Por Alberto Castro
La violencia en El Salvador cerrara el año significando altos costos humanos por el número de muertes que se han generado, así también costos económicos por los gastos que significan al país el combate que están teniendo las maras y pandillas con la Policía Nacional Civil y las fuerzas armadas.
Los costos mortales
La violencia en el país no ha disminuido, se estima que el 2015 cerrara con más de 6,000 asesinatos, este año los homicidios incrementaron en un 77.6 % entre enero y octubre de 2015 en comparación al mismo período del año pasado, según el Instituto de Medicina Legal (IML). Según El director del IML, José Miguel Fortín Magaña, en 10 meses de este año fueron asesinadas 5,614 personas, mientras que en el 2014 la cifra fue de 3,161, el incremento significativo es de 2,453. El IML señala que octubre de 2015 cerró con 676 homicidios, manteniéndose proporcionalmente un número similar a septiembre donde hubo 677, lo cual está dejando al descubierto la falacia de ’’disminución de los homicidios’’ anunciada por el gobierno.
El promedio de asesinatos del mes de octubre fue de 20 diarios, está claro que en materia de seguridad nada se ha mejorado, ni siquiera el consenso al cual se le ha conocido como Pacto de Ataco ha traído resultados que se manifiesten a corto plazo, porque la estrategia lleva en gran parte el debilitar militarmente a las maras y pandillas, desacreditarles ante la opinión pública para luego justificar la represión, sin embargo esta acción no hace más que provocar el sangramiento de muchas personas, esta no es la manera más adecuada de atender este problema.
Los costos económicos
De las cinco instituciones del Estado que terminaran el año en crisis está el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la sobre carga que requiere el funcionamiento de la institución implícitamente se relaciona con la armazón de la carga tributaria del país cuyo objetivo es tener fondos exclusivos para seguridad pública, de ahí también se deriva el impuesto a las comunicaciones para poder financiar el plan de seguridad ’’ El Salvador Seguro’’ el impuesto del 5 % por el uso de telefonías consiste en una contribución especial para el fisco que requiere cargar con un 5 % adicional el uso de telefonía móvil y fija, internet y cable. También se aplicará sobre la compra de dispositivos. La idea es que funcione durante 10 años y el objetivo es tener fondos exclusivos para seguridad pública el alto costo de los planes de seguridad que cada vez empiezan a tener aires de guerra, a ello si le sumamos las reformas de pensiones veríamos que habrá un aumento de la pobreza en el país.
La violencia es usada por el actual gobierno como la justificante para un mayor endeudamiento e impuestos a la clase trabajadora, mientras tanto el gran capital y funcionarios de los órganos de los tres poderes del estado están a salvo. La clase trabajadora vive a merced del peligro al ser la inseguridad mal atendida por el gobierno que es incapaz de promover políticas de seguridad que medien entre las partes involucradas en el conflicto social, este año se estima que Justicia y Seguridad Pública tenga un presupuesto de $442.3 millones de acuerdo al presupuesto presentado por el gobierno.
En todo esto el problema no es solo el dinero que el gobierno gasta en seguridad, lo agraviante es el contenido de las políticas de seguridad públicas que requieren dicha inyección, el Ministerio de Seguridad y Justicia gastará más en pagar salarios para el 2016, se pagarán $804 mil 650 más en salarios el próximo año.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) vemos el mal rumbo que están teniendo los gasto del GOES en materia de seguridad pública, se está mal gastando dinero en sostener un aparato que genera un despilfarro, cuando debería invertirse más juntamente entre seguridad, salud y educación, uniendo proyectos de reinserción vía mejora de la escolaridad y en personal y equipos para el ministerio de salud que lleven bienestar a toda la población.
Los fondos deberían empezarse a buscar en la Asamblea Legislativa, que implica bajar los salarios de los diputados, reducir sus bonos navideños y la compra de autos de cada año, rechazamos los impuestos y reformas que ha presentado el gobierno, porque quienes serán el sostén de ellos será el pueblo, ante ello decimos que deben subirse los impuestos al gran capital.
