Este próximo 6 de noviembre se realizarán elecciones generales en Nicaragua, para escoger Presidente y Vicepresidente, así como diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Esta sería la tercera elección general desde que Daniel Ortega ganara las elecciones en el año 2006. Nuevamente Daniel Ortega se postula como el sempiterno candidato presidencial del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con altas probabilidades de ser reelecto.
El régimen bonapartista
El FSLN ganó las elecciones en el año 2006 con apenas el 38% de los votos, aprovechando audazmente la división de la oposición liberal. Una vez recuperado el control del gobierno, el FSLN inició un lento pero paulatino proceso de centralización del poder, desalojando de las instituciones del Estado a sus adversarios, premiando y captando a quienes colaboraban.
Sin tener mayoría dentro de la Asamblea Nacional logró aprobar las principales leyes, neutralizando a la oposición burguesa, apoyándose en los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en los temas centrales.
Sin tener mayoría calificada para reformar la Constitución, a partir del control sobre el poder judicial, Daniel Ortega logró obtener una sentencia de la Sala Constitucional que le permitió presentarse a la reelección continua, algo que estaba prohibido por las reformas constitucionales de 1995.
En el periodo 2007-2011 el régimen político cambió abruptamente. El eje y centro de poder era y sigue siendo Daniel Ortega, quien llegó a controlar los otros poderes e instituciones del Estado, subordinándolos a la voluntad del presidente. Este nuevo régimen se produjo en los hechos, sin necesidad de reformar la Constitución, ni devolverle supremos poderes al Presidente.
Este cambio de régimen no fue producto de la habilidad política de Daniel Ortega, sino de un cambio en la correlación de fuerzas en el plano nacional, centroamericano e internacional. La crisis del imperialismo norteamericano, por un lado, y el auge de los gobiernos nacionalistas burgueses en América Latina, fenómeno que se expresó en surgimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), creo un panorama internacional favorable para la consolidación del régimen bonapartista.
Los flujos de petrodólares, provenientes de la cooperación venezolana, aportaron los recursos económicos para implementar planes de asistencia social, que permitieron reconstituir la base social del FSLN, al mismo tiempo que aseguraba la consolidación de los negocios de la familia Ortega-Murillo como el sector dominante dentro de la burguesía sandinista que surgió del hundimiento de la revolución en 1990.
El bonapartismo de Daniel Ortega pudo asentarse, no tanto por la debilidad y fragmentación de la oposición burguesa, sino por el hecho que en el periodo 2007-2011 se produjo cierta reactivación de la economía, que generó grandes expectativas en las masas. Esto se evidenció en creciente fenómeno de apatía política, si las cosas mejoraban entonces no era necesario tumbar al gobierno.
La alianza con los empresarios del COSEP
El FSLN sufrió profundas transformaciones a partir de la derrota de la revolución en 1990. Durante los 16 años que se mantuvo formalmente en la oposición parlamentaria, pero conservando el control e influencia sobre el Ejército y la Policía, se consolidó una nueva capa de empresarios que provenían de la revolución.
De manera estratégica, este sector empresarial decidió consolidar sus negocios mientras soplaban vientos favorables para recuperar el poder, coyuntura que se abrió en el año 2006, y por la que trabajaron afanosamente en los años anteriores.
Una vez recuperado el gobierno, esta burguesía sandinista, cuyo principal dirigente es Daniel Ortega, consolidó su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aplicó las mismas políticas neoliberales de los gobiernos antecesores.
Daniel Ortega privilegió su relación con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), cuyos miembros fueron confiscados durante la revolución, pero sobre todo consolidó la alianza estratégica con la oligarquía financiera. Esta alianza se ha ido profundizando al grado que la política de alianzas y consensos con los empresarios, así como las asociaciones público-privadas para el desarrollo de obras públicas, fueron elevadas a rango constitucional durante la reforma constitucional del año 2014.
Las denuncias de fraude electoral
En las elecciones generales del año 2011, como en las elecciones municipales de los años 2008 y 2012, el FSLN logró imponerse avasalladoramente sobre la oposición, la que denunció la comisión de fraudes electorales en su contra. Las reiteradas denuncias de fraude electoral fueron retomadas parcialmente por la misión de observación internacional de la Unión Europea (UE), en el año 2011, la que elaboró un informe crítico sobre el sistema electoral.
Se produjeron presiones diplomáticas de parte de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), pero al final prevaleció el criterio de que el gobierno de Daniel Ortega promovía la estabilidad en momentos de turbulencia económica, y que era el mal menor.
La oposición burguesa, encabezada por el Partido Liberal Independiente (PLI), dirigido por Eduardo Montealegre, se encontró sin sectores burgueses que lo apoyasen a lo interno de Nicaragua, y sin gobiernos imperialistas que los financiaran, lo que incidió aún más en la debilidad y fragmentación.
¿El inicio de una dinastía?
Este proceso de derechización y aburguesamiento del FSLN se manifiesta no solo en las políticas económicas neoliberales, sino en que el poder está concentrado en un reducido núcleo familiar: Ortega-Murillo
La postulación de Rosario Murillo como candidata a la vice presidencia de la República, coloca a ésta como segunda principal dirigente del FSLN y como segunda en la sucesión presidencial, en caso de fallecimiento repentino de Daniel Ortega, en su heredera indiscutible.
Esta nominación ha causado una conmoción política en las filas del FSLN, debido a que hay sectores de la vieja guardia que se oponen al control familiar.
El tiro de gracia a la oposición
Las encuestas dan como vencedor al FSLN en las elecciones del 6 de noviembre, pero aun así, Daniel Ortega decidió dar el tiro de gracia a la maltrecha oposición. Declaró que no aceptaba la observación electoral. No se arriesgó a que la bandera política contra una nueva dinastía, permitiera el crecimiento electoral de la oposición que en el año 2011 obtuvo 800,000 votos.
Mediante una sentencia de la Sala Constitucional, el sandinismo le arrancó la representación electoral al PLI de Montealegre, entregando la casilla a la corriente de Pedro Reyes, que representa a la vieja guardia del PLI.
Y para no arriesgar nada, esgrimiendo la última reforma constitucional que combate al transfuguismo, a petición de Pedro Reyes, el Consejo Supremo Electoral (CSE) destituyó a 28 diputados, propietarios y suplentes, de la corriente de Montealegre, que de repente se quedó sin casilla electoral y sin diputados.
Pero las reacciones no se hicieron esperar. Estados Unidos declaró su preocupación por el rumbo de la democracia en Nicaragua, al poco tiempo los legisladores republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo en aprobar, en la Cámara de Representas, la llamada Nica-Act, una ley de efecto extraterritorial que castigaría económicamente al gobierno de Nicaragua.
En los roces con el imperialismo, el sandinismo ya no se apoya en las masas ni utiliza el discurso antiimperialista, sino que más bien recurre a las negociaciones diplomáticas y estrecha los lazos con los empresarios, al aprobar con trámite de urgencia la Ley de Asociación Público-Privadas (APP), que implica jugosos negocios con las obras públicas.
La abstención contra la “farsa electoral”
La oposición aglutinada en la Coalición Nacional por la Democracia (CND) terminó dividiéndose, después del golpe asestado por el FSLN. Un sector proclive a negociar con el FSLN, es jefeado por Montealegre, quien renunció públicamente a la actividad política, pero prepara sus diezmadas fuerzas para el diálogo nacional que se convocará después de las elecciones.
El otro sector encabezado por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y otros grupos minoritarios, junto a organizaciones de la sociedad civil, constituyeron el Frente Amplio Democrático (FAD) manteniendo una actitud más beligerante contra el gobierno sandinista. El FAD impulsa movilizaciones modestas en todo el país, para posicionarse ante el inminente Dialogo Nacional anunciado por el general Humberto Ortega.
Ambos sectores coinciden en promover la abstención como mecanismo de rechazo a la llamada “farsa electoral”, aunque el FAD demanda la suspensión de las elecciones y la convocatoria de otro proceso electoral con vigilancia internacional.
El diálogo secreto con la OEA
Estos movimientos del sandinismo y el endurecimiento del régimen bonapartista son una clara maniobra antidemocrática para sostenerse en el poder, contra viento y marea, que persigue una negociación con Estados Unidos para lograr la supervivencia del gobierno sandinista, aunque tenga que moderar los rasgos bonapartistas.
Aunque Daniel Ortega declaró que no permitirá nunca más la observación electoral, ya está negociando secretamente con la Organización de Estados Americanos (OEA) las modificaciones del sistema electoral, para evitar que se invoque la Carta Interamericana de la OEA. Todo indica que las elecciones del 6 de noviembre se realizarán tal como estaban planificadas, pero desde ya se avizora que el gobierno sandinista está dispuesto a hacer concesiones, con tal de lograr su supervivencia.
Una muestra de ello es que ha invitado a la OEA a visitar el país durante las votaciones, a pesar que Daniel Ortega había dicho que no habría observación electoral.
Se requiere democratizar al país
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) denuncia las manipulaciones de la derecha, auspiciada por el gobierno de Estados Unidos, pero al mismo tiempo estamos muy claros que no hay alternativa electoral revolucionaria en estas elecciones, que han sido convocadas bajo la vigencia de la Ley Electoral Antidemocrática que fue aprobada después del pacto Alemán- Ortega en 1999.
Bajo estas condiciones, una vez más, los trabajadores y la izquierda no tenemos alternativa electoral donde manifestar nuestro descontento, por ello llamamos a votar nulo, manifestando nuestro rechazo activo a la gestión del gobierno sandinista que aplica medidas neoliberales. Expresando nuestro repudio al régimen bonapartista, antidemocrático, que reprime huelgas y manifestaciones independientes de los trabajadores.
Nicaragua requiere de una democratización a favor de los trabajadores y los pobres, por eso demandados la reforma democrática al sistema electoral y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que decida cómo reorganizar la economía y el Estado en beneficio de los trabajadores y los más pobres.
Centroamérica, 24 de Octubre del año 2016
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)
