Por: Alberto Castro.

El 2018 inició en el MINED con dos movilizaciones distintas: una es la de la lucha unificada de algunos sindicatos que constituyen la unidad del gremio por mejoras salariales y defensas laborales y la otra es la del proselitismo electoral de las estructuras burocráticas sindicales ligadas al FMLN, que se apoyan principalmente en ANDES 21 de Junio. Con el apoyo de ATRAMEC, SEDESA, SIANDES, SIMEDUCO  y Bases Magisteriales convocaron el 15 de enero a todo el magisterio en la Plaza de Banderas de CIFCO para protestar por las anomalías en plazas otorgadas a docentes y funcionarios y por el incumplimiento de la nivelación salarial aún pendiente, pero esto fue repelido por el Gobierno del FMLN de la manera más sucia posible; coaccionándoles por medio de ANDES 21 de Junio que envió a docentes interinos a cerrar calles aledañas a la protesta, neutralizándoles la acción, esta última ha convocado a un evento político electoral para el 25 de enero en CIFCO, evidentemente hay dos tipos de movilizaciones distintas una que representa a los trabajadores de Educación y otro que obedece a algo ajeno pero que tiene fuerte presencia, como lo es la agitación electoral del FMLN.

Del acuerdo a la falsedad

Antes del cierre del 2017 la lucha sindical propicio que las autoridades de Educación atendieran las demandas, por lo que en aquel momento fueron establecidas dos mesas: una técnica y otra política, la técnica conformada por administradores del MINED (finanzas, presupuestos y desarrollo humano), con los secretarios generales de todos los sindicatos, y la mesa política la integrada por los representantes de CAPRES, el Ministro de Educación, Carlos Canjura, finanzas del Ministerio y los representantes sindicales.

De estas mesas no se ha producido ningún acuerdo, lo cual muestra que en realidad su creación fue una táctica dilatoria de las autoridades, y esto se observa a partir de que el presupuesto para el MINED de este año no refleja la nivelación salarial. La protesta del 15 fue a consecuencia de esta falta de cumplimiento del ministro a los acuerdos. El presidente Sánchez Cerén, que en la gestión anterior fue ministro de Educación e hizo promesas de mejoras salariales, ha anunciado que está dispuesto a dialogar con los sindicalistas, pero sin puntualizar la atención a las demandas de los trabajadores. En su lugar alienta a que la lucha se centre contra el Ministerio de Hacienda y diputados de la derecha de la Asamblea Legislativa, para que faciliten un refuerzo presupuestario y sea posible la revisión salarial. Se entiende la pretensión del Gobierno: en plena coyuntura electoral necesita redimirse con quienes han sido afectados con su gestión; los empleados públicos, esencialmente de Educación, y evitar una lucha prolongada que le ocasionaría reveses electorales, por lo que la movilización les haría servirse de la necesidad de los trabajadores docentes y administrativos presentándose como redentor.

Nivelación salarial para una educación de calidad

Si bien esto se externa como una lucha gremial y asilada, en realidad debe ser acompañada por los padres de familia de los alumnos de la educación básica, por lo que el pliego de demandas debe ser más amplio, y ser el preámbulo de una lucha por una mejora en la Educación, que beneficie tanto a los trabajadores administrativos como a los usuarios de la educación pública: los niños, niñas y adolescentes del país. El Salvador es uno de los países que menos inversión tiene en Educación, ya que dedica solo el 4% del PIB, cuando debería ser mucho más, de manera que puedan resolverse las carencias educativas.

El MINED en los últimos años ha ido sufriendo recortes presupuestarios. Los maestros y trabajadores administrativos deben consensuar acciones, en coordinación con padres de familia y alumnos, explicándoles en asambleas informativas las razones de la lucha, para que los cierres de escuelas e institutos tenga su apoyo y no sea presentado por el GOES como una falacia en contra de los alumnos. A corto plazo se tiene que atender la revisión salarial, pero a largo plazo se debe procurar que el MINED reciba el 9% del PIB con el que se asegure la reparación de la escuelas e institutos, mobiliario y tecnología necesaria, todo en supervisión de los trabajadores, esto junto a la ampliación de los programas sociales que actualmente se tiene en Educación.