Ley de especialidades médicas no garantiza la salud para todos

Por Marcos Álvarez

El pasado 4 de abril del 2024 la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas  (LEPM), mediante la cual se conformara el  Consejo Nacional de Especialidades Médicas (CONADEM), la anterior impacta  tanto a los médicos como a todos los profesionales de la salud.

 La  Ley  tiene como objeto regular la autorización del ejercicio de las especialidades de la salud, así como, crear la entidad encargada de normar dichas actividades…, Lo anterior representa un avance siempre y cuando  las  autorizaciones, el ejercicio de la profesiones, Certificaciones  y Recertificaciones no sean politizadas partidariamente y se conviertan en instrumentos de persecución política, sometimiento y chantaje a los profesionales de salud. Asi mismo que  las personas integrantes de la  CONADEM(ente rector) sean electas libre y democráticamente por los trabajadores y profesionales de la salud.

Consulta de Ley dejó fuera  a críticos

La propuesta  de Ley fue presentada por la Federación de Profesionales de la Medicina (FEDEMED) liderada por el Doctor  Carlos Brizuela, varios sectores fueron conultados, no asi las voces desidentes o críticas al Bukelismo, como el Colegio Médico de El Salvador (COLMED). Pareciera que predominó más lo político  que lo sanitario.

Estándar, protección y educación continua

El oficialismo destaca tres elementos  de la Ley como son “…elevará el estándar del nivel de atención a los pacientes;…protección a la población…;…una formación continua…”( https://www.asamblea.gob.sv/node/13136).

Los standard elevados deben ser gozados por  toda la población y no solo  para quienes pueden pagar. Respecto a la formación continua está deberá ser garantizada por el estado y no hacer un negocio de ella.

Los diputados de Nuevas Ideas desconocen la realidad del sistema de salud, en donde al médico ya sea general o especialista le asignan tiempo por paciente y cantidad de pacientes que tiene que atender, a las autoridades les interesan números, no la calidad.

MINSAL e ISSS deben contratar directamente más especialistas

Por su parte el Diputado José Urbina,  considera que la Ley…cerrará la puerta a los charlatanes o a los médicos generales…se les pondrá un tope a los monopolios de esta área.

Los médicos generales son fundamentales en la atención médica-hospitalaria tanto del sistema público, como del ISSS u otros sistemas, a ellos les corresponde en la mayoría de casos  atender a las personas que adolecen alguna enfermedad y no es que ellos quieran sustituir al especialista. El paciente que consulta ya sea al MINSAL o al ISSS y requiere una consulta con médico  especialistas tiene como opciones esperar largo periodo de la cita mientras tanto su enfermedad avanza o se muere, la otra opción es  pagar un especialista privado.

La ley en vez de romper el monopolio podría terminar creando una élite de especialistas allegados al oficialismo a quienes las instituciones gubernamentales y el ISSS les estaría comprando sus servicios, como una medida mediática.

El Bukelismo si en  realidad le interesa la salud del pueblo salvadoreño lo que debería hacer es que el MINSAL y el ISSS contraten mas especialistas y pagarles salarios acorde a su especialización.

De nada sirve tener al mejor especialistas para que de un excelente diagnóstico sino existen los medicamentos adecuados y de calidad, o no existen los insumos necesario.

Reclasificación y mejores salarios

La Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas  (LEPM), no sólo es para los médicos sino también para las demás profesiones relacionadas a la salud; las cuales en la mayoria de casos están a nivel de Licenciaturas como son: enfermeras, laboratoristas clínicos, fisioterapeutas, nutricionista, anestesistas, psicólogos, etc. Quienes desde años vienen luchando por que se les reconozca su grado académico de Licenciatura pero ninguno de los gobiernos anteriores lo realizó, ahora es el momento que el ISSS, MINSAL, hospitales privados y demás instituciones les reconozcan y que se les asigne un salario digno que tenga como base los $3000.00.

Todos los trabajadores profesionales de la salud incluidos los médicos especialistas o no deben integrar una Coordinadora de Profesionales y Trabajadores de la salud y votar un programa de  reinvidicaciones y lucha.

 Por: Salvador Belloso         

A dos años del régimen de excepción la desarticulación territorial de las maras y pandillas no es solo percepción, es verificable si se constata en las colonias, barrios y comunidades que antes estaban bajo la zona de control de esas agrupaciones, es evidente que ya no están operando a sus anchas. Pero a pesar de eso no se respira un clima de tranquilidad, el terror de Estado compensa el miedo anterior, por otro lado continúan las desapariciones y asesinatos no reportados (esto es así para proteger la imagen que promociona el bukelismo) siguen a la orden y cuando se filtran la respuesta lejos de ser profesional e investigada de manera responsable, recibe el mismo tratamiento ya previsible; un enorme show mediático que implica la movilización de un gran número de efectivos militares, un menor número de policías, cerco militar y capturados pertenecientes a una estructura delincuencial, así es, todo sacado de un guion. El cerco militar en Chalatenango merece ser observado más allá de las notas periodísticas.

Resultados exiguos para una magna movilización

A las pocas del despliegue militar y policial en San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador, se dio a conocer la captura de dos personas pertenecientes a una estructura de una pandilla, a quienes se les incautó dos escopetas, de acuerdos al reporte policial. De una incluso se dijo que eran los responsables de dos asesinatos ocurridos unos días antes, al respecto el mismo Nayib Bukele, publicó en su cuenta X: ’’ Ya capturamos a los dos culpables, miembros de la 18 Sureños…No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas’’. Resulta insólito todo; impresionante despliegue para dar con dos sujetos mal armados, quienes además son los culpables puesto que ya estaban identificados como tal previamente, según parece, ya que, si había tan certera identificación de estos individuos, surge la duda por qué de este acto surgen otras eventualidades que al parecer también estaban prediseñadas. Se supone que debe ser un juez de lo penal con independencia quien determine la culpabilidad o no de una persona, pero en El Salvador, de la libertad discrecional de los policías y militares se pasó a elementos inquisidores, tal facultad no legal sino fáctica es dada por el imperio del arbitrio que integra el proceso dictatorial del bukelismo, el Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, pasado declaró el año pasado lo siguiente: ’’El Policía es un juez de la calle que tiene criterios para detener, identificar e individualizar a cualquier persona’’. Semejantes amenazas a la seguridad jurídica de las personas se han cumplido al pie de la letra, así mucha gente inocente ha sido detenida e incluso sufrido daños irreparables dentro de las cárceles bukeleanas.    

¿Está intentando matar el chucho a tiempo?        

En las últimas elecciones Nayib Bukele, pese a lograr una arrolladora y contundente victoria, perdió en 10 distritos de Chalatenango, este Departamento    geográficamente fue base de la extinta organización político-militar Fuerzas Populares de Liberación ’’Farabundo Martí’’, integrante del FMLN histórico, a la fecha sigue siendo un bastión electoral del partido FMLN y sus líderes comunales son veteranos guerrilleros, además existe una organización comunal en la zona, el trasfondo según se ha especulado puede tener como objetivo cortar cualquier indicio de disidencia civil colectiva en el futuro que pueda generar rebeldía y la aparición de nuevas guerrillas, por tal motivo el objetivo de esta operación militar puede que busque constatar la existencia o no de nuevos brotes de guerrilla. El Gobierno actúa como si hubiese una guerra civil, sus métodos para con la población civil son precisamente de un trato de sospecha, igual que en los tiempos de la guerra civil, lo cual debe de parar.

Rompamos con el ciclo de violencia rompiendo los cercos militares      

De la criminalidad y terror de las maras y pandillas hemos pasado al terror de Estado, después de muchos años de vivir con el miedo y la inseguridad, es comprensible que en estos momentos se siga tolerando tanto abuso, no obstante debemos prestar atención a las víctimas del régimen de excepción, veremos que el número va en aumento y cualquier persona de a pie podría pasar a engrosar las estadísticas. Por eso es que debemos exigir no de manera aislada, sino unificada el cese del régimen de excepción.     

 

Por: Alberto Castro   

El Salvador se promociona a nivel nacional e internacional como un país con el rostro renovado, de vivir bajo el oscurantismo de la posguerra, todo ha pasado de pronto a ser diferente con Nayib Bukele, los males son parte del pasado y ahora todo es prosperidad. En la propaganda oficialista se presenta a un Singapur latinoamericano, con los post publicitarios masivos cualquiera que no haga uso de ningún criterio lo creería, sin embargo basta con buscar información sobre la realidad cruda y concreta del país para ver cómo queda retratada tanta mentira. Uno de los problemas reales tiene que ver con la deuda pública, donde el fondo de pensiones constituye una de sus parte integrantes.

El manoseo de las pensiones: práctica de los mismos de siempre        

Lejos de mejorar la deuda pública y la seguridad social de la clase trabajadora, no ha hecho sino aumentar dicha deuda y dilapidar el fondo de pensiones, una práctica nefasta utilizada desde Alfredo Cristiani y repetida por los otros Gobiernos neoliberales hasta llegar con el embustero Bukele.
Si nos basamos en la fuente de datos del Banco Central de Reserva (BCR), podemos constatar el descomunal incremento de la deuda pública en $10,543.4 millones de dólares, una cifra que de continuar a este ritmo podría igualar a la deuda contraída por los últimos 4 Gobiernos juntos. Veamos: Francisco Flores contrajo la deuda en $1,758.9 millones; Antonio Saca $3,145.5 millones; Mauricio Fúnes $4,663.9 millones y; Sánchez Cerén $4,189.5 millones. Recientemente los periódicos locales dieron a  conocer que el Gobierno había tocado cerca de $1,400 millones de dólares, el Gobierno utiliza el fondo de pensiones como fuente de financiamiento, caja chica útil e inmediata que toca constantemente, de la que debido a la falta de transparencia financiera se desconoce de manera precisa cada movimiento.

Reformas van, reformas vienen, pero las AFP se mantienen       

En su momento si hubiese existido voluntad por parte del partido Nuevas Ideas, habría sido posible derogar al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) por uno basado en la solidaridad y en el reparto, tuvieron mayoría absoluta con la coligación parlamentaria con el partido GANA, sin embargo la reforma del 2022 fue otra funesta reforma del esquema neoliberal que consiste esencialmente en lo privado. Con la última reforma el fondo de pensiones no puede seguir comprando deuda pública, sin embargo esta fue una maniobra del Gobierno para sanear el estado de cuentas en su momento y no para solventar una situación de fondo, porque de manera indirecta se continúa el mismo patrón y es por este motivo que las AFP no fueron eliminadas, porque le son necesarias al Gobierno para disfrazar esta adquisición de deuda pública; las aseguradoras tienen la obligación de comprar los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), sin límites y además dicha compra no requiere de calificación de riesgos, o sea, no se adquieren certificados a través del fondo pero sí a través de las administradoras, pero de cualquier forma la compra se realiza con los ahorros de los cotizantes. No solamente el ISP es fuente de financiamiento del Gobierno con el dinero del fondo de pensiones, además también accede a él a través del banco Hipotecario (BH), según informes financieros del 2023, el BH emitió bonos de valores locales por $225 millones de los que entre los principales compradores estaban las AFP.         

Pasividad y respuestas necesarias      

El Gobierno palea sus gastos tomando dinero de las pensiones, la deuda crece pero además también el riesgo que al caer en impago no se atiendan las obligaciones para pensionados por vejez e invalidez. Toda esta escabrosa estratagema del Gobierno hubiese sido denunciada y combatida por las organizaciones sindicales, pero la falta de unidad y sobre todo el control ejercido por bukelismo a través de sus direcciones impide que estos respondan, por lo que es necesario que, de manera independiente y autoconvocada se organicen asambleas para discutir esto y planificar acciones para exigir el cese al manoseo del fondo de pensiones.     

          

         
                 
 

Por Karla Mena

El 20 de agosto del 2021 la Doctora Mónica Ayala actual directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), presentó ante la Asamblea Legislativa una serie de reformas a la Ley del ISSS para su respectiva aprobación por parte de los Diputados. Las reformas  buscaban que fuese la Dirección quien asumiera la presidencia del ISSS y restarle poder  al Consejo Directivo, el cual es un organismo tripartito.

La noticia genero descontento y rechazo en los trabajadores y sus sindicatos llevándoles en la práctica a la unidad de acción y movilización en contra de dicha medida, fue por ello que en ese momento  no fueron aprobadas, pero parte de las mismas propuestas han sido aprobadas recientemente.

Concentración de poder para la modernización

Los planes de concentración de la toma de decisiones dentro del ISSS terminaron consumándose. Finalmente bajo el argumento de Impulsar la modernización y asegurar la oportuna provisión de los servicios de salud, la Asamblea Legislativa con dispensa de trámite aprobó  una serie de reformas a la  Ley del ISSS,  reformando los artículos   8, 10, 11, 12, 13 y 15, partiendo de dichas reforma se  “… establece la salida del Colegio Médico de la Junta Directiva, que pasa a ser de 12 personas; asimismo, la presidencia será tomada por la directora de la autónoma y ya no corresponderá al Ministerio de Trabajo…complementa los beneficios económicos para los cotizantes y derechohabientes. Igualmente busca dar más autonomía a la institución y agilizar sus procedimientos…además establecen que el Ministerio de Trabajo ya no designará a los representantes del sindicato, y estos serán elegidos  por la junta directiva del ISSS y ratificados por el consejo de ministros…”(https://www.asamblea.gob.sv/node/13140).

Respecto a las reformas Christian Guevara de Nuevas Ideas Manifestó: “…Con las reformas, se podrán tomar decisiones más expeditas en todas las áreas, mejorar la infraestructura y capacitar al personal”.

Dichas reformas contrario a darle más autonomía al ISSS, le restan autonomía y permiten que el gobierno pueda hacer lo que al se le ocurra con el dinero cotizado por los trabajadores, sin que nadie se le oponga o diga nada.

El oficialismo y las autoridades del ISSS han hecho un ajuste de cuentas con el Colegio Médico quien ha mantenido constantes denuncias respecto al accionar de las autoridades del ISSS y el manejo de los fondos. El mensaje está claro.

El mismo discurso de la modernización

Al escuchar las declaraciones que dichas reformas son para…Impulsar la modernización.., solo recuerda los planes de os gobiernos areneros de  modernizacion y la privatización de activos del Estado, los cuales tomaron mayor auge con los Acuerdos de Paz en donde instituciones y activos del estado como fueron   bancos, ingenios, hoteles, ANTEL, administración de pensiones, etc. Terminaron en manos de familiares y allegados a los gobiernos areneros.

Es por ello que los trabajadores que vieron dicho proceso ven con reserva las reformas a la Ley del ISSS, ya que  dicha modernización podría llevar a un plan del ejecutivo para tener todo el control de los recursos financieros que administra el ISSS, lo cual pondría en riesgo la seguridad social y uno de sus principales componentes como es una oportuna y eficaz atención médica hospitalaria.

Por una tripartita con mayoria de los trabajadores

Con la reformas a la Ley el Concejo Directivo del ISSS quedaría integrado por: “… Un representante de los ministerios: Salud, Hacienda, Economía y Trabajo.  Un representante del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Este integrante sería nuevo…Un representante del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP). Este integrante sería nuevo. Dos miembros representantes de los trabajadores elegidos por sindicatos inscritos y acreditados por el Ministerio de Trabajo. Dos miembros representantes del sector empleador nombrados por el Ministerio de Economía…El director general del Instituto y en su defecto el subdirector general…Un miembro representante de la Sociedad Dental de El Salvador…” (DEM. 4/04/2024).

En la conformación de esta tripartita del ISSS, los representantes de los trabajadores están en total desventajas agregado a que son funcionarios del mismo gobierno quienes los nombraría. La mayoría de representantes son funcionarios del oficialismo o deberán contar con el aval de gobierno.

La lucha será para que se den  más espacios para representantes de los trabajadores los cuales deben ser electos de manera libre, democráticamente y directamente por las bases de los sindicatos.

Los trabajadores públicos y privados, así como también todos los colegios de profesionales que se conforman derivados de la nueva  Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas tienen el derecho a tener representación en el Consejo Directivo del ISSS sin que ello implique mayor carga económica para la institución.

Las marchas blancas en los gobiernos de ARENA frenaron la privatización de la salud. En  el 2021,  a pesar de su apoyo al presidente Bukele, los sindicatos del ISSS  en su momento se movilizaron y detuvieron la aprobación de dichas reformas. Ahora en el 2024 también es posible frenar las reformas que afectan a los trabajadores y que se implemente un organismo tripartito en donde  los trabajadores, los principales sujetos de la seguridad social,  tengan mayoría. La clase trabajadora salvadoreña debe estar presta a luchar en defensa se la seguridad social.

 

 

Por Josehp Urrutia

Bukele se reeligió como Presidente de la República para un nuevo periodo (2024-2029) a pesar que la Constitución   de la República Salvadoreña lo prohibía, lo cual logro superar mediante una resolución de la impuesta sala de lo Constitucional. El problema no es la reelección sino el antidemocrático sistema electoral imperante y la falta de condiciones que permitan la plena participación democrática. Al final para asegurarse su concentración del poder Bukele termino dando una estocada a la moribunda “anti” democracia burguesa surgida con los Acuerdos de Paz al reducir la representación en la Asamblea Legislativa con la reducción de Diputados, de igual manera lo hiso con los Concejos Municipales.

Las elecciones presidenciales ya pasaron Bukele gano nuevamente con 43.47% del total de votantes algo significativo pero no tan abrumador como lo hacen ver cuando  toman en cuenta solo  a quienes votaron, la realidad fue diferente en las elecciones  municipales en donde  el mayor índice de  ausentismo y el partido oficialista  de Nuevas Ideas solo obtuvo el  11.55%  de apoyo de la masa electoral  lo cual es una debilidad para el Bukelismo.

Para consolidarse como grupo económico dominante el Bukelismo necesita más de 10 años en el ejecutivo además de ejercer un control total de todas las instituciones del Estado, quien ya empieza a trabajar en un tercer periodo o reelección indefinida.

¿Reformas a la Constitución o nueva Constitución?

Mediante Acuerdo Ejecutivo número 295 del  24 de agosto de 2020, publicado en el D.O. número 176, tomo 428, de fecha 1 de septiembre de 2020 el Presidente Bukele delego al Dr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, para coordinar “el Estudio y Propuesta de Reformas a la Constitución de la República, labor que desarrollará con carácter Ad-Hanórem, quedando autorizado para llevar a cabo el estudio, análisis, discusión y propuesta de todas aquellas iniciativas que tengan como objetiva una reforma constitucional, como base para una legislación moderna y eficiente, acorde a las  necesidades actuales de la sociedad…” 

El anterior proceso dio como resultado final el Anteproyecto de reformas a la constitución de la República de El Salvador el contiene un aproximado de 215 reformas a la Constitución vigente de 1983, tácticamente en el 2021 se presentó como reformas y no como una nueva Constitución dejando abierto el espacio para que la actual Asamblea Legislativa apruebe lo relacionado con la reelección. El llamado es analizar estas propuestas presentadas en dicho proyecto.

Prohibición de la reelección

La reelección estaba prohibida en seis artículos de la Constitución estos son los artículos: 75, 88, 131, 152, 154 y el 248. En el Proyecto de Reformas muchos de estos artículos se mantienen  en  el caso del artículo 154  en donde se modifica el periodo presidencial de cinco a seis años. Etc. Según el oficialismo el anteproyecto es el resultado de una amplia consulta con varios sectores, lo cual habría que ver si es verdad, o si se trató de un acto propagandístico en cual dicho sea de paso se incorporaron ciertos elementos progresistas los cuales podrían ser el anzuelo.

Así como antes de ser presidente y a su llegada no estaba de acuerdo al final Bukele dejo ver sus verdaderas intenciones, ahora nuevamente sale sus aspiraciones de una tercera candidatura o reelección indefinida.

Reformas constitucionales para la reelección

El debate actual gira sobre si la actual Asamblea Legislativa puede realizar reformas a la Constitución a pocos días de finalizar funciones sobre todo cuando dichas reformas están relacionadas  a  reelección Presidencial. Según la sentencia 33-2015 de la Sala de lo Constitucional, no ya que esta “…declaró inconstitucionales acuerdos de reforma constitucional aprobados después de la fecha de elecciones de diputados, argumentando que debe haber oportunidad de que los ciudadanos puedan “incidir –a través de las elecciones– en la conformación de la legislatura encargada de la ratificación”, funcionando este espacio como una “etapa informativa”.  (DEM. 21/03/2024). Por lo cual “…la Asamblea Legislativa recién electa para el periodo 2024 - 2027 es quien tiene legitimidad para aprobar un acuerdo de reforma constitucional y la Asamblea que se elija para el periodo 2027 - 2030 es quien tendrá facultad de ratificarla.” (LPG.24/03/2024).

Al respecto  Félix Ulloa vicepresidente de la República opina todo lo contrario y expone las intenciones del oficialismo manifestando: “…si quisiera que hubiese un tercer mandato o una reelección indefinida… es justo el momento indicado”  Argumentando que es válido por que “…Los diputados dijeron nosotros ofrecemos reformar la Constitución... Si son electos, es porque el pueblo estuvo de acuerdo con la oferta que hicieron de reforma antes de las elecciones” (DEM.21/03/2024). De esta manera la sentencia 33-2015 de la Sala de lo Constitucional, quedaría sin efecto.

El proyecto económico capitalista y político de Bukele necesita más años para imponerse, consolidarse y continuar haciendo negocios desde las instituciones del estado y apoderarse de los recursos naturales recargando  su acumulación de capital en la clase trabajadora. La única opción que queda es organizarnos y luchar unidos.

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