Por José René Tamariz
El día 9 de febrero que se inició el curso lectivo, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, planteó que los docentes debíamos ser evaluados para medir nuestras capacidades como educadores. Además, fue más allá en el ataque a los docentes al plantear con desfachatez que “No puede enseñar bien quien no sabe lo que enseña.” (La Nación, 20/2/15). Esta expresión de Solís constituye un menosprecio total hacia los docentes, que no debemos tolerar y tenemos que repudiar. Podemos afirmar, sin equivocarnos, que la mayoría de los educadores “sabemos lo que enseñamos”, a pesar de la mala educación que se recibe en las universidades privadas, e, incluso, las públicas. Actualmente, existe un ataque de los medios de información de las autoridades gubernamentales en contra de los educadores. Se nos hace responsable de los malos resultados en las pruebas de bachillerato, de los aplazados y repitencia de materias en el sistema educativo, así como de la deficiente calidad de la educación. ¿Es cierto que somos los educadores los responsables de los malos resultados de los estudiantes y de la calidad de la educación? Lo anterior es totalmente falso. Lo demostramos a continuación.
El Problema de Fondo: La Mercantilización y Privatización de la Educación
El IV Informe Estado de la Educación señala que cada año en Costa Rica se gradúan a más de 10 mil educadores. De ellos, en el año 2011, 7.359 fueron graduados por las universidades privadas, mientras que 3.238 lo hicieron en las universidades públicas. Entonces, el 69,4% de los educadores graduados cada año salen de las universidades privadas, las cuales no son supervisadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP). Es importante señalar que actualmente existen 52 universidades privadas y solamente 4 universidades públicas, que imparten 259 carreras de educación. Esta gigantesca cantidad de graduados en educación ha producido una saturación y sobreofertas de carreras educativas y sobredemanda de plazas para trabajar en el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Entonces, como se puede observar con base en los datos anteriores, la educación de los educadores se encuentra, principalmente, en manos de las universidades privadas. En otras palabras, la educación universitaria se ha privatizado y, con ello, se ha mercantilizado en detrimento de la calidad educativa. A estas universidades privadas no les interesa la calidad de sus estudiantes ni de la educación, sino obtener la mayor cantidad de ganancias. El Estado, siguiendo los dictados del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), conscientemente ha delegado en manos de las universidades privadas la educación universitaria de los educadores y de muchos otros sectores sociales.
Ganancias y Lucros de las Universidades Privadas
En un reciente artículo, el historiador, Iván Molina Jiménez, se hace la siguiente pregunta “¿A cuánto ascienden las ganancias anuales de las universidades privadas costarricenses?... es posible aproximarse al tema por algunas vías indirectas… en el 2010 el costo promedio de la matrícula y de una asignatura en las universidades privadas ascendía a unos $194 por cuatrimestre ($582 en todo el año).” (La Nación, 26/9/14). En el siguiente párrafo de ese artículo, Molina señala “Si se multiplica ese ingreso anual por el número aproximado de estudiantes que atendían las universidades privadas en el 2010 (un mínimo de 98.000 alumnos), el ingreso total en ese año ascendió a unos $57 millones. Ahora bien, puesto que los estudiantes matriculan más de una asignatura por cuatrimestre, una estimación considerablemente conservadora… ubicaría el ingreso total de las universidades privadas en alrededor de unos $100 millones al año, sin incluir cargos por servicios administrativos.” (Ídem). Si a las cifras anteriores se le suma los cobros administrativos la cantidad de ganancias siguen aumentando.
Evaluación de las Universidades Privadas
Según Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, de esas universidades “Buenos y malos docentes salen de estos programas e ingresan al sistema sin mayor control de calidad. Estamos ante un problema neurálgico”. (La Nación, 29 de setiembre del 2013). Es reconocido públicamente por todo el mundo que la educación que brindan las universidades privadas en cuanto a la carrera de educación es mala y, en algunas universidades, llamadas de garaje es aún peor por no decir terrible. Una gran cantidad de estudiantes y educadores asisten a las universidades privadas porque, sencillamente, trabajan y estudian y, estas universidades facilitan horarios para este tipo de población pueda asistir a clases. Las universidades públicas no tienen ni los cupos necesarios para que una gran cantidad de estudiantes asistan a su facultad, ni los horarios flexibles para que trabajadores-estudiantes puedan cursar esa carrera. ¿Entonces, quien debe ser evaluado, las universidades privadas o las/los educadores?
El principal problema no está en los educadores que salen de esas universidades privadas, que asisten honestamente a ellas y haciendo grandes sacrificios pagando grandes cantidades de dinero para graduarse, sino principalmente, primero, en una política de Estado que ha inducido a la privatización y mercantilización de la educación superior y, en segundo lugar, en los empresarios y comerciantes dueños de esas universidades privadas cuyo principal interés es el lucro y la ganancias, no la formación y educación de calidad de sus “clientes”, es decir, los educadores. Frente a esta situación planteamos las siguientes medidas.
Propuestas
1. Evaluación de todas las carreras y programas de educación de las universidades privadas.
2. Cerrar las carreras de educación de las universidades privadas.
3. Que el Estado garantice de forma exclusiva, a través de las universidades públicas, para garantizar su calidad, la educación y formación de los educadores.
4. Demandar a las organizaciones sindicales impulsar conjuntamente la convocatoria de un Congreso Pedagógico para que, con la participación de los educadores, se discuta y vote un nuevo modelo alternativo de educación y se le imponga al Ministerio de Educación Pública ese nuevo modelo.
