Piquete indígena armado de palos en Salitre, Punta Arenas

Por Ramón Sibaja

Contrario a lo que pregona la historia oficial, Costa Rica no es un país de felices colonos blancos, sino que existe todavía, como reminiscencia del genocidio colonial, una minoría de indígenas, que aunque viven en las condiciones más precarias, todavía resiste a esa sistemática política de saqueo y aniquilamiento. Entre estas comunidades en claro proceso de extinción, todavía se encuentran sobrevivientes de las etnias nación Huetar, Bribri, Maleku.Brunkas, Cabécar, Gnäbe, Teribé, entre otras.

Exterminio de indígenas

El punto más alto de la resistencia indígena contra la colonización española fue la sublevación de Pablo Presbere en el año 1709, apoyada por los indígenas de la costa Caribe de lo que hoy es Costa Rica y Panamá. A partir de ese momento, comenzó la extinción de las comunidades indígenas.

Los indígenas de Costa Rica, como en el resto de Centroamérica, fueron desalojados de sus tierras, para dar paso a la constitución primero de haciendas de añil y posteriormente de café, ganado y otros cultivos.

La lucha por la recuperación de tierras

A pesar que en las últimas décadas en Costa Rica se aprobó la legislación que protege a las comunidades indígenas, siendo la más importante la Ley N° 6172 de 1977, esta decisión no ha parado los constantes ataques de los terratenientes.

Las 24 comunidades indígenas en Costa Rica apenas ocupan el 6% del territorio nacional, en una extensión de 3.344 km2, con una población no mayor de 60,000 personas

La ratificación del Convenio 169 de la OIT por parte de Costa Rica no ha pasado de buenas intenciones. El principal violador de la legislación indígena es el propio gobierno de turno, pues nunca hacen nada para detener el genocidio camuflado y el asalto sobre las tierras comunales.

En 2012 y 2013, fueron masacrados a balazos, machetazos y quemaduras con hierro caliente –como en la época colonial— indígenas de la comunidad de Térraba y Rio Azul, respectivamente. Estas pequeñas masacres dieron lugar a denuncias ante la ONU, por violación a los derechos humanos de los indígenas.

En octubre del año 2008, después de 7 años de pleito judicial, la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI) del Territorio Indígena de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, ganó una demanda de anulación de transacciones relacionadas con las tierras comunales, y las tierras volvieron al dominio de la comunidad.

El conflicto se mantiene

El conflicto se ha mantenido latente, pero a inicios de julio, la comunidad indígena de Cedror de Salitral, Buenos Aires de Puntarenas, cansados del asedio constante, pasaron a los hechos, a recuperar sus tierras que han sido tomadas por los “sikuas” (finqueros no indígenas), bloqueando las entradas de acceso a las mismas. En represalia, los finqueros quemaron ranchos y expulsaron, armas en mano, a los indígenas.

Como era de esperarse, los terratenientes e invasores han librado una batalla legal, argumentando que tienen títulos de propiedad.

Tibia posición del gobierno del PAC

El presidente Luis Guillermo Solís no se ha pronunciado a favor de los indígenas, sino por el establecimiento de un diálogo entre los sectores en conflicto, a pesar que artículo 3 la Ley N° 6172 ordena que las tierras de las comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas de las comunidades indígenas que las habitan. Las tierras comunales se demarcaron por primera vez por medio del Decreto Ejecutivo N° 34 del año 1956.

Ana Gabriel Zúñiga, Viceministra de la Presidencia, encabezó la comisión gubernamental que visitó el lugar del conflicto. Los enfrentamientos han bajado de intensidad pero la pelea legal sigue, y es el terreno donde los “sikuas” pretender derrotar una vez más a los indígenas.

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) ha solicitado la intervención del gobierno y de la Asamblea Legislativa, pero hasta el momento las respuestas han sido tibias y más bien conciliadoras con los “sikuas”.

Llamado al movimiento obrero y la izquierda

La defensa del derecho a la tierra por pate de las comunidades indígenas debe ser defendido por las centrales obreras, los sindicatos y organizaciones populares. Es lo menos que podemos hacer para evitar la consumación del exterminio de las etnias, ya que las tierras comunales mantienen vivas y unidas a estas colectividades, que han sufrido una sistemática política de exterminio y de saqueo.

Los partidos de izquierda debemos ser los campeones de la unidad en la acción por la defensa de los derechos de los indígenas. Dentro de la Asamblea Legislativa, los diputados del Frente Amplio (FA) han demandado un urgente acción del gobierno, pero este llamando parece una prédica en el desierto.

Se requiere impulsar la movilización de solidaridad en las calles, y que la Asamblea Legislativa vote una resolución que ordene a la Fuerza Pública no intervenir en desalojos y acciones de represión en contra de los indígenas. Ellos, que son la mayoría sabrán como defenderse de los ataques de los “sikuas”. Ya lo han hecho y lo seguirán haciendo.