Por: Alberto Castro.

La toma militar ejecutada por las FFAA de El Salvador y PNC en compañía de militantes de Nuevas Ideas, el pasado 9 de febrero, bajo órdenes del presidente de la República, Nayib Bukele, acaparó como es de esperar, la atención de los medios nacionales e internacionales, en algún momento se especuló sobre un golpe de Estado, la última vez que ocurrió uno fue en 1979, previo a la Guerra Civil que inició un año después de tal suceso.

Hace 28 años se firmaron los acuerdos de paz y se creía superada la vieja práctica de utilización de la FFAA como instrumento político para avasallar a determinados adversarios. Penosamente para la institución castrense que en el pasado perpetró crímenes de guerra y violaciones a derechos humanos en contra del pueblo salvadoreño, ha demostrado no haber superado su vinculación el ejercicio del poder político.

Bukele, basándose en los art. 87 y 167 º7 de la Constitución, convocó a la Asamblea Legislativa (A.L) para el día domingo 9, donde sesionaría la aprobación de la negociación del préstamo de $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración, para la ejecución de la fase III del Plan Control Territorial, se atrevió a llamar a la insurrección en caso de no asistencia de los diputados vía Twitter, aunque horas más tarde se retractó llamando a la calma. Cerró su espectáculo de manera patética al decir, entre lágrimas de cocodrilo, que Dios le había hablado y le dijo que tuviera paciencia, tras esto dijo que daba 7 días para que aprobaran lo que exige.   

Un show para sus bases.

La violencia y delincuencia desde hace tiempo tienen al país en una situación caótica, por ello el tema ha sido objeto de propaganda política en cada campaña electoral. Bukele no siendo la excepción, aprovecha el desgaste de la oposición representada por ARENA y FMLN en la Asamblea Legislativa para mediatizar el plan de seguridad de su gestión atribuyéndole a sus adversarios la responsabilidad de sus fracasos en la materia, al mismo tiempo se muestra como redentor ante sus seguidores ante la abyección de ARENA y FMLN.

Está preparando el asalto al parlamento, pero por la vía electoral, no sin antes haber demostrado que militarmente puede hacerlo, pero sabe que las consecuencias de ello no le favorecerían, por ello realmente Bukele no estimaba disolver el parlamento como supuestamente pretendía. Había montado su espectáculo previendo la no asistencia de sus próximos rivales electorales. La manera como sus ministros convocaron a la A.L no fue adecuada para producir el efecto que faculta la Constitución; el derecho de emergencia tiene cabida en casos de necesidad declarada en caso de requerir de una respuesta Estatal urgente; el art. 167 º7 CN no faculta a que de manera antojadiza el Consejo de Ministros convoquen extraordinariamente cuando no se encuentre el Estado ante un estado de necesidad al que con respuestas acuciantes debe darle fin.

El problema de la violencia y delincuencia no es novedoso y no da cabida para ser declarado como emergencia debido a que se han reducido significativamente los homicidios y la aprobación de negociaciones para préstamos puede hacerlo ordinariamente la A.L. La errada interpretación del presidente del artículo Constitucional fue agrede para aminorar a sus adversarios y hacer lustres de ese acto ante sus seguidores mientras se muestra con el liderazgo per se sobre la institucionalidad democrática.  Es evidente que la consolidación democrática de la institucionalidad burguesa no se consolidó en la posguerra; Bukele es un fenómeno de Bonapartismo en un régimen de democracia burguesa republicana.    

A Bukele no le importamos.

Como  clase trabajadora debemos concluir que, no podemos confiarnos de la instituciones de democracia burguesa, es delgado el hilo que separa la democracia como consenso manipulador con la dictadura, por lo que no tenemos que seguir la demagógica campaña de desgastes de Bukele hacia sus adversarios; el y ellos son nuestros enemigos de clase a quienes hay que oponerles organizadamente la lucha por una Asamblea Nacional Constituyente que reorganice el Estado en función de la clase trabajadora, campesinos, estudiantes y pueblos originarios.