Por Germán Aquino
Al gobierno de Funes y del FMLN le ha tocado la peor parte, gobernar en momentos en que el capitalismo enfrenta una de sus cíclicas crisis a nivel internacional, lidiar con los efectos derivados de los gobiernos de la derecha arenera y del modelo neoliberal, etc. Pero a pesar de todo, ha resultado ser un buen administrador de la crisis capitalista y del estado burgués, aunque ello signifique sacrificar a las grandes mayorías.
El gobierno de Funes y del FMLN presenta el inconveniente de no contar con los suficientes fondos para mantener la maquinaria del estado, para ello tiene que recurrir a préstamos de organismos financieros. Estos buitres usureros, así como le recomendaron a los gobiernos areneros la privatización de los servicios públicos, hoy nuevamente le exigen al gobierno de Funes y del FMLN continuar con el pago de la anterior deuda e impulsar medidas que le lleven a reducir los gastos del estado para que de esta manera pueda tener ahorros. Los banqueros insaciables exigen también que el gobierno tome medidas que le permitan llevar fondos a las arcas del estado, lo que implica privatizar los pocos servicios públicos que quedan. Lo anterior impacta negativamente en la clase trabajadora, campesinos, pueblos originarios y demás sectores populares.
Gobierno busca ahorrar mediante el retiro voluntario de empleados jubilados
Los gobiernos de la derecha arenera en su afán de “modernización del Estado”, logró que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley Temporal de Compensación Económica por Servicios Prestados en el Sector Público, la cual se conoció como con “Ley de Retiro Obligatorio”, que condujo a la supresión de 14.000 plazas de trabajo en el sector de empleados públicos las cuales los gobiernos areneros consideraban innecesarias.
En la actualidad el gobierno de Funes y del FMLN busca que la Asamblea Legislativa apruebe un decreto para que todos aquellos trabajadores jubilados que se encuentran trabajando actualmente se retiren voluntariamente; según el gobierno son aproximadamente 6,000 trabajadores.
Al respecto el presidente Funes ha manifestado que estos trabajadores "…No pueden recibir doble pago…Ellos reciben pensión y salario... la propuesta del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, es que a partir de la aprobación del decreto se puedan retirar en enero de 2013…” (http://www.lapagina.com.sv).
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que realmente dicho retiro tiene que ser voluntario y no debe ser obligatorio. Por lo tanto la persona que desee seguir laborando pueda hacerlo. Así mismo considera que dichas plazas de trabajo al momento deben ser conservadas y deben ser otorgadas a las personas que las necesitan; pero esto se debe hacer mediante un proceso que considere la capacidad y no en pago por favores políticos, y en el caso que estas correspondan a jefaturas, que sean los trabajadores que decidan quiénes las ocuparán prefiriendo al mas idóneo según su capacidad. Es de tener en cuenta que en muchos casos las pensiones otorgadas actualmente no son suficientes para un buen vivir del trabajador jubilado, por lo tanto llamamos a todos los trabajadores jubilados a organizarse y luchar para exigir un aumento de pensiones a luchar por una pensión digna, la clase trabajadora debemos exigir que se disminuya el tiempo laboral y la edad que permita gozar de la pensión.
Reducción del subsidio al transporte, un ahorro más
Después del ahorro generado con la eliminación del subsidio al gas propano, de lo cual el pueblo ha tenido que pagar las consecuencias, nuevamente el presidente Funes busca hacer un nuevo ahorro, mediante la eliminación del subsidio al transporte, a lo cual se oponen los empresarios transportistas, quienes como en muchas ocasiones amenazan que de hacerlo subirán el precio del pasaje. La anterior medida inicialmente no ha sido respaldada por el FMLN. Al respecto Guillermo Olivo, diputado del FMLN ha manifestado: "Nosotros les hemos reconfirmado a los empresarios del transporte que no estamos de acuerdo con que se quite, ni se baje el subsidio… Nosotros tomamos decisiones legislativas y eso se discute aquí... El presidente hasta el momento no ha mandado ninguna propuesta de reducir el subsidio”. De igual manera ARENA Y GANA no apoyan la iniciativa del presidente Funes. Por su parte Genaro Ramírez representante de a la Asociación de Empresarios de Autobuses de El Salvador, AEAS, ha manifestado “que si los dos partidos mayoritarios no están de acuerdo habrá que ver qué hace el Presidente…mi postura es que la quite y que nos permita a nosotros cobrar $0.65 ctvs., pero nosotros para no afectar tanto a los salvadoreños podemos cobrar $0.40 ctvs., y esto serviría inclusive, para mejorar las unidades” (http://elmundo.com.sv).
La reducción del subsidio al transporte público ya se encuentra contemplada en el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación para 2013. Negociaciones podrían hacer que los partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa cambien de posición respecto a la reducción y dar sus votos de aprobación, lo que afectaría a los empresarios del transporte quienes podrían recurrir al aumento del pasaje como ya han amenazado. Ante lo anterior, mediante acciones de lucha popular debemos exigir que no se aumente el pasaje y la estatización del transporte público, lo que le permitiría al estado obtener fondos. Los trabajadores del sector transporte deben de organizarse y exigirles a los empresarios un aumento de salarios y mejores prestaciones.
Continuidad de las privatizaciones mediante los asocios público privados
Los Asocios público privados son parte de las recetas dictadas por los organismos financieros internacionales y el imperialismo. Mediante esta nueva forma las corporaciones internacionales buscan apropiarse de los pocos activos que todavía le quedan al estado y que no fueron entregados en los gobiernos de Arena. En otros términos, los Asocios público privados son una continuidad de las privatizaciones. Al respecto, Salvador Sánchez Cerén vicepresidente de la República ha expresado: “La fracción legislativa se ha pronunciado en el sentido de no apoyar ningún esquema que permita nuevamente privatizar ninguno de los pocos recursos que tiene el Estado... Como candidato estoy en la lógica de nuestro partido: las privatizaciones lo que significaron para el país es profundizar más las desigualdades” (http://www.laprensagrafica.com).
Por su parte, el presidente Funes considera que “Hay diputados que creen que esto es sinónimo de privatización y no es así, hay otros países donde se realizan inversiones bajo una ley de asocios público-privados, que implica inversiones mixtas donde se comparten riesgos y responsabilidades y eso no significa estar privatizando bienes o servicios del Estado”. Para FESPAD en un abordaje realizado respecto a los asocios público privados considera que “los asocios público privados podrían constituir una nueva forma de privatizaciones, pero esta vez con el agravante que podrían permitir que servicios públicos sean brindados por particulares. Los asocios también podrían perjudicar directamente el bolsillo de las-los salvadoreños debido al margen de maniobra que tendría el sector privado en la fijación de los precios de los bienes, servicios y productos, posibilitando un encarecimiento de los servicios públicos y un difícil acceso a los mismos, que solo estarían al alcance de ciertos sectores con mayor poder adquisitivo” (http://www.fespad.org.sv/documentos/FESPADinfo11-2.pdf).
La implementación de los asocios público privados son una necesidad de los grupos económicos emergentes, ya que dada su incidencia en el actual gobierno les permitiría aumentar sus capitales, de igual forma como lo hicieron los areneros. Mediante el asocio público privado estos núcleos económicos emergentes, a la vez que serán parte de estos jugosos negocios, garantizarán los intereses en ellos de las corporaciones internacionales.
Las bases del FMLN deben exigir a su dirección mantener su posición respecto a la ley de asocios público-privados. Los legisladores del FMLN no deben cambiar su posición y ni deben dar su voto a favor.
Contario a los asocios público-privados debemos exigir la reestatización de las empresas y servicios estatales que fueron privatizados en los gobiernos areneros ya que ello estaría generando fondos para el Estado.
