Por Armando Tezucún
El problema del campesinado en Guatemala tiene muchas aristas y facetas conflictivas. Una de ellas es el problema de la distribución injusta y desigual de la tierra. Pero las comunidades campesinas, en su casi totalidad pertenecientes a diversas etnias indígenas, tienen también el problema de que son agredidas por voraces empresas nacionales y extranjeras de diversa índole que pretenden pasar por encima de sus derechos, ocupando los territorios que habitan, degradando el ambiente y destruyendo el equilibrio ecológico. Entre estas empresas hay compañías mineras, hidroeléctricas, petroleras, agroindustrias, etc.
El pasado 14 de noviembre la capital guatemalteca fue testigo de una de las actividades de resistencia de las comunidades campesinas sobre el tema de la energía eléctrica. Miles de compañeros procedentes de 20 departamentos del país (40 mil, según declaración de uno de sus dirigentes, Prensa Libre 14/11/13), marcharon a partir de cuatro puntos para converger en el Centro Histórico y protestar frente a la Corte de Constitucionalidad.
La actividad, organizada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fue motivada por el acuerdo gubernativo No. 145 -2013, que declaró de urgencia nacional y necesidad pública la construcción de obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica (PET), así como el Plan de Electrificación Rural. Según este plan, la red atravesará 15 departamentos, 74 municipios y más de 400 comunidades del país. El problema es que “…está siendo ejecutado sin la previa consulta de las comunidades por donde pasará la obra, violando constitucionalmente el derecho de los pueblos indígenas…” (CODECA, manifiesto del 13 de noviembre). Los compañeros y sus representantes legales presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el mencionado acuerdo ante la CC.
Además de ello protestaron contra el costo de la energía eléctrica y el alumbrado público, demandando la nacionalización de la energía eléctrica. Según dirigentes de Codeca, también se dieron protestas en Cubilguitz, Cobán; Raxruhá; El Pajal, San Pedro Carchá; en el cruce a Lanquín, Alta Verapaz; en el cruce de Chisec hacia Ixcán, Quiché; y en el cruce hacia Sayaxché, Petén (Prensa Libre 14/11/13).
El presidente Otto Pérez no perdió tiempo y atacó la marcha declarando que los líderes de Codeca se roban el dinero de los guatemaltecos “por cobrar energía que no es de ellos; cobran menos, pero porque no les cuesta. Lo que hacen es un robo y hay personas detenidas”; sobre la demanda de nacionalización de la energía eléctrica dijo “…es algo que está fuera de las posibilidades y de la realidad” (Siglo XXI 14/11/13).
En su manifiesto del 13 de noviembre los compañeros de Codeca se expresaron también contra la explotación minera, la privatización de Puerto Quetzal, las empresas hidroeléctricas y el subsidio a las empresas transnacionales. Exigieron también el cese de la persecución y criminalización de las luchas sociales, la nacionalización de la energía eléctrica y la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural.
Desde que los gobiernos neoliberales de los años 90s privatizaron la distribución de la energía eléctrica el servicio ha sido un calvario para el pueblo. La fatídica Unión Fenosa, ahora transformada en Energuate ha estafado a las poblaciones con un pésimo servicio y cobros excesivos. Por ello concordamos con los compañeros en la urgente necesidad de nacionalizar el servicio de energía eléctrica, pero bajo la fiscalización y supervisión de las organizaciones campesinas, sindicales y populares para evitar que una nueva empresa eléctrica se convierta en un botín para funcionarios corruptos.
Las demandas planteadas por los compañeros son indudablemente las más sentidas por la población indígena y campesina. Recordemos que en octubre del año pasado seis compañeros fueron asesinados por el ejército durante una protesta por estas mismas demandas en la Cumbre de Alaska. La energía y la fuerza generadas por el incidente abrieron la posibilidad de un fuerte movimiento unitario de protesta. Sin embargo, un año después esta fuerza y el deseo de luchar unidos parecen haberse desvanecido. Para el movimiento indígena y campesino es vital, entonces elaborar una plataforma unitaria de lucha en la que coincidan las diferentes organizaciones y logren acuerdos concretos por encima de las diferencias. Creemos que esta es la única forma en que el campesinado logrará enfrentar de manera efectiva al gobierno.