La alta dirigencia del empresariado aplaudió la Ley de Túmulos

Por Juan Castel

“US $25 millones diarios de pérdidas por bloqueos… Sector privado reacciona ante ultimátum de agentes aduanales y transportistas, de paralizar en poco tiempo” (ElPeriodico 19.02.14). Este era uno de los titulares de la portada de uno de los periódicos burgueses matutinos de mayor tiraje en Guatemala. Ese mismo día se aprobaba con el apoyo de 131 diputados la “Ley para la Circulación por Carreteras Libres de Cualquier Tipo de Obstáculos”.

La ley estipula en su Art.2: “Queda prohibido sin la autorización de la Dirección General de Caminos (DGC) colocar o construir talanqueras, garitas, túmulos, toneles o cualquier otro tipo de obstáculos sobre la cinta asfáltica, terracería en carretera a cargo del CIV (Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda) con el objetivo de dificultar o impedir la libre circulaciones de vehículos”; según su ideólogo y promotor, el diputado oficialista Juan Alcázar: “la disposición pretende imponer –según el Art.6 Sanciones Administrativas-multas entre los Q1 mil y los Q5 mil para todo aquel que obstaculice las vías, excepto para quienes tengan autorización de la Dirección General de Caminos” (SigloXXI 20.2.14). Lo que el diputado “patriota” olvidó mencionar es que la ley transforma según su redacción, los actos represivos de las fuerzas estatales –policía y ejército- contra las manifestaciones que se registran todos los días en el territorio nacional, y vuelve al hecho consumado de la represión un derecho inmutable más del garrote del Estado a favor de las cámaras oligárquicas agroindustriales y exportadoras. Según el Art.3: “El CIV, a través de la DGC, sin previo aviso, deberá proceder a retirar de las carreteras del país todo tipo de obstáculos que dificulten o impidan la libre circulación de vehículos”…y en su Art.8 Auxilio de la PNC, reza el salmo: “Quien se resista, o de cualquier forma impida el retiro de obstáculos en las carreteras del país será sancionado de la misma forma del articulo anterior” menciona el derecho de la Policía Nacional Civil (PNC) de intervenir y auxiliar a la DGC en dado caso ser necesario.

Con esto también queda alterado el Art.158 del código Penal guatemalteco, con el cual se busca perseguir penalmente a los infractores que alteren el orden vial y la libre circulación de los vehículos y castigarlos con hasta un año de cárcel.

Cualquier otro tipo de obstáculos y el gran encubrimiento

“Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), dijo estar de acuerdo con la aprobación de esta normativa porque agiliza el tránsito y, además, es necesario regular las protestas”. (Prensa Libre 21.01.14)

Los representantes de la rancia burguesía nacional no tardaron en salir a dar vueltas en círculos y aplaudir una victoria política de su servidumbre en el Congreso, que llegó a cerrar filas y consiguió la votación más ecuánime en estos dos años de gobierno, logrando pasar una ley en el entrampado circo que es el Congreso de la República. Jorge Briz, vocero de la Cámara de Comercio dijo: “Una persona tiene garantías constitucionales como la libre locomoción y también para manifestar, pero sin entorpecer los derechos de los demás ciudadanos” (Ibid). Aseguran con esta ley el garrote práctico y su constancia jurídica para disolver manifestaciones; todos los diputados han cerrado los ojos y han hecho silencio, la burguesía en cambio no se reserva frases para una victoria que asegurará de ahora en adelante la llegada rápida de los cargamentos de materia prima a los puertos y fronteras para su exportación.

Las Contradictorias Leyes Liberales y la libre concurrencia burguesa

“Otro tipo de obstáculos”, es la forma en que se redacta en la nueva ley a toda persona que interrumpa el derecho individual de circulación, pero también significa limitantes al derecho de manifestación, garantizado en el artículo 33 de la Constitución Política de la República. Por eso desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a todas las fuerzas, a la ciudadanía, al campesino y al obrero a manifestarse a tomar plazas y calles, en la urbanidad y en el interior para detener esta que es una derrota clara para las libertades de la población en su ancho espectro; y a presentar recursos contra esta nefasta ley. Hoy es el derecho a detener el comercio de los caciques, mañana serán tiempos más oscuros de represión y persecución con fuerza y ley en mano.