceras partes del total de los asambleístas, esto es un total de 110 legisladores. Esta mayoría calificada se requiere para las siguientes decisiones: aprobación y derogación de leyes orgánicas; aprobación final de reformas constitucionales; someter a referendo nacional algún proyecto de ley; crear o suprimir Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional; el nombramiento de los o las integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder electoral, y del Poder Ciudadano (Contraloría, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público o Fiscalía); la remoción de integrantes de la Asamblea Nacional; la remoción de integrantes del Tribunal Supremo de Justicia; y la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Dadas las transformaciones de la sociedad venezolana que constituyen el proyecto del chavismo, la obtención de esta mayoría calificada de dos tercios era considera como fundamental para garantizar la continuidad de los procesos de cambio, sin que éstos pudiesen ser obstaculizados por los diputados de la oposición.
III. Los resultados electorales y sus interpretaciones
Lo primero que puede decirse sobre las elecciones parlamentarias fue que se dieron en un contexto de extraordinaria tranquilidad ciudadana, y que las cifras electorales fueron consideradas como correctas por todas las partes involucradas. Se legitimó una vez más el trabajo del Consejo Nacional Electoral. No hubo violencia ni amenaza de violencia. En un país que ha tenido en el último decenio niveles tan elevados de polarización, conflicto y tensión, se constató que, para la población venezolana, las elecciones constituyen la mejor forma de dirimir hasta los mayores desacuerdos. La participación masiva de una muy amplia gama de sectores de oposición, contribuye a marginar a los sectores menos institucionales (o más golpistas) y fortalece a la democracia en Venezuela.
En términos numéricos sintéticos, los resultados de las elecciones pueden expresarse en dos tipos de cifras. Por un lado, están los resultados en términos del voto popular. ¿Qué cantidad y qué proporción de la población votó a favor de cada una de las dos opciones en juego? Los resultados de la votación popular dan lo que constituye prácticamente un empate entre los votos obtenidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su aliado el Partido Comunista de Venezuela (PCV), por un lado, y los votos obtenidos por la alianza de la oposición, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), por el otro. En la sumatoria global de los votos lista para la Asamblea Nacional, la alianza gubernamental sacó 5.423.324 votos y la alianza opositora 5.320.364 votos, con lo cual hay una diferencia a favor del gobierno de sólo 102.960 votos, menos del 1% del total de los votos válidos. (1)
Si los resultados se miran en términos de la distribución de la representación en la nueva Asamblea Nacional, pareciera que se estuviera en presencia de un proceso electoral diferente. El PSUV obtuvo un total de 98 diputados, mientras la oposición sólo obtuvo 65. El partido Patria Para Todos (PPT) obtuvo 2 diputados.
Como es de esperarse en todo proceso electoral, las dos partes revindican para sí la victoria. La oposición incorpora a sus cálculos todos los votos que no fueron a favor de la alianza PSUV, incluso los del PPT y del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), que no están identificados con la oposición, para argumentar que derrotaron al gobierno con 52% de los votos a nivel nacional. A partir de esta interpretación celebran el comienzo del fin del chavismo.
El gobierno celebra el hecho de que, a pesar de no haber obtenido las mayorías calificadas que se había propuesto como meta, logró un total de 98 diputados, casi 60% de los integrantes de la nueva Asamblea Nacional. Esto es señalado como una gran victoria, y como una ratificación contundente del apoyo de la mayoría de la población a la profundización de los procesos de cambio que ocurren en el país.
Una mirada más cuidadosa a estas cifras sugiere que para el gobierno no son tantos los motivos de celebración y muchos más, por el contrario, las exigencias de reflexión crítica y autocrítica sobre las razones por las cuales se llega estos resultados y las implicaciones que podrían tener éstos para el futuro de Venezuela.
Los resultados de diferentes tipos de elecciones (presidenciales, regionales, parlamentarias) no son estrictamente comparables. Sin embargo, dados los niveles de politización y de polarización de la población venezolana, en estos últimos años todos los procesos electorales han estado dominados por una lógica de enfrentamiento nítida entre una opción del gobierno y una opción de la oposición.
Tiene por ello sentido comparar los desplazamientos en el voto popular que han ocurrido en los últimos tres procesos electorales: las elecciones presidenciales del 2006; las elecciones regionales del 2008 (alcaldes y gobernadores) ; y las elecciones parlamentarias de este año. En las elecciones presidenciales del año 2006, Chávez le ganó al candidato de la oposición, Manuel Rosales, en cada uno de los 23 estados del país y en el Distrito Capital. En las elecciones regionales del año 2008, la oposición ganó las elecciones de gobernadores en cinco estados, entre ellos los tres estados más poblados del país: Zulia, Miranda y Carabobo. Ganó igualmente las elecciones de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. En las elecciones parlamentarias de este año, el gobierno ganó en dieciséis (16) estados, mientras que la oposición ganó en siete (7) estados y, por pocos votos, en el Distrito Capital.
Sin embargo, mientras los dieciséis estados ganados por el chavismo representan 46% de la población, los ocho estados ganados por la oposición representan el 54%. Incluyen éstos los tres estados de mayor población (Zulia, Miranda y Carabobo) y una alta proporción de las principales ciudades del país. Es de resaltar el hecho (por supuesto ampliamente reivindicado por la oposición), de que en cada uno de los cinco estados en los cuales ha habido gobernadores de oposición durante los últimos dos años, se ha producido un aumento de la diferencia electoral a favor de la oposición desde las últimas elecciones.
La evolución del voto popular en Caracas es particularmente significativa y preocupante para el futuro de los procesos de cambio en Venezuela. En las elecciones presidenciales del año 2006, Chávez ganó en los dos municipios que concentran la mayor parte de la población de la ciudad (Sucre y Libertador) y en los cuales hay mayor proporción de sectores populares. Perdió en los tres municipios más pequeños y de mayor nivel de ingreso. (Baruta, Chacao, y El Hatillo). Para el conjunto de la ciudad obtuvo una diferencia a favor de 161.798 votos. En las elecciones regionales del año 2008, el gobierno sólo ganó las elecciones en el Municipio Libertador, y para el conjunto de los cinco municipios venció la oposición por una diferencia de 105.558 votos, ganando así la Alcaldía Metropolitana. En las elecciones parlamentarias de este año, en el voto popular, el gobierno fue derrotado en cada uno de los cinco municipios (en el Municipio Libertador por sólo 741 votos dentro de un universo cercano a un millón de votos). Para el conjunto de la ciudad, la diferencia a favor de la oposición pasó a ser de 226.999 votos.
Un análisis de algunas de las parroquias populares de Caracas confirma estas tendencias. En la Parroquia La Vega, los votos a favor del gobierno pasaron de 64,74% en las elecciones presidenciales del año 2006 a 50,36% en las parlamentarias del 2010. En la Parroquia Caricuao de una mayoría del 62% en el año 2006, se pasó a 48,04% en las elecciones parlamentarias. En la Parroquia Petare se pasó de un 53,58% en las elecciones presidenciales del 2006, a 38,81% en las elecciones parlamentarias. Tendencias similares pueden constatarse en numerosas parroquias populares de las principales ciudades del país.
Estas cifras parecen indicar la existencia de un deterioro no acelerado, pero sí sostenido, del apoyo electoral al gobierno en los centros urbanos más grandes del país.
IV. El sistema electoral venezolano y la representación proporcional
La elección de 98 diputados chavistas no es expresión fiel de la voluntad popular sino de una manipulación anticonstitucional del sistema electoral venezolano que se produjo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2009. El régimen electoral venezolano se había caracterizado desde las primeras elecciones posteriores a la dictadura de Pérez Jiménez, en el año 1958, por la proporcionalidad, esto es, la correspondencia entre los porcentajes de votos obtenidos por cada partido político y su representación legislativa. Mientras en la Cámara del Senado existía una sobre-representación de los estados de menor población (ya que cada estado tenía dos senadores), en la Cámara de Diputados y en las Asambleas Legislativas estatales operaba el principio de la proporcionalidad en términos bastante estrictos, asignándose diputados adicionales a los partidos que, en la cuenta final, hubiesen quedado sub-representados en relación a su proporción de votos.
Era éste un sistema electoral que permitía la representación de las minorías y fue lo que hizo posible durante muchos años la presencia legislativa de la izquierda.
Desde la izquierda ha habido una consistente crítica al carácter no democrático de los sistemas electorales mayoritarios, tales como los que operan en el Reino Unido y en los Estados Unidos, en los cuales se elige un solo representante por circuito electoral (sistema de todo o nada), con lo cual se produce una significativa sobre-representación de la primera mayoría y se hace extraordinariamente difícil el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Se trata de sistemas electorales expresamente diseñados para garantizar la llamada “gobernabilidad”, para establecer y preservar regímenes políticos bipartidistas, e impedir la representación de las minorías.
En Venezuela, durante las décadas de los 80 y los 90 del siglo pasado, como parte de la crítica neoliberal a la política, a los partidos y al Estado, se desarrolló una campaña sistemática, sobre todo en los medios de comunicación, en contra de lo que se llamaba la “democracia partidista”, defendiendo la necesidad de una “democracia de ciudadanos”. Esto implicaba, entre otras cosas, la disminución del peso de los partidos y la introducción de la representación uninominal para que los votantes pudieran escoger directamente al candidato de su preferencia. En consecuencia, se introdujeron en el tiempo varios sistemas mixtos entre listas partidistas y candidatos uninominales, pero preservando el principio de la representación proporcional.
El tema de la representación proporcional fue debatido a fondo en la Asamblea Constituyente del año 1999. Asambleístas de la oposición al gobierno, como Allan Brewer-Carías, se oponían a la representación proporcional y a la representación de las minorías, reivindicando el sufragio uninominal. Los constituyentes bolivarianos, por el contrario, defendieron el principio de la representación proporcional, sin negar que éste pudiese estar acompañado de alguna modalidad de elección uninominal. En el contexto de este debate, Aristóbulo Istúriz argumentó que la uninominalidad sin el principio de representación proporcional era “profundamente antidemocrática”.
El resultado de este debate fue que el principio de la representación proporcional se preservó en el texto constitucional. Esto se establece como un principio constitucional general y como un mandato específico al Poder Electoral.
Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.
Artículo 293. (...) Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Las elecciones realizadas en el país desde el año 2000 hasta el 2008 se hicieron de acuerdo a este principio, aunque éste venía siendo burlado sistemáticamente tanto por los partidos de gobierno, como por los partidos de oposición. Esto se hacía mediante las fórmulas de las llamadas “morochas”, mediante las cuales se presentaban las candidaturas por lista y las candidaturas uninominales como si fuesen de organizaciones políticas diferentes, para impedir que se utilizasen conjuntamente para el cálculo de la representación proporcional. Eso permitió la sobre representación de las mayorías, tanto a nivel nacional como estatal.
Con la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en el año 2009, esta “trampa” electoral fue convertida en ley. Para la asignación de cargos, se separó por completo el cálculo de los representantes electos por lista de los representantes electos uninominalmente. Esto conduce a la eliminación de la representación proporcional, y adicionalmente introduce un nuevo y significativo peso a la forma como son delimitados los circuitos electorales, ya que cada uno se convierte en una unidad independiente de lo que ocurra con las elecciones en el resto de los circuitos electorales del estado correspondiente. Variaciones en las delimitaciones de los circuitos electorales pueden, con la nueva ley, producir variaciones significativas en la asignación de curules.
Con este nuevo diseño electoral quedan tres factores de distorsión de la representación proporcional: 1. la sobre-representación de los estados de menor población (producto de la incorporación de la sobre-representación de estos estados existentes en el senado anterior, cuando se pasa a un régimen unicameral); 2. la sobre-representación de las mayoría y la sub-representación o la no-representación de las minorías que ocurre en un sistema en el cual se separa la elección por lista de la elección uninominal, y además se le da una clara prioridad numérica a esta segunda: y 3) las distorsiones debidas al impacto que tiene el diseño de los circuitos electorales. El resultado de esto es un sistema electoral en el cual hay una relación muy distorsionada entre la voluntad popular expresada en las urnas y la distribución de curules en los cuerpos legislativos. Se trata, por lo tanto, de una ley que viola abiertamente la Constitución Nacional Bolivariana, al imposibilitar la representación proporcional, impidiendo así que la voluntad popular se exprese fielmente en los órganos legislativos.
¿Es democrático un sistema electoral que produzca resultados tan distantes de lo que es la voluntad popular tal como ésta se expresa en las urnas? ¿Por qué se le niega a las minorías el derecho a estar representadas en el parlamento? ¿Qué sentido tiene empobrecer y cerrar de esta manera la pluralidad del debate democrático?
Las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010 fueron las primeras para cuerpos legislativos que se llevaron a cabo con estas nuevas normas. Es posible constatar la medida en que efectivamente se alteró en forma drástica la correspondencia entre la voluntad popular, expresada en las urnas, y la composición de la nueva Asamblea Nacional.
En primer lugar, es posible constatar que el sistema electoral cumplió plenamente con el objetivo para el cual fue diseñado: la concentración de las organizaciones políticas en dos bloques polares gobierno/oposición (al igual que en los sistemas bipartidistas), y la práctica desaparición de toda representación minoritaria. Se confirma que se trata así de un régimen electoral pensado para polarizar al electorado y dificultar o impedir la expresión de voces críticas autónomas.
Como ha sido ampliamente destacado en los debates sobre los resultados de estas elecciones, a nivel nacional se produjo prácticamente un empate entre la suma total de los votos lista de la alianza gubernamental y la de la oposición. (3) Sin embargo la alianza gubernamental obtuvo casi 60% de los diputados (98) mientras la alianza de oposición logró un poco menos del 40% (65). La ausencia de representación proporcional elevó una diferencia de 1% en la votación popular a una diferencia de 20% en el número de diputados o diputadas electos.
Estas distorsiones son aún más notorias en algunos estados, favoreciendo en algunos casos al gobierno y en otros a la oposición. En el estado Anzoátegui, la oposición obtuvo 87,5% de los diputados con sólo el 52,24% de los votos. En el Estado Zulia, el de mayor población del país, con 54,8% de los votos, la oposición logró 80% de los diputados electos, doce de los 15 que estaban en juego. En varios estados la sobre-representación de la mayoría favoreció al gobierno. En Barinas, con 56,36% de los votos obtuvieron 83,3% de los diputados; en Portuguesa, con 63,05% de los votos, el 83,3% de los diputados, y en Trujillo, con el 62,7% de los votos el 80% de los diputados.
En algunos estados, el diseño de los circuitos electorales tuvo un peso mayor que la sobre representación de la mayoría en las distorsiones de los resultados. Eso hizo posible que un partido podía perder la votación popular en un estado, y sin embargo, ganar un número mayor de diputados que el partido que hubiese sacado más votos. En el estado Carabobo la oposición ganó en el voto popular por una diferencia de un poco más de 10%. Sin embargo, la alianza gubernamental obtuvo 70% de los diputados del estado (7 de 10). En el Distrito Capital, la oposición ganó en el voto popular por una diferencia insignificante, se puede considerar el resultado como un empate. Sin embargo el gobierno obtuvo como en el caso anterior 7 de los 10 diputados en disputa, un 70%.
La sub-representación o no-representación de las minorías, que es característica de este sistema electoral, afectó en estas elecciones al PPT. En el estado en el cual dicho partido tiene un número mayor de votos, el estado Lara, obtuvo un total de 28,4% de la votación popular. Sin embargo, no logró ninguno de los 9 diputados que estaban siendo electos.
La conclusión que podemos sacar de todo esto es que, ni a nivel nacional ni a nivel estatal, la representación parlamentaria es un reflejo ni siquiera aproximado de la voluntad popular. Es lamentable que la extraordinaria legitimidad que ha sido lograda por un sistema electoral totalmente automatizado, con mecanismos de contraloría que hacen muy difícil las trampas electorales, un sistema que ha democratizado el voto a través de un esfuerzo sostenido para incorporar como votantes activos a amplios sectores populares antes excluidos, haya sido afectado tan severamente por una ley electoral que violentó de este modo la posibilidad de la expresión directa de la voluntad de los electores. Esto podría interpretarse como un intento de remplazar la extraordinariamente compleja tarea de la construcción de una nueva hegemonía en el país, lo que exige necesariamente una ampliación significativa del apoyo de la población a los procesos de cambio, por una manipulación del sistema electoral. Con esto, la Asamblea Nacional, el gobierno de Chávez, priorizó la ventaja política a corto plazo (sesgo en el sistema electoral diseñado para favorecer al gobierno) sobre la profundización de la democracia.
V. La lectura de los resultados electorales y la urgencia de debates críticos sobre el proceso político venezolano
De cómo se interpreten estos resultados dependen las consecuencias políticas que se deriven de éstos. Si, como han señalado el Presidente Chávez y la dirigencia del PSUV, se trata de una victoria “holgada y contundente”, que reafirma en forma categórica el respaldo de la mayoría del pueblo venezolano a la dirección actual del proceso de cambio, todo está bien, se ratifica que se va por buen camino y no hay nada que discutir. Si por el contrario se reconoce que se ha venido produciendo un deterioro en el apoyo popular al gobierno, si se tiene el valor de admitir que hay un creciente malestar, si se está dispuesto a asumir que la oposición ha ido avanzando políticamente, aun entre los sectores populares, son otras las consecuencias políticas y otras las tareas y las urgencias.
Son muchos los asuntos que exigen debates abiertos, francos, democráticos, camino a la construcción de una sociedad alternativa. El debate crítico, reflexivo sobre estos asuntos, lejos de “darle armas al enemigo”, lejos de colocarse en el campo de la oposición a los procesos de cambio que se dan en el país, son una condición de la posibilidad misma de que ocurran las reorientaciones y rectificaciones sin las cuales este proceso difícilmente pueda sobrevivir en el mediano plazo. Constituyen las condiciones de posibilidad misma de que la sociedad que se está construyendo sea más democrática y plural que la sociedad capitalista, y sea a la vez una alternativa radical a la lógica depredadora de la acumulación que está destruyendo las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra.
De los tantos asuntos que requieren debate, se puntualizan a continuación algunos de los que resultan más urgentes. No se busca aquí de modo alguno intentar un balance de lo que han sido los once años del proceso bolivariano con sus innegables logros. Si se enfatizan los problemas y no estos logros, es precisamente porque se quiere destacar aquellos ámbitos en los cuales son indispensables tanto los debates críticos como las reorientaciones de las políticas.
Petróleo y modelo productivo
El tema del petróleo y su impacto sobre el conjunto de las sociedad, las consecuencias perversas del rentismo sobre la política y la cultura de este país a lo largo de último siglo, la relación entre producción petrolera y la crisis ambiental, constituye necesariamente uno de los asuntos centrales sobre los cuales tiene que debatir y decidir esta sociedad cuando piensa en su futuro. Esto se hace extraordinariamente urgente dadas las nuevas condiciones históricas en las cuales, por un lado, las emanaciones de gases de efecto invernadero están destruyendo la vida en el planeta, se están agotando globalmente las fuentes de petróleo más accesibles y de menores costos de extracción, mientras que se ha constatado que Venezuela cuenta -en la Faja del Orinoco- con las reservas de petróleo mayores mundo.
No es posible pensar en una sociedad alternativa a la capitalista si esta sociedad no es una alternativa a los modos de producir, de consumir, de conocer y de relacionarse los humanos con el resto de los tejidos de la vida en el planeta. Nada de esto es posible si el proyecto de cambio tiene como sustento básico un extractivismo depredador asociado a grandes corporaciones capitalistas, aunque estas sean de China, de la India, o de Rusia.
Es evidente que la responsabilidad principal por la generación de los gases de efecto invernadero que están elevando la temperatura del planeta es de los países industrializados del norte geopolítico. Esto es así tanto en términos históricos acumulados, como en el presente. (4) Sin embargo, la noción de responsabilidad compartida pero diferenciada implica necesariamente que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero le corresponde a todos. En las negociaciones en el marco de la ONU, movimientos sociales, científicos y muchos gobiernos están exigiendo como absolutamente indispensable una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de 50% en los próximos 10 años. ¿Tiene sentido que los representantes de Venezuela en estas negociaciones defiendan con vigor la urgencia de estas reducciones drásticas y a corto plazo en la producción/consumo de combustibles fósiles con el propósito de impedir la elevación de la temperatura de la atmósfera y los mares, si a la vez está fundamentando el diseño del futuro del país sobre la base de una acelerada expansión de la producción de hidrocarburos?
¿Es compatible el “socialismo ecológico”, del cual hablan los textos de PDVSA, con el objetivo de convertir a Venezuela en una Potencia Energética Mundial, definida como una de las siete grandes directrices del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, que ha sido presentado como el primer plan de desarrollo socialista del país? (5) ¿Se está construyendo una alternativa al crecimiento sin fin y al capitalismo depredador si el gobierno ha anunciado que en los próximos siete años transnacionales petroleras de todo el mundo realizarán inversiones en el país por más de 80 mil millones de dólares? De acuerdo a la página web de PDVSA, la empresa “estima alcanzar una producción de 5 millones 847 mil barriles diarios para el año 2012." (6) Esto representa un incremento de 72% respecto a los volúmenes de producción promedio del año 2006. Para lograr este salto en la producción de hidrocarburos, se tiene previsto abrir una elevada proporción del territorio nacional -incluidas inmensas extensiones del mar territorial- a la explotación de petróleo y gas. (7) ¿Cuándo comenzarán a darse pasos en la dirección de una economía post-petrolera si la dependencia del petróleo, lejos de limitarse se aumenta, si el 94% del valor total de las exportaciones del país -un máximo histórico- está representado por los hidrocarburos? ¿Puede encontrarse la respuesta a la lógica devastadora de la acumulación sin fin del capitalismo en el socialismo rentista o en el socialismo petrolero? (8)
Los retos extraordinarios que implica confrontar las exigencias de una transformación civilizatoria se ocultan y se minimizan si en lugar de asumir frontalmente estos retos sólo se incorporan las palabras. ¿Qué tiene que ver el sumak kawsay y el suma qamaña (buen vivir) como opción civilizatoria otra de los pueblos indígenas andinos en Ecuador y Bolivia con la importación masiva de electrodomésticos chinos para ser vendidos a crédito a los sectores popular con la Tarjeta de Crédito del Buen Vivir que ha sido anunciada por el Presidente Chávez?
¿Dónde están los estudios de impacto humano y ambiental del desarrollo de la Faja del Orinoco? Más allá del severo impacto del consumo (en Venezuela o en otra parte) de este hidrocarburo, ¿cuánto dióxido de carbono (C02 ) se desprende a la atmósfera por cada barril de petróleo producido? ¿Cuántos litros de agua son requeridos por barril de petróleo?
¿Cómo se puede avanzar hacia un “socialismo ecológico” con políticas públicas que incentivan el uso absolutamente descontrolado e ineficiente de los combustibles fósiles mediante el suministro subsidiado de la gasolina más barata del mundo?
¿Qué ha pasado con el proyecto de permitir el cierre natural del canal de navegación del Lago de Maracaibo, como primer paso hacia la recuperación del lago más grande de América Latina, extraordinaria reserva de agua dulce que ha sido, y sigue siendo, sacrificada en función de la producción petrolera?
¿Cuándo se va a abrir un debate nacional sobre la necesidad de modificar, en forma sustantiva, la paridad cambiaria típica de la llamada enfermedad holandesa, que gracias a los ingresos petroleros mantiene la sobrevaluación histórica del bólivar y hace que los bienes y servicios importados sean más baratos que los producidos en el país, fomentando de esa forma las importaciones masivas y socavando sistemáticamente las posibilidades de la producción interna?
Soberanía alimentaria
¿Cómo se puede avanzar hacia la soberanía alimentaria si los grandes programas de redistribución de tierra, financiamiento y apoyo a la actividad agrícola están siendo permanente socavados por la importación masiva de alimentos subsidiados, a precios con los cuales no puede competir la producción interna, sea esta empresarial, campesina o de la economía social?
Organizaciones sociales, Estado y partido
Dadas las experiencias del socialismo del siglo XX, ¿es posible un proceso permanente de profundización de la democracia sin la construcción de un tejido social autónomo, si las organizaciones sindicales y populares de muy diverso tipo están colonizadas por las estructuras del Estado y del partido? ¿Son los Consejos Comunales el núcleo organizativo democrático del conjunto de la sociedad en la construcción de un nuevo tejido social, de una nueva institucionalidad estatal que reemplace a la existente, o deben ser los Consejos Comunales rojos-rojitos, el lugar donde se organizan los partidarios del chavismo aunque esto signifique excluir a la mitad de la población? ¿Son los Consejos Comunales instrumentos de auto-organización comunitaria mediante el cual el pueblo se va apoderando del Estado, o son éstos instancias creadas y financiadas por el Estado para el control vertical de la organización popular? Estos son asuntos críticos que no han sido suficientemente debatidos y de cuya orientación dependerá en buena medida el tipo de sociedad hacia la cual se camina.
En palabras de una luchadora social del Oriente del país:
...la gran mayoría de los Consejos Comunales se han constituido por el recurso o el financiamiento que les da el gobierno, la gente piensa que un Consejo Comunal es para conseguir proyectos y así ha sido la política de estado, llaman a la organización del pueblo, pero éste al organizarse debe depender del gobierno para satisfacer sus más sentidas necesidades, por ejemplo si necesitas comida a precios solidarios y no tienes un Consejo Comunal registrado, es imposible que logres MERCAL o PDVAL, tampoco puedes acceder a una vivienda, ni a un crédito, ni siquiera a lo más simple una bombona de gas comunal, entonces me pregunto ¿ de verdad la organización es para el pueblo o es para que el estado tenga poder sobre lo que el pueblo hace y decide? (...) el sector donde yo vivo que es uno de lo más deprimidos que tiene el pueblo, no podemos acceder a nada de esto sin Consejo Comunal, la respuesta es simple, la organización la planteamos nosotros desde la base; (...) por esa razón y por el interés político partidista no quisieron darle personalidad jurídica a nuestro Consejo Comunal; (...) me alegro que no lo hayan hecho, porque ahora vamos a constituir nuestra propia organización sin depender del estado (...), vamos a organizarnos nosotros mismos para lograr mejoras en nuestra vida, sin tener que depender de lo que el estado nos pueda dar, pues luego nos lo quieren cobran con votos o con caminatas y marchas, vamos a demostrar que el pueblo se puede organizar sin necesidad de pedirle permiso a las instituciones para lograr mejoras, por eso tengo plena fe que vamos a lograrlo, nosotros todavía no estamos tan contaminados con la política de la dádiva, trabajamos mucho, yo diría que como burros y cobramos como peones de fábrica y eso hay que cambiarlo, recoger la basura, sembrar árboles, crear equipos deportivos, hacer valer nuestros derechos constitucionales, como la salud y la educación, promover sistemas de producción con lo que tenemos, rescatar nuestros valores culturales, crear patios productivos ahora que tenemos agua, crear conciencia en la gente, promover la educación en todo momento, para hacer todo eso no necesitamos el permiso de FUNDACOMUNAL ni de ningún otro ente que nos quiera condicionar. Aunque (...) parezca descabellado lo vamos hacer, hay mucha gente que quiere apoyarnos (...); no queremos Consejos Comunales custodiados y permisados por el estado, queremos una organización distinta, libre e independiente y con autonomía propia.
El liderazgo unipersonal
¿Es el modelo de liderazgo unipersonal y la ausencia de espacios colectivos de debate, de confrontación de ideas y alternativas, compatible con la creación colectiva de una sociedad cada vez más democrática? ¿Qué consecuencias puede tener para la sociedad que se busca construir el que se identifique la lealtad con el “dirigente máximo” como la medida de cuán revolucionario es cada quien? Esta concepción del papel del líder la expresó el Presidente Chávez con extraordinaria transparencia en la concentración realizada el 23 de enero del año 2010 para celebrar los 53 años del derrocamiento de la dictadura militar de Pérez Jiménez:
"Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo", declaró Chávez en medio de los vítores de sus partidarios. "No soy un individuo, soy un pueblo. Estoy obligado a hacer respetar al pueblo. Los que quieran patria, vengan con Chávez". "Aquí en las filas populares, revolucionarias, exijo máxima lealtad y unidad. Unidad, discusión libre y abierta, pero lealtad", insistió el presidente. "Cualquier otra cosa es traición", aseguró.
"No me importa lo que piense o diga la oposición. Ya ustedes saben cómo les respondo, pero en las filas revolucionarias, Lealtad.” (9)
¿Cómo procesar las tensiones permanentes que existen entre el impulso del tejido social de base que se ha fortalecido en estos años, la organización y participación democrática desde abajo, y un modelo de liderazgo y toma de decisiones jerárquico y vertical?
Los pueblos indígenas
Una de las áreas más problemáticas de las políticas de este gobierno es la referida a los pueblos indígenas. La Constitución del año 1999 representa un salto cualitativo en la protección de los derechos de estos pueblos después de más de 500 años de colonización, primero española y luego republicana. En dicho texto constitucional se recogen muchas de las reivindicaciones fundamentales por las cuales han venido luchando las organizaciones indígenas en todo el continente durante las últimas décadas. De acuerdo al artículo 119 de esta Constitución:
El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.
De acuerdo a la décimosegunda disposición transitoria de dicha Constitución:
La demarcación del hábitat indígena a que se refiere el artículo 119 de esta Constitución, se realizará dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución.
Después de once años de gobierno es posible identificar las orientaciones principales de lo que ha sido la política gubernamental en relación a los pueblos indígenas. En primer lugar, es muy poco lo que se ha avanzado en la delimitación territorial (denominada tímidamente como “hábitat” en el texto constitucional). (10)
El poco avance en la delimitación territorial tiene severas consecuencias, como puede verse en la experiencia de los pueblos que habitan la Sierra de Perijá. Mientras no ocurra una delimitación territorial que respete “los derechos sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan”, como estipula la Constitución, seguirá la actividad minera y ganadera socavando sus condiciones de vida. ¿Es prioritario para el gobierno la explotación del carbón en las minas de la Sierra de Perijá sobre los derechos de los pueblos Yukpa y Bari, sobre la preservación de la biodiversidad de la zona, sobre las ricas fuentes de agua que son vitales para la vida en el Estado Zulia? ¿No hay límite para esta lógica extractivista?
La no-delimitación de estos territorios impide, en las interpretaciones que han hecho los tribunales, el reconocimiento del derecho propio de estos pueblos. De acuerdo al artículo 260 de la Constitución:
Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público.
En el caso del líder de la comunidad yukpa de Chaktapa, Sabino Romero, es la ausencia de delimitación territorial precisamente el argumento usado por los tribunales para negar el amparo constitución solicitado por sus abogados, exigiendo que se reconozca el derecho de las comunidades en conflicto a resolver sus diferencias de acuerdo a sus propias normas ancestrales. De acuerdo con la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, no pueden aplicar las normas jurídicas propias de los pueblos indígenas porque:
...el lugar del suceso no está perfecta y legalmente determinado o delimitado como un hábitat o territorio indígena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 eiusdem, pues se trata de tierras en litigio entre particulares que no pertenecen a la etnia Yukpa, y el Estado a través de sus órganos competentes, no había para la fecha de los hechos, determinado esas tierras como tierras ancestrales que conforman un hábitat indígena, según lo afirma la representante fiscal en sus escritos de apelación y de contestación, ello hace concluir a esta Alzada (sic) que no asiste la razón a los defensores recurrentes... (11)
De acuerdo a esta interpretación, sin demarcación territorial los derechos de los pueblos indígenas que están contemplados en el texto constitucional carecen de espacio donde hacerse realidad.
Resulta evidente que a diferencia de toda la experiencia histórica anterior, este gobierno ha desarrollado una significativa red institucional y una amplia gama importante de políticas públicas orientadas a los pueblos indígenas. El problema es cuán congruentes son estas políticas públicas con los objetivos constitucionales del reconocimiento de la diversidad y pluralidad de los pueblos indígenas existentes en el territorio nacional. Por el contrario, a pesar de que son llevadas a cabo por funcionarios públicos indígenas, parece tratarse de políticas dirigidas a borrar la diferencia cultural e incorporar a los pueblos indígenas como unos ciudadanos más de la Revolución Bolivariana. De acuerdo al artículo 123 de la Constitución:
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades.
Sin embargo, el gobierno ha impulsado una política sistemática de reorganización del tejido social y productivo de todos los pueblos indígenas -sin excepción- en Consejos Comunales y Comunas Socialistas. Incluso altos funcionarios públicos han declarado que la contraparte reconocida por el gobierno para relacionarse con las comunidades indígenas son los Consejos Comunales, no las autoridades tradicionales. Es difícil pensar que las imágenes de indígenas venezolanos con franelas rojas con la frase Patria, socialismo o muerte constituya la vía para reconocer y fortalecer la otredad cultural diversa de los pueblos indígenas del país.
De continuarse por esta vía, sin una radical revisión de las orientaciones básicas de esta política, y a pesar de todas las buenas intenciones de sus funcionarios, este gobierno podría, en pocos años, lograr lo que cinco siglos de resistencia al colonialismo había frenado: la desaparición de la diferencia cultural de estos pueblos.
Y retomando el tema electoral, ¿por qué si la Constitución establece que los pueblos indígenas tendrán representación en el parlamento, esta decisión no la toman lo pueblos indígenas sino que sus candidatos son sometidos a la consideración del conjunto de la población?
La gestión pública
La improvisación, falta de continuidad de los programas e ineficacia de la gestión pública, constituyen una de las causas principales del malestar de la población hacia el gobierno. Los bajos niveles de institucionalidad y la creación de operativos para llevar a cabo actividades que deberían caracterizar al funcionamiento normal del Estado, dificultan la continuidad aun de los mejores programas. Hay ámbitos de las políticas públicas donde el balance no puede calificarse sino de negativo, es el caso por ejemplo, de la política de vivienda, o más bien, de la ausencia de ésta. Pero aun en las áreas más exitosas persisten problemas. Las políticas orientadas a transformar las empresas del agua, de empresas estatales tradicionales en empresas propiamente públicas (esto es, del público, de todos y todas), y el impulso de los procesos organizativos en torno al agua, como lo han sido las Mesas Técnicas de Agua y los Consejos Comunitarios ha sido destacada, tanto en Venezuela como en el exterior, como una de las experiencias democráticas más ricas de este proceso. Sin embargo hoy, la lógica expansiva de estos fecundos procesos organizativos parece haberse detenido, hay un desgaste innegable en la capacidad de respuesta de las empresas hidrológicas y una pérdida de la iniciativa en las comunidades organizadas. ¿Cómo es posible justificar que, después de once años de gobierno, en algunas comunidades populares de Caracas el suministro de agua ocurra una vez cada tres semanas? ¿Será que se sigue pensando que los barrios populares en los cuales viven una elevada proporción de la población caraqueña son provisionales y por lo tanto carece de sentido realizar las inversiones de infraestructura que estas comunidades requieren?
El gobierno no parece haber reconocido que partir de los avances importantes de la oposición en las elecciones regionales del año 2008, a partir de la elecciones de gobernadores y alcaldes en los estados más poblados y en algunas de las principales ciudades del país, se abrió un nuevo terreno de la competencia entre gobierno y oposición: la competencia en el terreno de la capacidad de gestión pública. Esto se refiere, entre otras cosas, a asuntos tan fundamentales para la vida cotidiana de la población como la recolección de basura, los huecos en las calles, la seguridad...
¿Es posible una gestión pública eficiente, capaz de responder adecuadamente a las expectativas de la población si no existe transparencia? ¿Es posible la transparencia de la gestión pública y la reducción de la corrupción ampliamente extendida si no se reconocen los límites entre lo público/estatal (lo que es de todos) y el ámbito de lo político/partidista? ¿Son las instituciones estatales instituciones públicas o de los partidarios del gobierno? ¿Es PDVSA una empresa pública estatal y por lo tanto de todos y todas las venezolanos y venezolanas o es una empresa roja-rojita? Si los bienes públicos (los bienes de todos) pueden ser utilizados con fines político partidistas, ¿qué impide que puedan ser utilizados para beneficio privado?
¿Qué ha pasado con la contratación colectiva en el sector público? ¿Qué significa, desde el punto de vista de los derechos laborales, la sustitución de la negociación colectiva por decretos presidenciales como mecanismo de determinación de las remuneración de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública? (12)
Lo peor que podría ocurrir es que algunas de estas experiencias negativas de la gestión pública contribuyan a confirmar las afirmaciones neoliberales sobre el carácter ineficiente, clientelar y corrupto de las empresas públicas.
La inseguridad
Durante ya décadas la inseguridad ha sido señalada en una forma sistemática por la población venezolana como el principal problema del país. No es posible, después de once años de gobierno en los cuales la tasa de homicidios prácticamente se ha multiplicado por tres, convirtiendo a Caracas en una de las ciudades más peligrosas del mundo, seguir afirmando que es éste un problema heredado de los gobiernos anteriores o que es producto del capitalismo. Transformaciones profundas del régimen judicial y del sistema carcelario son urgentes. Los pasos dados en la dirección de la creación de una nueva policía nacional constituyen la única señal de que el gobierno comienza, finalmente, a reconocer la seriedad del problema.
La soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo
¿Hasta cuándo va seguir siendo el tema del aborto un tema tabú en Venezuela? ¿Cómo es posible que incluso en un país como Colombia, con tan fuerte dominio de gobiernos de derecha, la legislación sobre el aborto sea menos restrictiva que en Venezuela? ¿Estamos en un Estado laico, en una “Revolución Bolivariana” o la iglesia católica puede continuar imponiendo su moral privada como política pública obligante al conjunto de los habitantes de este país? ¿Dónde está la voz de las mujeres chavistas? ¿Dónde está la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por lograr la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo? ¿Se puede construir una sociedad democrática si a la mitad de la población se le niega la primera de todas las soberanías, la soberanía sobre su propio cuerpo?
La despenalización del consumo de drogas
La llamada guerra a las drogas se ha convertido en una justificación ampliamente utilizada, principalmente por el gobierno de los Estados Unidos, para la represión y militarización generalizada del planeta. Ha pasado a ser una modalidad fundamental de acumulación tanto para los carteles de la droga como para el capital financiero, así como una fuente de corrupción en todo el mundo. Ni el gobierno de los Estados Unidos, ni los grandes capitales que se benefician de este negocio, están dispuestos a siquiera discutir la despenalización y la posibilidad de tratar las adicciones a las drogas duras como un problema de salud pública. ¿Hasta cuándo va a seguir siendo este un tema tabú en Venezuela? ¿Acaso desconocemos su incidencia en el clima general de inseguridad y violencia en el cual vivimos?
VI. Resultados electorales y la continuidad del proceso de cambio
Son estos -entre otros- algunos de los asuntos más críticos que tienen que ser debatidos abiertamente para lograr una reflexión colectiva sobre el rumbo del proceso de cambio que se da en el país y para explorar la necesidad de rectificaciones y reorientaciones. Desde el punto de vista de la medición de la correlación de fuerzas existentes, los resultados del referéndum sobre la Reforma Constitucional del año 2007 fueron muy similares a los resultados de las parlamentarias. En ambos casos se dio prácticamente un empate, se constató la división del país en dos bloques numéricamente equivalentes. En el referéndum la oposición ganó por 1,4% de los votos. En las parlamentarias, el gobierno bolivariano ganó por menos de 1%. En el 2007 el Presidente Chávez, al reconocer la derrota, anunció la necesidad de reflexionar sobre la causas de ésta y formuló la línea política de las tres Rs: revisar, rectificar, reimpulsar. Esta disposición de reflexión autocrítica no duró mucho tiempo, no tuvo demasiadas consecuencias ni en el partido ni en el gobierno, pero contribuyó a abrir y a legitimar lo que en ese momento fue un muy rico proceso de discusión en las bases del chavismo y las organizaciones populares. Se produjo un debate abierto en el que no existían temas que no pudiesen ser discutidos. Fue el proceso de confrontación de ideas más rico y más democrático que se ha dado durante esta última década. Estamos ante la necesidad de retomar ese rumbo. Si por el contrario se continúa enfatizando la tónica celebratoria de esta “contundente”, victoria, se cierra lo que podría ser una última y extraordinaria oportunidad y se pondría en riesgo la continuidad del proceso de cambio.
Si como afirmó Chávez se trató de una victoria “holgada y contundente”, si se ha reafirmado categóricamente el apoyo del pueblo venezolano a la dirección actual del proceso de cambio: todo está bien y no hay nada que discutir. Si como afirmó el Alcalde del Municipio Libertador Jorge Rodríguez, el voto popular es un “eufemismo,” (13) en realidad no hay necesidad alguna de leer su significado.
De la forma como se interpreten las coyunturas políticas críticas depende, evidentemente, las enseñanzas que se saquen de los acontecimientos y las políticas que de éstos se deriven. En la medida en que la política implica una dinámica de interacción permanente con una realidad en movimiento, las políticas de cambio tienen que ir respondiendo creativamente ante situaciones cambiantes. Líneas políticas que opten por ignorar la realidad político-social en la cual actúan, no pueden sino estrellarse.
Como propaganda dirigida a incautos, a analistas políticos internacionales acríticos, o incluso como autoengaño, estos análisis triunfalistas pueden resultar para algunos útiles y auto justificatorios. Como análisis político de lo que estos resultados expresan sobre la realidad de la sociedad venezolana actual y los retos que esta situación plantea, este triunfalismo es, por lo menos, profundamente irresponsable.
Si se tratase de un gobierno “normal” en un contexto de democracia liberal representativa con alternancia de partidos, podrían evaluarse estos resultados electorales en términos más positivos. Después del desgaste que significa once años de gobierno, el chavismo todavía conserva el apoyo de la mitad de la población del país. Pero, si de lo que se trata es de un proyecto de transformación profunda de la sociedad, de un proyecto correspondiente a los intereses de la mayoría de la población, la lectura tiene que ser otra. Se trata en este caso de la lucha por la construcción de una nueva hegemonía político-cultural que tendría que pasar necesariamente por una ampliación creciente y sostenida del apoyo de la población al proyecto de cambio. No es sostenible en el tiempo un intento de transformación si la mitad de la población no sólo no comparte la propuesta del proyecto de cambio, sino que además está firmemente opuesto a éste. No parece estarse ganando la batalla de las ideas. No se está avanzando en la construcción de una nueva hegemonía, condición de posibilidad para la continuidad en el tiempo de una sociedad alternativa al régimen del capital, si en lugar de ir avanzando en la ampliación del apoyo de la población al proyecto de cambio, lo que ocurre es un continuado deterioro de este apoyo, incluso entre amplios sectores del mundo popular.
¿Cómo se espera que la población del Distrito Sucre responda ante afirmaciones como las formuladas por el Presidente Chávez de que no otorgaría financiamiento para la culminación las obras del Hospital Pérez de León, porque el gobierno de ese municipio es de oposición?
La confrontación radical con la oposición, la definición de todo opositor como escuálido, como agente del imperialismo, como burgués, como enemigo del pueblo, sirvió en los primeros años para constituir una identidad popular chavista y para consolidarla en el tiempo. Sin embargo, esta lógica de permanente confrontación dicotómica de amigo/enemigo, con el tiempo ha terminado por ser contraproducente. Al exigir incondicionalidad al líder y calificar como traición a todo desacuerdo, se va produciendo una “depuración” sostenida del proceso que se traduce en una reducción de la base de apoyo. Esta “depuración” por otra parte no necesariamente garantiza la preservación, al interior del proceso, de los cuadros y militantes más honestos y más comprometidos con las causas populares. Con seguridad, el oportunismo y el usufructo ilegítimo de los bienes públicos para el enriquecimiento privado tienen que auto-protegerse bajo el manto del lenguaje más radical y de la mayor incondicionalidad al liderazgo del Presidente Chávez. Pero igualmente, la fuerza identitaria y simbólica de apoyo al chavismo termina por crear su contraparte, una identidad antichavista crecientemente, igualmente firme, que puede hacer uso de todos los medios electorales de los que disponga para intentar derrotar a Chávez, pero que con seguridad consideraría como justificada y legítima cualquier salida no constitucional. Si la guerra es a muerte (“Patria, socialista o muerte”) es de esperarse que el otro bando asuma igualmente que lo que está en juego es la derrota definitiva de una de las dos partes en conflicto. ¿Pero qué ocurre si esa otra parte constituye la mitad de la población? ¿Es éste un proceso sostenible en el tiempo?
Dadas las apetencias imperiales por el petróleo venezolano, la creciente presencia militar de los Estados Unidos y las permanentes amenazas desestabilizadoras de los procesos de cambio en el continente (Bolivia, Honduras, Ecuador), la ampliación de la base social y de su legitimidad tanto nacional como internacional se constituye en una condición sin la cual se pone en severo riesgo el proceso de cambio en Venezuela.
Caracas octubre, 2010
NOTAS
1. Estas cifras tienen alguna diferencia con los resultados del voto lista nacional (común para todos los electores en el país) para la elección de los representantes de Venezuela ante el Parlamento Latinoamericano. En esta votación fue un poco mayor la diferencia a favor del gobierno: 5.268.939 votos contra 5.077.043 votos obtenidos por la oposición, una diferencia de menos de 2% de los votos totales válidos.
2. Los votos de las elecciones regionales de esta columna no son totalmente comparables con los de las otras dos elecciones ya que en las elecciones municipales tomadas como referencia hubo una dispersión un poco mayor de candidatos, y no fue tan plena la polarización entre gobierno y oposición con un solo candidato de cada lado. Se han sumado a la columna ya sea de gobierno o de oposición, los votos otros candidatos identificados con uno de los dos polos que obtuvieron más de 1% de la votación.
3. Como se señaló arriba la diferencia fue de menos de 1% a favor del gobierno. 11
4. Esto está cambiando como consecuencia de la acelerada expansión reciente de algunos países del sur geopolítico. A pesar de que sus emisiones per cápita siguen siendo muy inferiores a las emisiones de los países del norte, China se ha convertido en el país que produce más emisiones de gases de efecto invernadero.
5. República Bolivariana de Venezuela Presidencia, Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista. Desarrollo Económicos Y Social de la Nación 2007-2013, Caracas 2007 [http://www.mpd.gob.ve/Nuevo-plan/plan.html]
6. PDVSA. [http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_obj _id=130&newsid_temas=81]
7. Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch, “El Plan Estratégico de la Nueva PDVSA: ¡Un nuevo salto al abismo!”, Soberanía, 27 de agosto, 2005, [www.soberania.org].
8. Ver sobre esto las opiniones de Víctor Álvarez en: Roberto Deniz, “Afirman que política económica actual elevó el rentismo petrolero”, El Universal, p. 1-6. Caracas, 1 de octubre, 2010.
9. “Presidente Chávez: Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo. No soy un individuo, soy un pueblo”, Agencias- Aporrea.org - [www.aporrea.org] 23 de enero 2010.
10. Ver: Esteban Emilio Mosonyi, “Balance general de los 10 años del proceso bolivariano: pueblos indígenas. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 15, no. 1, enero¬abril 2009.
11. Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Expediente N° 10-0192, Caracas 22 de julio 2010. [http://www.tsj.gov.ve]
12. De acuerdo al artículo 96 de la Constitución: “Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los que establezca la ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad.”
13. Pedro Pablo Peñaloza, “PSUV movilizará al pueblo contra la bancada opositora”, El Universal, 1-2, Caracas 30 de septiembre, 2010.
