Las luchas contra el Combo de privatizacion del ICE han sido las mas importantes del siglo XXI
Por Carlos A. Abarca Vásquez
INTRODUCCIÓN
La sociedad costarricense experimento otra fase histórica entre 1980 y el 2010. En ese período surgió otro ciclo económico depresivo que condensó y acentuó los efectos de la crisis de 1973-75 y de la coyuntura de revolución popular y contrarrevolución imperialista en Centroamérica. Bajaron los indicadores de crecimiento de la economía que impulsó desde 1960 la expansión capitalista, mediante diversificación de las exportaciones y la sustitución de importaciones. El pueblo nicaragüense barrió al régimen dictatorial y en los otros países los gobiernos perdieron legitimidad, hasta la firma de los acuerdos de desmilitarización de Esquipulas I y II en 1986-1987.
La restauración económica se logró en alguna sincronía con la hegemonía del capitalismo neoliberal e imperialista europeo y norteamericano durante los gobiernos de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. A través de las agencias internacionales de crédito, el “Consenso de Washington” activó una estrategia de reproducción del capital con estímulos y subsidios a las inversiones financieras, reducción de salarios e ingresos de las capas medias y alzas en los impuestos indirectos. De esa manera se crearon nuevas condiciones para pagar la deuda externa, reducir la inversión directa del Estado en funciones consensuales y ampliar el crédito exterior destinado a modernizar la infraestructura vial, la gestión administrativa, la importación de tecnologías y a mejorar obras públicas imprescindibles al comercio exterior y la circulación del capital.
Esta estrategia configuró la década 1980-1990 como un período de transición, en el cual se gestaron otros cambios. Concomitante a las crisis financieras de fines del decenio del 90 y principios del siglo XXI se impulsó en Centroamérica un neoliberalismo feudatario con una modalidad de dominación erigida sobre el bipartidismo burgués. El “modelo” tuvo vigencia entre 1995 y el 2013, pero en un clima de zozobras provocado por la inestabilidad monetaria y el alza en los precios del petróleo, como consecuencia de la expansión imperialista en el Medio Oriente y Asia.
Desde 1985 surgió otra ola de protestas laborales y sociales, y emergieron nuevos actores de clase media y popular. Al mismo tiempo, surgió una modificación estructural en las luchas sociales, sus actores y tipos de conflictos. Después de la huelga bananera del Pacífico Sur, de julio-setiembre 1984, se produjo la derrota política del sindicalismo clasista y de las luchas campesinas contra los latifundios. Entre 1976 y 1986 declinó medio siglo de exitoso desempeño del movimiento obrero y campesino de inspiración socialista.
Simultáneamente, tomaron auge el solidarismo, el cooperativismo y el sindicalismo gremial, un trípode bastante funcional a la reproducción del capital. Las asociaciones de productores agrícolas y las cámaras empresariales se volvieron beligerantes. Gremios, asociaciones y coaliciones de trabajadores del sector público tuvieron mayor protagonismo en las protestas laborales, sin liderazgos políticos claros ni unitarios. La insubordinación se volvió rasgo común entre los pobladores de barrios y comunidades relegadas. Repuntaron los grupos ambientalistas, de género y por la diversidad sexual.
Hacia 1910 la burguesía neoliberal perdió la hegemonía electoral. El ascenso al gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) y una importante fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio (FA) delinearon otra correlación de fuerzas políticas en el gobierno, instituciones estatales y la gestión municipal.
Este artículo forma parte de ese entramado histórico y porta los siguientes objetivos:
- Observar las protestas y la diversidad del descontento popular y ciudadano en relación con la coyuntura histórica y los cambios económicos internos.
- Caracterizar la transformación de los procesos de disenso social entre 1980 y 2010.
- Describir el movimiento de cambios ocurridos en esas fases del desarrollo capitalista en conexión con la dominación global del imperialismo.
II. REIVINDICACIONES DE LAS PROTESTAS SOCIALES
Entre 1980 y 1990 hubo en Costa Rica al menos 385 eventos de protesta laboral y conflicto social. El 45% ocurrió hasta 1985; un lapso marcado por la crisis de 1979-1983, la derrota de la dictadura somocista, la guerra contra la revolución, la controversial administración de Rodrigo Carazo y el inicio de los programas económicos neoliberales en el gobierno Monge Álvarez, con la firma del primer Plan de Ajuste Estructural. En esencia el cambio eliminó controles y normas legales a la economía de mercado, abandonó la intervención del Estado en inversiones productivas y debilitó las instituciones del Estado Benefactor.
El conflicto y las protestas de diversos sectores cubrieron toda la geografía política. Casi el 80% de eventos de inestabilidad social se concentró en el valle central, entre Turrialba y San Ramón. Hacia 1983 toma vistosidad en la región atlántica, en Puntarenas y en menor grado en Guanacaste, San Carlos y Upala. Desde 1985 estas manifestaciones irradiaron con más intensidad de la periferia del Valle Central. Asimismo, fue progresivamente en aumento entre pobladores de barrios y comunidades de San José, Limón, Cartago, Turrialba y Upala.
La reivindicación de las condiciones de trabajo y del nivel de vida fue una lucha recurrente. El tema salarial en relación con el alza en el costo de la canasta básica y, en menor grado, con las alzas en las tarifas de buses, agua, electricidad y vivienda fue la consigna central de 136 eventos que ocurrieron entre 1980 y 1990, equivalente al 35.3% de las protestas, las cuales se expresaron en mayor número entre 1983 y 1987.
En los tres años siguientes varios sindicatos gremiales reivindicaron el salario profesional y los “pluses” por dedicación exclusiva, anualidades y escalafón. Hubo 9 eventos, en donde el tema salarial se reivindicó junto a la protesta por el alza en las tarifas de buses y/o la mala calidad del servicio de las empresas. Los habitantes de tugurios en situación legal precaria realizaron 33 protestas, entre 1980 y 1990, un ciclo que culmina hacia 1985, pues entre 1985 y 1990 se registran dos tomas de parcelas en latifundios propiedad de corporaciones bananeras.
El deterioro de la atención hospitalaria, en particular los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, componente de las necesidades básicas de vida, tuvo escasa resonancia en las demandas y se expresó en 5 eventos. Hubo 32 reclamos por el desfinanciamiento de las universidades públicas, de la Dirección de Desarrollo Comunal y de programas de obras públicas. En ese descontento intervinieron las propias autoridades de las instituciones. En estrecho ligamen, en 10 ocasiones figuró la queja por irrespeto a las garantías sindicales y sociales, como el derecho ciudadano a protestar con bloqueos de vías públicas.
En los primeros años del 80 el campesinado y el productor agrícola para el mercado interno, se vio afectado por la apertura al mercado mundial. En todo el país se activó la organización de los propietarios de pequeñas empresas agrícolas y de unidades productivas campesinas, a los cuales se sumaron organizaciones indígenas que defendían sus reservas territoriales de la expansión de los exportadores. (Mora A. 1992:48).
No obstante, hay que observar y distinguir los matices de clase social de esas protestas de productores. A partir de 1983 sobresale la beligerancia de la burguesía agraria. Grandes y medianos empresarios protagonizaron 38 eventos, la mayor parte dirigidos por UPANACIONAL y a buena distancia, UPAGRA. Hubo otros seis: uno que promovió la Unión de Productores de Jabillos en Buenos Aires de Puntarenas, dos de los productores de cacao de la zona norte. Demandaron mejores condiciones para producir café, maíz, arroz, sorgo, cacao, banano y papas. Exigían al Estado mejores precios o reclamos por no pago en el CNP; vías de comunicación, crédito bancario preferencial, control de precios de fertilizantes, subsidios por huracanes y reducción de impuestos. Hasta las federaciones sindicales “democráticas” lanzaron críticas a las políticas de sujeción al FMI.
En conjunto, el malestar por la desprotección estatal al sector agropecuario se manifestó en 53 acciones colectivas y hubo otras 15 en defensa del territorio e las reservas indígenas. En el Área Metropolitana, por último, los revendedores ambulantes fueron desalojados de las aceras y calles en 10 ocasiones, un fenómeno que indica el aumento de la proletarización y el auge de la economía informal como medio de subsistencia.
En esas variantes de conflicto, antiguas y nuevas agrupaciones laborales y de productores mantuvieron autonomía respecto al gobierno, instituciones del Estado y partidos políticos; no así de las centrales sindicales, y combinaron reclamos con proyectos productivos propios o financiados con deuda externa. Esa modalidad se aplicó, asimismo, en la atención parcial a demandas de casas y lotes urbanos. En 1990 estaban activos 142 sindicatos campesinos y pequeños agricultores, 126 creados entre 1983 y 1990. Otras uniones de productores que se fundaron en los años 60-70 ampliaron su radio de acción cantonal. Entre 1980 y 1988 la Unión de Productores Agropecuarios de Pérez Zeledón (UPIAV) negoció ocho pliegos de demandas con los gobiernos. (1992:49-53).
III. VIEJOS Y NUEVOS PROTAGONISTAS
El cambio en el tipo de organizaciones que se involucran en la protesta social se percibe hacia 1980. Resurgen movimientos dirigidos por instancias con larga trayectoria de lucha en el terreno sindical, estudiantil, magisterial y profesional. Entre 1980 y 1990 los sindicatos públicos y gremios dirigieron 163 protestas laborales, el 42.3%; el mayor número promovido por trabajadores del Estado. No obstante, se acentuó la desaparición o reducción de las huelgas en la agricultura, industria, construcción, comercio, electricidad y finanzas pues éstas se declararon en el sector público. Entre 1984-87 hubo 42 huelgas: 27 en el sector público y 15 en el privado. (CEPAS, 1987: 12-13). Otras cuatro en los años 1989-90, dos de obreras textiles y dos de obreros bananeros.
En el período emergen nuevas organizaciones que se insertaron en las luchas por vivienda, la producción agrícola y pecuaria. En el primer caso hubo 32 marchas y/o mítines. Desde 1983 sobresalen las movilizaciones que impulsó Coordinadora Patriótica Nacional, COPAN, una organización trotskista creada al comenzar la década al calor de las luchas dispersas de vecinos muy pobres ocupantes precaristas de tugurios. En 1985, el 70% de la población del país afrontaba problemas de vivienda. Entre 1980-1990 COPAN dirigió 15 marchas y conciliaciones; decaen desde 1986. Habían surgido organizaciones ligadas al gobierno o al PLN, como el Frente Democrático de la Vivienda (FDV) y el Frente Nacional de la Vivienda (FNV). Los gobiernos, a la vez, tomaron el tema por la arista de la reproducción del capital y la expansión de los centros comerciales urbanos.
En 1985 las confederaciones, federaciones, asociaciones, cooperativas agrícolas y uniones de productores impulsaron muchas protestas y conciliaciones con el gobierno. Entre 1980 y 1990 se documentan 64 eventos con participación de instancias como FENAC, AICR, FESIAN, UPANACIONAL, UPIAN, UPIAV, UPAGRA, UPACOB, FEDECOOP UNACOOP y algunas uniones agrícolas de pequeños productores. Hay que incluir otros casos: uno promovido por la Unión de Productores de Jabillos en Buenos Aires Puntarenas, dos de los productores de cacao de la zona norte, cinco tomas de parcelas en los latifundios de la SFCo y la UFCo, otro por reclamo de títulos de propiedad y 15 protestas dirigidas por organizaciones indígenas. Hubo en total, alrededor 89 eventos en el sector agropecuario, lo que representa el 23% del total de protestas del período.
Por otra parte y con intereses más articulados a la burguesía, al menos en siete protestas fueron promovidas por la Unión de Cámaras, la Cámara Agricultura, UPANACIONAL, UPAGRA, la Unión de Productores Agrícolas de Cartago, FEDEAGRO, Asociación de Productores de Guanacaste y el Frente Agrícola Nacional. Solo en el año 86 ocurrieron 20 movimientos de presión de empresarios agricultores, medianos o pequeños productores de maíz, arroz, sorgo, azúcar, ganado, banano, cacao y café. En el gobierno de Monge, en tres ocasiones dieron apoyo público al Ministro de Agricultura, Fernando Esquivel, partidario del proteccionismo. Asimismo, respondieron a las cámaras opuestas a los subsidios agrícolas. Así, la mediana burguesía agraria figura en el campo de las fuerzas sociales como disidente activo y la fracción de clase más beligerante en el conflicto entre productores y el gobierno o entre comerciantes y vendedores ambulantes.
La dinámica del conflicto social involucró a jefaturas y autoridades de instituciones como INVU, IMAS, MAG, CNP, JPS, AA, ICE, CONAI y los municipios. Esos actores se sumaron a las protestas, además de ser puntos de choque, de negociación de acuerdos y mediadores ante el gobierno central. La observación es relevante porque muestra un Poder Ejecutivo, incluido el Presidente de la República, que pretendían desmarcarse de la agitación y la presión social y dispersan las responsabilidades por el mal gobierno teniendo en mente razones electorales.
En el nivel de las luchas ciudadanas la mayor presencia corresponde a las uniones, juntas de vecinos con metas específicas, comités de barrios y asociaciones de desarrollo comunal. Entre junio de 1981 y 1990 esos organismos realizaron 87 eventos. Actuaron como frentes de choque, a veces articulados a otras comunidades y dieron las luchas contra las alzas en las tarifas de buses, de agua y electricidad. Las ASODECO fueron institucionalizadas por Ley 3859 del 7 de abril de 1967 y actuaron como entidades funcionales a las políticas de control social y extensión de las funciones del Estado en los cantones y regiones del país. Por ello, la consigna de autonomía con respecto a los gobiernos figuró en varias protestas. El 17 de junio de 1989 se creó la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, CONADECO.
IV. INNOVACIÓN Y TENSIONES DE LAS PROTESTAS
En el campo de las relaciones sociales, el clímax revolucionario en Centroamérica, tanto como la crisis económica de 1979-1983 delimitan los conflictos de clase y los movimientos populares. En esa fase de transición al neoliberalismo surgen innovaciones en la fisonomía del descontento social y en las formas de protestar. Los sujetos del conflicto convergen o se distancian de los abismales intereses de clase que separan a la burguesía y sus fracciones dominantes, de las necesidades de la clase trabajadora, grupos sociales y de la ciudadanía como sujeto político y de consumo de mercancías.
Después de la represión que derrotó la huelga bananera del Pacífico Sur en julio-setiembre del 84, del fallido intento de huelga nacional solidaria con la UTG, de la división del PVP y las fracturas en las células, sindicatos y las coaliciones campesinas de filiación comunista, en el escenario de las luchas antagónicas entre capital y trabajo el Estado acentuó su papel mediador en beneficio de la burguesía. En el lustro siguiente también entraron en crisis otros partidos de izquierda y sus aliados electorales.
No es casual entonces que en adelante la exaltación disidente la expresaran nuevos actores del conflicto, en apariencia carentes de filiación e ideologías contestatarias. Desplegaron otras organizaciones que reivindicaban desde años remotos derechos de las mujeres, diversidad sexual y el rechazo a la desprotección del hábitat natural. Tomaron fuerza otras luchas para mejorar la reproducción de la fuerza trabajo desde el nivel familiar. Y con ellos la diversidad de actores, reclamos, tipos de protesta y búsquedas de consensos para la conciliación política. Ahí se ubica el recio timbrar de las advertencias ciudadanas político-electorales, así como las luchas inéditas en frentes defensivo del interés cultural y la soberanía nacional.
Una muestra de 138 protestas extraída de 385 conflictos entre 1980 y 1990 evidencia cómo los habitantes más pobres del área metropolitana, trabajadores del Estado y los productores agrícolas introdujeron en sus métodos de lucha los bloqueos de rutas de libre tránsito, las marchas masivas de varios miles de personas y las huelgas cívicas o de no pago del precio de consumo del agua, electricidad o de las cuotas de vivienda con el INVU o las mutuales de crédito. Eran casi inéditas hasta 1983.
En el contexto de luchas por la vivienda la prensa dramatizó seis huelgas de hambre. El 29 de marzo de 1988 el periódico La Nación alertó: “Unas 300 personas, afiliadas el Comité de vecinos de la localidad de Chacarita-Puntarenas, destruyeron unos 200 postes de cemento y otras obras construidas por una empresa privada contratada por el MOPT, en las orillas de la pista de aterrizaje: solicitan que el campo sea destinado a obras de bien comunal”. Otro caso. El mismo periódico informó el 2 de marzo de 1988: “Vecinos de Lomas del Río de Pavas retuvieron a los ministros de Educación y Obras Públicas, quienes se hallaban en la comunidad inaugurando el curso lectivo, como protesta contra la forma de pago que impone el INVU por sus viviendas”. (Valverde: 1991: 143 y 141).
La cifra de presentación de pliegos de demandas a las autoridades o de reuniones para afrontar conatos de protestas indica no solo una forma de presión; también fue efectiva para exigir la negociación política de las peticiones y obligar al consenso. Los empresarios y productores agrícolas utilizaron con más frecuencia ese recurso y sus demandas fueron catalizadas rápidamente, más que analizadas en conjunto con las autoridades.
Más de un tercio de la muestra confirma la persistente actividad sindical y la negociación juridicial del conflicto laboral. Sólo en el Pacífico Sur los trabajadores de las plantaciones de banano, palma africana y otros servicios fueron a la huelga en 11 ocasiones y firmaron 3 convenciones colectivas con la UFCo en los años 1980-1988, acompañados de varios conflictos agrarios y toma de predios para viviendas. (Abarca, 439 y 443). En los años 1989- 90 están documentadas 20 huelgas; una de carácter cívico y dos en el sector privado.
Asimismo, en la región atlántica también fue recurrente la invasión de latifundios y huelgas bananeras en fincas de productores y plantaciones de la Standard Fruit Co. En Limón hubo 9 movimientos de rescate de la propiedad, entre junio del 80 y diciembre del 81. Fuentes oficiales registran 35 huelgas en el sector público y las empresas privadas, en el lapso 1984-86. (Donato E. y Rojas B. 1987:123). Entre 1980 y 1987 hubo 500 casos de invasión de tierra en posesión privada, que involucró más de 7.000 familias” (Román, Isabel. 1994:68).
Conforme con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Departamento de Relaciones Laborales) de 62 huelgas producidas en Costa Rica durante el período 1986 - 1990, solamente 11 de ellas no afectaron al sector público, es decir, del total, el 82.26 % se produjeron dentro del sector.
En síntesis. La hostil coyuntura económica, la guerra contrarrevolucionaria, la retirada inicial del reformismo burgués, el implante del neoliberalismo con la apertura del mercado con subsidios al capital privado y la aprobación del PAE I y el PAEII ampliaron brechas sociales, exacerbaron antagonismos entre trabajadores y capitalistas, estimularon el malestar de pobladores, ciudadanos y otros grupos muy pobres.
VI. PROTESTAS Y CONFLICTOS EN EL CICLO NEOLIBERAL
Después de 1995 el epicentro del neoliberalismo quedó atrapado entre ciclos depresivos y restauraciones poco duraderas. La bonanza de la década anterior se resquebrajó y vino el derrumbe monetario: “en 1994 en México, Asia del Este en 1997, Rusia en 1998 y Brasil en 1999. Entre 1994 y 1999, diez países en desarrollo de ingreso mediano experimentaron crisis financieras que deterioraron los niveles de vida, y en algunos casos hicieron caer los gobiernos y empobrecieron a millones de personas". La depresión del 2001 puso en aprietos el centro del capitalismo, seguida de los sucesos del 11 de Setiembre, y las crisis financieras en Turquía y Argentina que estallaron en el 2002. Desde el 2003 la República Popular China ocupó el tercer lugar en el volumen comercial mundial. Decayó el proyecto de dominación unipolar.
Ligado a esos ciclos, las invasiones a Afganistán e Irak aceleraron las competencias entre las corporaciones de Europa y Estados Unidos en torno a la producción y comercio de gas natural, petróleo y las posesiones sobre el continente asiático y el Medio Oriente. Luego vino la contrarrevolución norteamericana en Filipinas y Colombia. Esas ofensivas catapultaron desde octubre 2001 el repudio antiimperialista y enervaron las luchas por la paz. En el 2003 comienzan las grandes movilizaciones contra los convenios del ALCA y el TLC negociados por Estados Unidos y las élites políticas a espaldas de los Parlamentos en América Central, los países de la Triple Frontera, el MERCOSUR, CAN y en Colombia, por separado.
Como parte de la resistencia al “Consenso de Washington” en los años 2004-2006 fueron convocados los Foros Sociales Mundiales de Mumbay, Porto Alegre y Venezuela. En el 2004 se discutió la exclusión social y los intocables; en el 2005, reunidos en Venezuela, la política y el poder en perspectiva liberadora. El Primero de Mayo del 2004 tuvo carácter de celebración mundial del día de los trabajadores, con marchas espectaculares de más de 2 millones de inmigrantes en unas 35 ciudades de los Estados Unidos.
Esa coyuntura favoreció los emergentes procesos revolucionarios en Venezuela y Bolivia; la continuidad de la lucha insurgente en Colombia, acosada por El Plan Colombia y la ofensiva norteamericana sobre la Triple Frontera. Renació el reformismo de Estado en Argentina, Brasil, Chile y posteriormente en Ecuador. (Cfr. Abarca V. Carlos. Monografía destacada en: http://www.monografias.com/trabajos37/cafta-y-alca/cafta-y-alca.shtml) En Centroamérica, el Frente Sandinista recuperó el poder político en el 2006 y en El Salvador una facción del movimiento FMLN logró un rotundo triunfo electoral en el año 2009.
Este es otro ángulo del contexto mundial y latinoamericano en el cual los conflictos sociales y las protestas populares se intensifican. Entre marzo y mayo de 1995 hubo nueve huelgas en instituciones del Estado. El mismo año, en el gobierno Figueres Olsen se produjeron casi 800 marchas y la “huelga de maestros” de julio-agosto de 1995. http://www.crhoy.com/solo-en-el-2011-laura-chinchilla-enfrento-mas-de-630-protestas/
En el 2000 los medios de prensa informaron acerca de 589 acciones de protesta social. http://www.latindex.ucr.ac.cr/descargador.php?archivo=dia001-04. Al año siguiente aumentó el número de organizaciones sociales. Solo ante el Registro Nacional fueron inscritas casi 1.200 asociaciones civiles, la mayor cantidad en Guanacaste y Puntarenas. Aunque, frente a la escalada de protestas, en el 2001 hubo 118. El 22% corresponde a las comunidades, al magisterio 20.3%, a los trabajadores 19.5%, a estudiantes 7.6%, ambientalistas y mujeres el 9.3%, productores 10.2% y cámaras patronales el 4.2% (Estado de la Nación. VIII Informe 2001:296-297)
En los primeros ocho meses de 2002, el periódico La Nación informó acerca de 79 eventos de protesta. De ellas, el 63,3% se desarrolló en un solo día y tuvieron proyección local en el 77,2% de los casos. Las formas de protesta más utilizadas fueron la declaración pública 31,6%, bloqueos de vías públicas 13,9%, reuniones con autoridades 13,9%, mítines o concentraciones 12,6%, denuncias ante el gobierno 12,6%, huelgas o paros el 10%.
Los actores con más presencia en las protestas de ese año fueron los trabajadores 31,6%, quienes canalizaron la mayoría de las demandas a través de los sindicatos (60,1%). El 39.9% de otras protestas no tuvieron esa organización. Las comunidades ocuparon el segundo lugar con 29,1%; seguidas de las agrupaciones ambientales, municipalidades y los estudiantes de colegios. El grueso de los móviles de conflicto fue el mejoramiento de las condiciones de trabajo y del nivel vida, como la calidad de los servicios de la CCSS e infraestructura, http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal8/regionorte.pdf
Desde finales de enero de 2003, hasta la realización del referéndum, en abril de 2007, hubo gran agitación contra la aprobación del TLC. En el 2003, se dieron 417 protestas con ese objetivo. Entre mayo y julio se produjeron las huelgas de trabajadores del ICE, magisterio y de profesionales del MOPT. (Costa Rica. Cronología del conflicto social. mayo – julio 2003. Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO).
El 2004 hubo 648 protestas. El 41.35%por parte de trabajadores; 5.56% de estudiantes de universidades y colegios; 10.2% de vecinos; 31% de productores agrícolas y el 15.6% de empresarios y agricultores. El 18.52% fueron bloqueos; el 12% marchas y mítines; el 1.7% huelgas y un 42.28% declaraciones públicas. Estos datos recogen más o menos el 75% de los casos de protesta anual. (Fuente. Estado de la Nación. Zindy).
En síntesis, entre 1998 y 2004 se reportaron 3002 acciones de protesta; en promedio 500 eventos cada año, en contraste con la década anterior. En 1998 ocurrieron 342 protestas, en el 2000 y 2004 se registra un crecimiento de 20.4% y 21.6%. Esos dos años surgieron las protestas contra la eliminación del monopolio estatal del ICE, en marzo del 2000 y en agosto del 2004 por la eliminación RITEVE, monopolio de capital español, en la revisión técnica vehicular. Esas luchas coincidieron con las demandas por salarios en el sector público, el alto costo de la vida y contra la aprobación del TLC.
Esos procesos surgió una actitud de apertura para construir agendas y alianzas políticas, un proceso derivado de la huelga de 1995 con la creación del Frente de Organizaciones Magisteriales FOM y el Comité Cívico Nacional. En el 2004 varias agrupaciones gremiales del sector público se aliaron con los productores agrícolas de San Ramón y los estudiantes universitarios. También, por primera vez se involucró la Cámara de Transportistas Unitarios.
En esas protestas predominaron la presentación de pliegos de demandas y el bloqueo. En ese lapso hubo 978 peticiones públicas y 626 bloqueos. Las marchas, mítines y bloqueos suman 1065. Otras, como huelgas de hambre, invasión de latifundios y actos contra la propiedad privada tuvieron poca intensidad. Los trabajadores del sector público promovieron el 42.7% de las protestas, los vecinos de barrios y comunidades el 11% y un 7% contra la revisión técnica vehicular. En 1999 y 2000 el bloqueo fue utilizado por obreros bananeros retirados que habían quedado estériles por el uso del fungicida Nemagón.
En 1999-2001 los productores de arroz y de cebolla bloquearon las calles para oponerse a la importación y descarga de esos productos proveniente de EUA y Canadá. Productores agropecuarios y trabajadores del sector informal promovieron el 5.6% y 4.2% de los eventos de conflicto. Grupos ambientalistas, de género, de derechos humanos y sectores indígenas registraron las cifras más bajos. Además, el 0.3% de las protestas contra las guerras imperialistas y para que el Presidente Pacheco rectificara el apoyo a la invasión de Irak.
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2007/vol1/9_accioncolectiva_smora-vb.htm
Entre el 19 de julio y el 15 de octubre de 2005, trabajadores de instituciones del Estado declararon siete huelgas y hubo otra en la Cooperativa de Productores de Electricidad COOPELESCA que duró 32 días. Varios sindicatos organizaron tres grandes marchas de oposición al TLC, en San José y Nicoya. (Diario Extra.) De julio a octubre del 2005 hubo gran agitación, presiones, amenazas y marchas contra la aprobación del TLC.
Entre junio y agosto de 2006 estallaron 17 huelgas en instituciones del Estado. Continuaron las marchas y otras protestas contra el TLC y la apertura del monopolio del ICE. El 7 de octubre de 2007, se realizó el primer referendum en la historia de Costa Rica para decidir la a probación o no, del TLC con Estados Unidos. La oposición se expresó ante todo en la movilización callejera, un recurso ciudadano que crecía en magnitud y diversidad, como se pudo apreciar en las marchas en todo el país durante los días 23 y 24 de octubre de 2006, y en la gigantesca manifestación de repudio, del 26 de febrero de 2007.
En el 2004, las principales movilizaciones del magisterio se articularon a organizaciones sociales, campesinas, sindicales y partidos políticas, en una lucha mancomunada contra el TLC. Las protestas de agosto de ese año forzaron la renuncia del Ministro de Comercio Exterior y el Jefe del equipo de negociación del TLC con Estados Unidos.
Se creó la estancia Encuentro Popular, como principal red de organizaciones sociales. Fue el foro que llevó adelante la difusión de las consecuencias del TLC. El 16 de mayo, el Movimiento Cívico Nacional y la Comisión Nacional de Enlace llamaron a una paralización del país para impedir la ratificación del TLC por parte del Congreso, la privatización del ICE, el monopolio de RITEVE y el alza en el precio de los combustibles. La APSE, SEC, ANDE y los profesores universitarios de Heredia, apoyados por el SITUN se unieron a la huelga.
El 21 de octubre, don Abel Pacheco envió el TLC al Congreso y, días después, diferentes sindicatos y organizaciones crearon La Coordinadora Nacional contra el TLC. Aquí se centralizó la agenda de lucha, como la manifestación de cuarenta mil personas que rechazaron la ratificación del Tratado. La oposición militante hizo posible postergar la aprobación inmediata del Tratado. Costa Rica fue el país en donde las negociaciones en torno al TLC se vieron más entorpecidas. Los parlamentos de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana ya lo habían ratificado. http://www.foro-latino.org/flape/boletines/boletin_referencias/boletin_19/Doc_Referencias19/Debate/Conf_educ_FLAPE.pdf. La Coordinadora Nacional venía proponiendo otras opciones políticas para derrotar la aprobación del TLC, entre ellas el referéndum, una iniciativa que cooptó Oscar Arias y se celebró el primer domingo de abril del 2007.
En 2008-2009 hubo 702 protestas. El 41.3% por parte de trabajadores, desempleados u en el sector informal. El 25.8% promovidas por vecinos, grupos de ciudadanos y organizaciones de lucha por la vivienda. El 15.1% de productores, empresarios y profesionales. El 9.7% de estudiantes y jóvenes y el 6.7% de grupos de ambientalistas, género, derechos humanos e indígenas. http://issuu.com/estadonacion/docs/politicas_protestas_sociales
Desde el 2008, el país se vio afectado, como el resto del mundo, por la crisis económica que e prolongó hasta el 2011. EL año 2012 presentó un pico de 771 protestas y fue el más largo de los últimos años pues duró 22 meses, en coincidencia con el proceso electoral, según el analista Vargas Cullel. Atribuye el aumento a la ausencia cada vez mayor de espacios de negociación; el aumento en la falta de oportunidades de trabajo, acceso a la educación y alto costo de vida; así como la ruptura de los partidos tradicionales con las comunidades. http://www.youtube.com/watch?v=-Qr3VX6KdpY Dos años atrás se discutió el proyecto de ley para criminalizar la protesta social. Solo en 2011, la Presidente Chinchilla enfrentó más de 630 manifestaciones, un promedio de 1,7 diarias y 53 mensuales. Fue el gobierno más inestable, de las últimas cuatro administraciones. http://www.crhoy.com/solo-en-el-2011-laura-chinchilla-enfrento-mas-de-630-protestas/
Desde el punto de vista político, la intensidad de la protesta social entre 1980-2013 es un valioso soporte, entre otras, para las siguientes hipótesis:
Las instituciones de la sociedad actual son interdependientes, pero contradictorias. Los estados dependen de mecanismos democráticos para legitimar sus decisiones, aplacar y hacer rutinario el medio político…Pero a la vez, el mercado de trabajo puede recortar la capacidad de las familias para minimizar el costo de provisión de la fuerza de trabajo…aunque el mercado recorta la capacidad familiar para mantener la reproducción…El análisis social debe recordar esas premisas.
Algunas luchas enfrentan a grupos, organizaciones y clases… y alteran las relaciones interinstitucionales… A la vez, estas luchas sociales alteran las relaciones entre sociedad e instituciones… Por ejemplo, la demanda feminista que subraya el potencial del valor monetario no pagado, del trabajo doméstico. O bien, la democratización de los lugares de trabajo y la extensión de los derechos ciudadanos a los centros de producción… Ello establece contrastes entre las organizaciones sindicalizadas y las que no lo son. Ello confirma que el conflicto de clase funciona no solo en los puntos de producción, sino también sobre las prácticas empresariales en relación con la legalidad…
“Cuando los obreros luchas por sus salarios, por sus derechos de representación, por la influencia en su lugar de trabajo, por el control público sobre las inversiones del capital, se están apropiando de la lógica de otras instituciones para transformar el sitio en el que trabajan: la lógica de familia y de las necesidades humanas, la lógica de la ciudadanía democrática y de la participación ciudadana, la lógica de la racionalidad impuesta por el Estado.” (55) La premisa de la contradicción institucional procede de la teoría de las clases…El conflicto de clases es algo generado a la vez cultural y materialmente por la contradicción institucional. (Friedland Roger y R. Alford. 1995:74)
A MODO DE EPÍLOGO
Ayer, los cambios políticos profundos de la historia nacional se forjaron en hombros y brazos del movimiento obrero y campesino de inspiración marxista y socialista. Hoy, una vez más, las luchas sociales y las protestas populares confluyen, cual savia renovadora, en los ramajes de nuestra historia social y política. Tanta fuerza y energía tuvo esta vez un norte histórico preciso: arrancarle a la plutocracia el ejercicio del poder del Estado y devolver al pueblo el principio de representación democrática, un viejo ideal muy cercano a la utópica vivencia de la soberanía popular.
Tal podría ser una observación con acento de filosofía política. O quizás, la hipótesis que nos permita entrever los cursos de la historia en la abrumadora estadística de sociólogos y economistas sobre la protesta social contemporánea, otrora un tema casi tabú. Tan valiosa información, esfuerzo con saldo deudor en favor del periodismo crítico es, con mucho, la variable más significativa para posteriores análisis de coyuntura política. Porque el gran ausente en este y otros trabajos, sigue siendo el examen de los cambios en la conciencia social en la era del neoliberalismo imperialista. También la viabilidad de otros programas políticos, alternativos al que están configurando las nuevas fracciones burguesas partidarias de que renazca el reformismo burgués.
BIBLIOGRAFIA
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