Por Ricardo Patzán

Paulatinamente, el gobierno de Bernardo Arévalo ha empezado a presentar ante el sistema de justicia denuncias por casos de corrupción ocurridos en la anterior administración de Alejandro Giammattei.

La denuncia más reciente es por un caso sensible ocurrido en lo más álgido de la pandemia del Covid-19. Se trata del oscuro negocio por el cual fueron compradas millones de dosis de la vacuna Sputnik V a una empresa rusa. En 2021 fue firmado el contrato con la empresa Human Vaccine, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF). La injustificada confidencialidad del contrato, el ingreso a cuentagotas de las vacunas y otras irregularidades de inmediato generaron serias dudas sobre si dicho contrato era lesivo para el Estado guatemalteco, y sospechas de malos manejos cayeron inmediatamente sobre el exmandatario Giammattei y su mano derecha y pareja, Miguel Martínez.

El 4 de abril recién pasado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y la Comisión Contra la Corrupción, con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, presentaron ante la Gestión Penal del Organismo Judicial, una denuncia contra la exministra de salud, Amelia Flores, por la comisión de posibles delitos al firmar el contrato de compra de las vacunas Sputnik V. La acusación es por el posible involucramiento en Abuso de Autoridad, Incumplimiento de Deberes y Peculado o Malversación de Fondos.

El contrato con Human Vaccine LLC, fue por la compra de 8 millones de dosis de vacunas, por la cual se pagaron Q 614.5 millones, correspondientes al 50% de la cantidad negociada. El contrato fue mantenido bajo condición de confidencialidad, supuestamente a petición de la empresa, y las críticas a las condiciones del contrato incrementaron ante la entrega sumamente pausada de las vacunas; se recibieron 20 lotes, el último de los cuales ingresó el 30 de diciembre de 2021.

En conferencia de prensa, el gobierno, representado por el procurador general de la nación Julio Saavedra y el ministro de salud Óscar Cordón, señaló 11 puntos que motivaron la presentación de la denuncia contra la negociación de las vacunas. Entre ellos está que el contrato se firmó con una empresa que no se dedica a la producción de vacunas, y no está claro quién firmó por dicha empresa; no se negociaron condiciones de entrega favorables para el país, siendo aceptadas todas las condiciones de la negociación sin comparar otras opciones de mercado; fue ilegal negociar el pago de regalías para Human Vaccine; en caso de incumplimiento de parte de la empresa, el Estado guatemalteco tenía derecho a una indemnización de solo Q 100 mil; según el decreto 1-2021, las compras relativas a insumos por la pandemia debían ser hechas directamente al fabricante, sin intermediarios; la confidencialidad del contrato no está justificada.

En términos generales, indicó Saavedra, la ilegalidad de la contratación radica en que no se cumplió con las condiciones y aspectos que estipula la Ley Para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas Contra el Coronavirus Covid-19, Decreto 1-2021, aprobado por el Congreso de la República (La Hora 04/04/2024).

El principal problema con esta denuncia es que solo implica a la exministra de salud Amelia Flores, a pesar de que las gestiones en Rusia fueron obra del exministro de Relaciones Exteriores Pedro Brolo, y con la autorización del expresidente Giammattei; en el contrato figura la firma de Flores, nada más. Según Saavedra, le corresponderá al Ministerio Público investigar quiénes más están involucrados en la negociación del contrato, y ya sabemos de parte de quién están el MP y su jefa Porras.

En una entrevista, la exministra Flores aseguró que antes de la firma del contrato de las Sputnik V, había sostenido conversaciones con fabricantes estadounidenses, habiendo llegado a avances importantes. Sin embargo, en enero de 2021 fue citada al despacho de Giammattei, donde el expresidente y el excanciller le informaron que ya tenían conversaciones con Rusia sobre la vacuna; durante la negociación del contrato ninguna de las instituciones del Estado puso objeciones y todas le indicaron que todo estaba bien y debía firmar (La Hora 05/04/2024).

Uno de los argumentos utilizados por Cordón es que se obligó al Estado a comprar una vacuna que no estaba certificada por organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este no es un argumento válido o central. Evidentemente, que la OMS no certificó las vacunas de Rusia y China contra el covid (las vacunas de India fueron certificadas hasta el 2021 y por “Emergencia”) porque defendía los intereses de los grandes laboratorios y compañías farmacéuticas de Estados Unidos y Europa, que peleaban por tragarse solo ellos el multimillonario negocio del mercado de las vacunas. Lo que se debe investigar son los sobornos y coimas recibidos por el circulo corrupto de Giammattei.

Es obvio que Giammattei y sus secuaces organizaron las cosas para que solamente Flores resultara implicada. Corresponderá a la exministra, en su momento, denunciar a quienes la orillaron a firmar el lesivo contrato. Al pueblo trabajador organizado le corresponderá presionar al gobierno y a MP para que todos los implicados en esta criminal confabulación reciban su merecido castigo.

Por Leonardo Ixim

La alianza legislativa que el Movimiento Semilla estableció en el Organismo Legislativo con partidos de derecha que lavándose la cara se desmarcaron con el bloque conservador golpista ante el claro hecho de no tener mayoría legislativa,  pero sobre todo por la campaña que los partidos golpistas como VAMOS, Valor, Unionista y otros (ahora en la oposición) contra el partido gobernante, tiene muchas debilidades.

Si en un primer momento (pese a ganarle la conformación de la Junta Directiva del Congreso de la República) lograron con el apoyo de las Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad que los 23 diputados de3 Semilla se convirtieran en independientes ante el ilegal hecho de la acción judicial de poner en suspenso  la ficha partidaria; la presidencia dirigida por ex jefe de la policía Nery Ramos del minoritario Partido Azul, pareciera dar cierta estabilidad a la acción de gobernabilidad de Semilla.

Es decir, esta tan mentada gobernabilidad – que igual se replicó a nivel de consejos municipales y en menor éxito en las gobernaciones departamentales aun sin concluir – no es más que una base social y política para ejercer algún tipo de autoridad de parte del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Autoridad que implica ejercer la dominación burguesa respondiendo algunas demandas sociales y cooptando liderazgo, situación que ya lo vimos en los gobiernos de Álvaro Colom y Alfonso Portillo, pero con el compromiso electoral de hacerle frente a la rampante corrupción, donde se observa algunos hechos puntuales en ese sentido.

 De tal forma que este gobierno y su alianza oficialista en el Congreso tiene que contrarrestar las campañas de la ultraderecha para defenestrarlo, especialmente desde la trinchera del Ministerio Publico y sobre todo navegar en aguas turbulentas del modelo económico y social neoliberal, donde también debe mostrar cierta diferencia ante la demanda electoral, pero sin poder ni querer romper con los grupos de poder económico.

Tal situación se vio recién con la destitución de la ministra de medio ambientes Maria Jose Iturbide una ex funcionaria del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, pero afín a los lobbys empresariales de la supuesta responsabilidad ambiental. Y aunque bajo la causa por el uso indebido de recursos (vehículos) para la hija de esta, Iturbide había tenido criticas después de avalar el estudio de impacto ambiental que formo parte de los procedimientos para autorizar la mina de Cerro Blanco, en Asunción Mita y que tiene el rechazo en las poblaciones locales y del El Salvador, al estar cerca de la línea fronteriza.

Volviendo al Congreso de la República,  algunos logros ha tenido la alianza oficialista, como la aprobación de la ley de tarjetas de crédito donde regula los acosadores procedimientos de cobro a los tarjetahabientes pero que no toca el punto medular, que son las altas tasas de interés que los operadores de tarjetas aplican sobre los usuarios.

Así quedan pendiente otra de los ofrecimientos de campaña de Semilla, como la ley de competencias, Guatemala es uno de los pocos países en América Latina sin esta regulación, que de hecho es mencionado en la Constitucional Política sobre la necesidad de regular los monopolios. Existen tres proyectos legislativos y el consenso en el Congreso, reflejo de los intereses burgueses de aprobar tal legislación.

Pero el hecho está que ninguno de estos proyectos va al fondo de la prohibición de los monopolios. Por ejemplo, vemos como en países capitalistas desarrollados, esta es una constante de todos los donde vive aplicando multas y otras medidas por las prácticas monopólicas de los grandes grupos de la burguesía. Pero es más, los proyectos en discusión no tocan un punto fundamental que afecta a la economía popular, es decir el establecimiento de precios de parte de estos grupos, sobre todo de los bienes básicos para la subsistencia de la clase trabajadora,  pues la formación de precios se da a partir las ventajas monopólicas en la producción y en la distribución.

Como corolario, Daniel Pascual dirigente del Comité de Unidad Campesina, señalo que la  violación a los derechos humanos a las comunidades campesinas, siguen en aumento y ante eso podrían salirse de la mesa de conflictividad agraria que el gobierno conformo con esta y otras organizaciones, mostrando así las dificultades del partido de gobierno para lograr cierta base social rural.

Los socialistas centroamericanos consideramos que no se debe tener más expectativas con Semilla y  el gobierno de Arévalo y Herrera, de las que un partido de orientación democratista puede dar. Urge organizar un Encuentro Nacional de Luchas Populares con diversos sectores de las clases populares, trabajadoras y los pueblos, ante la limitación del programa de Semilla y la embestida ultraderechista.

Arévalo recurre a la OEA pero se niega a autorizar que el pueblo elija directamente a los magistrados

Por Armando Tezucún

Durante su reciente visita a Estados Unidos, a finales de mes de marzo, el presidente Bernardo Arévalo participó en la Sesión Protocolaria de la Organización de Estados Americanos (OEA). Durante su discurso, el mandatario guatemalteco solicitó a esta institución bajo control de imperialismo estadounidense, que dé acompañamiento al próximo proceso de elección de nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones (CA) en Guatemala, a realizarse en el mes de octubre del presente año.

Arévalo dijo: “Así como este organismo acompañó las elecciones y la transición, Guatemala solicita a la OEA que dé acompañamiento a la elección de autoridades de sistema de justicia, mediante un sistema de observación de este proceso. La historia nos presenta una nueva oportunidad para reafirmar que el compromiso de esta comunidad, se guía sobre una base de valores comunes” … “Estamos en la víspera de una importante batalla jurídica y política, en la que el pueblo se enfrentará a los grupos que controlan el aparato judicial” (Prensa Libre 26/03/2024).

Es un hecho que las estructuras corruptas que buscan preservar el status quo y el acaparamiento del Estado para su beneficio, se han agazapado tras el sistema de justicia, utilizándolo para maniobrar contra el gobierno de Arévalo y su partido Semilla. Desde la jefa del Ministerio Público, hasta los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), y los de la Corte de Suprema de Justicia, se han confabulado para torpedear a la nueva administración.

En el caso de los magistrados de la CSJ y CA hay una situación peculiar, y es que fueron electos en noviembre de 2023, con 4 años de retraso, pues una investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Caso Comisiones Paralelas 2020), reveló acuerdos previos con una lista consensuada para la elección, lo que detuvo el proceso en su momento. En noviembre pasado, la CC ordenó al Congreso realizar la elección, y finalmente fueron electos los actuales magistrados, que estarán en sus cargos solamente un año.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, no respondió directamente a la solicitud de Arévalo, solo reiteró que las elecciones de 2023 fueron justas, “A la fecha las instituciones siguen lidiando con grandes desafíos, las acciones del MP continúan a la fecha. Fuimos testigos de las dificultades que enfrentó la democracia guatemalteca” (Ídem), y reiteró el apoyo al gobierno de Guatemala en temas de educación, salud, desarrollo y combate a la corrupción. 

Quien respondió al mandatario Arévalo, fue el actual presidente del Congreso, Nery Ramos, aliado del oficialismo. Sobre la solicitud hecha a la OEA, dijo: “Somos respetuosos de las decisiones del presidente Bernardo Arévalo, pero nosotros nos vamos a circunscribir a las facultades y responsabilidades que la ley nos otorga”, remarcando que el nombramiento de los magistrados corresponde al Poder Legislativo (Soy502 01/04/2024).

En efecto, es el Congreso de la República el que elige a los magistrados de las cortes de justicia, para un periodo de 5 años. Los 13 magistrados son escogidos entre una nómina de 26 candidatos propuestos por una Comisión de Postulación. Y en este punto es donde se complican las cosas, porque esta comisión se conforma con delegados de diversas instancias, y en las últimas décadas la asignación de estos delegados ha dado lugar a intrigas, malos manejos, pagos de sobornos y toda clase de movidas chuecas para que partes interesadas coloquen a los candidatos que les convienen.

La Comisión de Postulación está integrada por: un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside; los decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas de las universidades del país; un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios; igual número de representantes de los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones, electos por el Instituto de Magistrados.

Es posible que el Congreso convoque en las próximas semanas a que se conforme la Comisión de Postulación. Arévalo tiene razón cuando dice que se avecina una batalla por el control del poder judicial, al menos en la CSJ y las CA. Pero no la tiene al convocar el apoyo del imperialismo gringo y los gobiernos lacayos de la región en este enfrentamiento. Quien debe garantizar la elección de magistrados idóneos es el pueblo movilizado en las calles, presionando para evitar manejos corruptos. Pero la real solución será que se reforme la ley y se erradiquen las comisiones de postulación, y que los magistrados de justicia sean electos por voto directo y libre del pueblo trabajador.

 

 

 Por Marcos Galicia

La huelga de dolores de la USAC, en su 126 aniversario, reaparece en las calles de la capital. En medio de acciones violentas dentro y fuera del campus y en medio de persecución política, intentos de golpes de Estado, censura y controversia. Pero para narrar la situación actual de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), es necesario comenzar contando la historia de quiénes han sido criminalizados y criminalizadas injustamente por exigir un gobierno universitario más democrático y libre de mafias.

En otras ocasiones hemos narrado cómo el Consejo Superior Universitario (CSU) comenzó una persecución política en contra de quienes se manifestaron en contra del fraude electoral en el que Walter Mazariegos Biolis fue impuesto -violando la autonomía universitaria- como rector de dicha casa de estudios, en complicidad con el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Recientemente, ese mismo CSU emitió una serie de sanciones en contra de 73 personas estudiantes, trabajadores y docentes de la USAC.

Estas sanciones podrían eventualmente desembocar en la expulsión de las y los estudiantes criminalizados, el despido de las y los trabajadores y docentes y la persecución penal hacia la oposición con el fin de instaurar un régimen totalitario dentro de la USAC. Paralelo a esto, se reactivan nuevamente las alarmas de un golpe de Estado que se había desacelerado. Nuevamente Consuelo Porras al mando del Ministerio Público (MP) y su fiscal Rafael Curruchiche, emprenden una serie de medidas legales para anular las elecciones generales del año pasado y con eso invalidar la presidencia de Bernardo Arévalo y Karin Herrera y terminar de destruir a su bancada en el Congreso.

La situación es grave, pues vemos que la Organización de los Estados Americanos (OEA) podría intervenir nuevamente y también hubo una visita de alto nivel por parte de Guatemala hacia el gobierno de los Estados Unidos, en donde el presidente Joe Biden respaldó al actual gobierno en la lucha contra la corrupción, en medio de otros intentos de golpe de Estado. Los nuevos intentos de boicotear al gobierno actual provienen del sistema de justicia y el MP en donde buscaban reactivar los antejuicios contra el binomio presidencial.

Nuevamente entra la USAC en la trama del golpe de Estado, porque es a través del caso “Toma USAC: Botín Político” que se busca encarcelar al binomio y a algunos de sus diputados con el fin de reinstaurar al régimen anterior y detener la lucha contra la corrupción. La situación para las y los estudiantes que fueron sancionados tampoco es alentadora, puesto que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha fallado en brindar protección y garantizar sus derechos como estudiantes y personal de la USAC.

Y, por si fuera poco, nuevamente atestiguamos cómo los grupos de “encapuchados” que participan de la Huelga de Dolores protagonizaron una batalla campal entre los grupos de la Facultad de Derecho, Ingeniería y de otros bloques. Mientras un grupo de valientes estudiantes, catedráticos y sindicalistas enfrentan una persecución ilegal e injusta, un pequeño grupo de encapuchados salen a desfilar -muchos en estado de ebriedad- mostrando sin tapujos las latas de cerveza en mano.

Los intentos de golpe de Estado continuarán y no se detendrán hasta que expulsemos a Consuelo Porras y su camarilla del MP; si el régimen de Walter Mazariegos logra expulsar a la digna resistencia continuará la persecución y la censura dentro de la USAC. ¿En qué parte de la Historia nos abandonaron aquellos huelgueros que tenían consciencia y denunciaban las injusticias con coherencia?

El tiempo corre en nuestra contra. Se avecinan las elecciones en Estados Unidos con un Donald Trump que regresa fortalecido y con posibilidades de ganar nuevamente la presidencia frente a un desgastado Joe Biden, a quien sus incursiones bélicas en Ucrania e Israel le están pasando factura. Eventualmente el gobierno de Semilla se acoplará al status quo, si no es que son retirados antes, y la persecución política en Guatemala podría llegar a compararse con lo que sucede actualmente en Nicaragua. Recuperar la USAC es clave para prevenir un mal mayor para el país y la región.

Por Armando Tezucún

Durante la segunda quincena del mes de marzo, el presidente Bernardo Arévalo continuó con el proceso de entendimientos y acuerdos con sus principales aliados internacionales, los imperialismos estadounidense y europeo, iniciado en febrero. Estos acuerdos no constituyen otra cosa que la entrega de Guatemala a las grandes empresas multinacionales, abriéndoles las puertas para explotar los recursos y la mano de obra nacionales, en contubernio con la oligarquía local.

Si bien en febrero Arévalo realizó una gira por varios países de la Unión Europea, en marzo el punto focal fueron los negocios con los Estados Unidos y la administración Biden, a través de varios encuentros.

El Diálogo Económico de Alto Nivel

El 16 de marzo fue publicada por un diario local una entrevista con el nuevo embajador gringo Tobin Bradley, quien situó en perspectiva los eventos que se avecinaban.

Tuvo especial relevancia el Diálogo Económico de Alto Nivel, que se llevó a cabo el 18 de marzo. Sobre este diálogo, Bradley resaltó que el objetivo es que Guatemala “…se convierta en un motor económico en la región centroamericana” (La Hora 16/03/2024). El embajador dijo que es la primera vez que Estados Unidos tendría un diálogo de este tipo en Centroamérica, con más de 20 representantes de su país, para discutir sobre economía y el trabajo conjunto para convertir a Guatemala en un motor de la prosperidad de la economía en la región (Ídem).

Y, como era de esperarse, Bradley enfatizó que la forma de lograr esto es “…atraer mucha inversión al país y hay que tener un ambiente para la inversión que sea atractivo para diferentes empresas con sus recursos, tecnologías, sus ideas para innovar aquí.” (Ídem). El representante de la administración Biden dejó claro que, para ésta, el nuevo gobierno de Arévalo representa un momento histórico de democracia, “Estados Unidos ve a Guatemala como un socio clave, para su futuro…" y “…una nueva etapa para la economía en Guatemala … hay inversionistas que quieren invertir en un país democrático con transparencia y creo que están listos para trabajar” (Ídem). Y, por supuesto, se nos olvidaba, toda esta oleada tsunámica de negocios e inversiones significa más empleos para los guatemaltecos, ¿Qué clase de empleos? No está claro aún.

Encuentro interempresarial USA-Guatemala

Previo al mencionado Diálogo Económico, tuvo lugar el 15 de marzo la conferencia “Hacia un Crecimiento con un Desarrollo Social Inclusivo”, organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COAS) y la organización empresarial guatemalteca Fundación el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), también estuvieron, cómo no, el democrático presidente Arévalo y miembros de su gabinete. Estos últimos expusieron sus políticas de atracción de inversiones, clima de negocios, la agenda legislativa en el plano económico y los planes de inversión en infraestructura.

Susan Segal, presidente de AS/COAS, resaltó el papel que juega Guatemala en la atracción de inversión extranjera y su papel como socio comercial de Estados Unidos, coincidiendo con el punto de vista del embajador Bradley. Participaron representantes de gigantes empresariales como Corporación Multi Inversiones, Citi Guatemala, la bananera Chiquita, Walmart, AWS (Amazon), Grupo La Mariposa, entre otros.

Segal, en la tónica de la administración Biden, afirmó que “hoy estamos aquí para discutir el momento en que se encuentra Guatemala y la oportunidad que tienen el país para lograr el crecimiento económico, sostenible, inclusivo, constante y a largo plazo” (Prensa Libre 15/03/2024); después de mencionar las ventajas que tiene el país para la inversión, reconoció que, luego de las elecciones del año pasado, la democracia está muy fuerte en Guatemala, lo que atrae la inversión extranjera directa. Segal coincidió con los empresarios guatemaltecos en la importancia de la inversión público/privada, incluyendo la inversión pública y privada de Estados Unidos.

El nuevo ministro de finanzas, Jonathan Menkos, mencionó seis proyectos que tiene el gobierno de Arévalo, para los cuales contempla atraer inversión privada extranjera y nacional; entre ellos está el tramo 1 del metro en la ciudad de Guatemala.

¿Quiénes participaron el Diálogo Económico de Alto Nivel?

Como mencionamos, el 18 de marzo se llevó a cabo este diálogo. Por parte del gobierno de Estados Unidos estuvieron presentes el embajador Bradley, el subsecretario para crecimiento económico, energía y medio ambiente José Fernández (quien encabezó la delegación), el coordinador global anticorrupción Richard Nephew, la subadministradora adjunta para la oficina de América Latina y del Caribe de la USAID Mileydi Guilarte, entre cerca de 20 representantes de 12 agencias del gobierno de Biden.

El gobierno guatemalteco estuvo representado por el presidente Arévalo, la vicepresidente Karin Herrera, el presidente del Congreso de la República Nery Ramos, y ministros y directores de comisiones del Ejecutivo.

El evento tuvo como objetivo general cooperar para promover el crecimiento económico en Guatemala. En palabras de José Fernández: “No solamente hemos traído a una docena de agencias de nuestro gobierno, sino que existen muy pocos diálogos de este tipo en nuestro hemisferio y marcan la promesa de un punto muy especial en la relación bilateral” (Prensa Libre 18/03/2024).

De acuerdo al ministro Menkos, el encuentro tuvo cinco ejes de trabajo: cerrar los caminos a la corrupción desde las instituciones; promulgar la Ley de Competencia, que aún no camina en el Congreso y el establecimiento de alianzas público/privadas para la inversión pública en infraestructura; aumento de la cobertura eléctrica; seguridad alimentaria y nutricional; un esfuerzo bilateral para un acercamiento con las familias vinculadas a las remesas desde Estados Unidos, para una utilización más eficiente de las mismas.

De nuevo Alejandro Mayorkas

Continuando con los acercamientos con el imperialismo gringo, el jueves 21 el presidente Arévalo se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Los temas tratados hacen parte del paquete de políticas implementadas por el país del norte en la región, incluyendo el combate al narcotráfico y la migración.

El secretario reiteró la confianza que tiene su país en el gobierno de Arévalo, razón por la cual se ha dado una seguidilla de reuniones de alto nivel: el Diálogo Económico, el encuentro sobre temas de seguridad con Mayorkas, y un encuentro con la vicepresidente Kamala Harris el 25 de marzo. “…Sabemos que las fuerzas de la corrupción siguen amenazando la democracia y al pueblo guatemalteco y otros pueblos, los Estados Unidos están al lado del presidente Arévalo en su lucha a favor de la democracia y contra las fuerzas de la corrupción”, enfatizó el funcionario (La Hora 21/03/2024).

Arévalo en Estados Unidos

Para finalizar el mes de marzo, el presidente guatemalteco partió hacia el país del norte, por invitación de la vicepresidente Kamala Harris. En una apretada agenda, Arévalo se reuniría el domingo 24 con organizaciones de migrantes guatemaltecos, el lunes 25 con Harris, el 26 con el secretario de la OEA Luis Almagro, participando en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, y el 27 un encuentro con WOLA, organización que promueve los derechos humanos en las Américas.

El lunes 25 se llevó a cabo en encuentro con la vicepresidente. Harris ha sido delegada por el presidente Biden para diseñar e implementar políticas económicas para remediar las causas que provocan la migración ilegal hacia los USA, políticas que han tenido como base la inversión de empresas estadounidenses en la región, además de proyectos implementados por USAID.

En conferencia de prensa, Harris elogió las promesas de campaña de Arévalo, y dijo “Su elección ha traído una sensación de optimismo al pueblo de Estados Unidos y de todo el mundo” (Prensa Libre 25/03/2024). Hizo un recuento de los logros de el plan Central America Forward y de las empresas que han invertido, anunciando nuevas inversiones por US$ 1 mil millones. La vicepresidente finalizó diciendo: “Esta reunión de hoy refleja lo que creemos será un fuerte apoyo continuo de los Estados Unidos a nuestros esfuerzos por consolidar la democracia, fortalecer las instituciones públicas y luchar contra la corrupción, y promover la prosperidad económica y el desarrollo sostenible que beneficie a todos los guatemaltecos” (Ídem). Por aparte, la Casa Blanca anunció un aumento de US$ 170 millones en los fondos destinados a frenar la migración en Guatemala.

En un evento no programado, el presidente Biden se reunió con su homólogo Arévalo el mismo lunes 25. La tónica del encuentro fue la misma, elogios y compromisos, la alianza entre ambos gobiernos y el trabajo en temas de migración y seguridad.

La administración Biden está haciendo un denodado esfuerzo por tener de su lado al país que tiene la economía más grande de la región. El apoyo dado a Arévalo y su partido durante el accidentado proceso electoral, no fue gratuito; el imperialismo quiere evitar a toda costa la influencia de sus competidores ruso y chino en Guatemala, y que el régimen político derive eventualmente en gobiernos autoritarios que escapen de su control, como los de Ortega y Bukele. Para Biden y compañía, la implementación de un régimen democrático en Guatemala va de la mano con una avalancha de inversiones de parte de empresas gringas, en alianza con las oligarquías locales. Los trabajadores guatemaltecos y sus organizaciones debemos estar alertas y asegurarnos del respeto a los derechos laborales y salarios dignos y justos, y el derecho de sindicalización, cuando estas inversiones se hagan efectivas.

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