Por Andrés Gutiérrez
En estos últimos días del gobierno de Arias, se dio una situación inédita en nuestro país. Un grupo de aproximadamente 80 agentes armados del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entraron al campus universitario (supuestamente persiguiendo a un Policía de Transito que recibía sobornos) y golpearon, dentro de la institución a docentes, estudiantes, trabajadores universitarios y a todo aquel que se opusiera a la intromisión policial dentro de la U.
La respuesta del gobierno fue diversa. Por un lado el Fiscal General de la República, Francisco Dall'Anesse aprobó el actuar del OIJ y se animó a decir que pueden entrar y seguirán entrando cuando lo necesiten. También diciendo que el problema con la autonomía universitaria es un problema de interpretación. El Director del OIJ, Jorge Rojas avaló el funcionar de los agentes judiciales, aduciendo que ellos se subordinan a las órdenes del Ministerio Público y a los Jueces. Por otro lado, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis Paulino Mora, junto con los rectores de las cuatro universidades estatales, anunció la constitución de una comisión institucionalmente que coordinará las acciones con la policía represiva. Por último el presidente Arias no quiso referirse a lo sucedido. Valga decir además que la prensa, como de costumbre, le hizo el juego al gobierno legitimando el hecho y desviando la discusión al hecho de que “la universidad no puede albergar delincuentes
Ahora bien, pese a la diversidad de criterios por parte del Gobierno, es necesario dejar en claro que la autonomía universitaria no se interpreta. Es una conquista social, producto de procesos de resistencia a golpes militares y a gobiernos que restringen todo derecho, desde individual hasta los colectivos, y que en ninguna universidad del mundo la policía puede entrar a golpear y arrestar a miembros de la comunidad universitaria. Es más, justamente cuando se violentado esta autonomía, en otros países es bajo regímenes dictatoriales, permitiendo el aniquilamiento de cualquier persona que signifique oposición a los planes del gobierno (legítimo o no).
En el caso en particular de Costa Rica, el movimiento estudiantil de la UCR, en conjunto con los trabajadores, ha jugado un rol fundamental en la lucha social. En los años 70 tuvieron un importante papel en las movilizaciones populares que obligaron a la empresa norteamericana ALCOA que tenía el aval del gobierno que permitía la explotación de la bauxita en el Valle del General a no desarrollar el proyecto minero.
En el año 2003, también jugó un papel importante en la lucha contra e combo de proyectos en miras de la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Así también participo de las luchas nacionales contra Riteve (Empresa española que tiene un monopolio en materia de revisión vehicular obligatoria) en el 2003. Por último de nuevo tuvo de nuevo un rol importante dentro de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana, que finalizo en la derrota en el referéndum del 2007. Es en este marco en el cual se da el reciente ataque a la autonomía universitaria, siendo así casi como si le estuvieran cobrando a la UCR el hecho de que tuvo una posición crítica al gobierno y a los planes neo liberales.
Pero este no sólo debe de enfocarse como un acto que influye solamente a la comunidad universitaria. Es justo en este momento en donde todo el movimiento social, sindical, popular, estudiantil, indígena ecológico, de mujeres, por los derechos de la comunidad LGBTTI, etc, debe de estar más unido que antes. Es claro que este gobierno, envalentonado por la victoria que tuvo en el referéndum, más las elecciones que le permiten la continuidad con Laura Chinchilla, está realizando un ataque esquematizado sobre las principales conquistas sociales que tiene nuestro país. Es justamente bajo esta idea que tenemos que analizar el ataque a la autonomía sindical (también estipulada en la Constitución Política) que en los hechos permitió un golpe de estado a la Junta Directiva del Sindicato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) que se oponía a la concesión del Muelle de Moín; o también en el caso del visto bueno de la Sala Constitucional (institución por medio de la cual se permitió la reelección de Óscar Arias) a la Minería a cielo abierto en Crucitas, en San Carlos. Así como también la avanzada en contra de los vendedores ambulantes en la Capital, donde golpean brutalmente, además de decomisar la mercadería que les permite sobrevivir a pesar de no contar con un ingreso constante, más allá de lo que puedan vender en el día a día. O también en el nuevo proyecto de Ley de la Relación Pública de Servicio y Modificación del Estatuto de Servicio Civil, que busca “universalizar” todos los sectores de empleados públicos atentando contra conquistas y garantías que han tenido algunos sectores que han salido a luchar contra el gobierno.
En ese marco el 29 de abril se está convocando a una movilización nacional, con un pliego petitorio unificado que contiene algunos de los puntos mencionados anteriormente, producto del Encuentro Sindical y Popular del 17 de abril. En este días diversas organizaciones acordaron realizar esta convocatoria y unificar todos estos puntos en una lucha nacional contra los intereses neoliberales del gobierno. Solamente por medio de la movilización se puede lograr detener esta avanzada del gobierno y para esto es preciso que se siga manteniendo el espació del Encuentro Sindical y Popular, en un marco democrático y participativo, además de nutrir este espacio de más organizaciones sociales, a la vez de realizar un trabajo de convocatoria y de concientización en toda la población de nuestro país.
¡Todos a la calle el 29 de abril! ¡Los derechos se defienden en las calles! ¡Frenemos ya a los neoliberales que quieren vender nuestro país y dejarnos sin derechos!
