Por Guillermo De La Cruz
El 23 de mayo en horas de la tarde un numeroso contingente del cuerpo antimotines de la Policía Nacional Civil arremetió salvajemente contra compañeros pobladores que impedían el ingreso de maquinaria a la mina El Tambor, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, subsidiaria de la minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates.
Desde marzo de 2012 las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se han opuesto a este proyecto que dañará el medio ambiente del lugar, en especial los recursos hídricos. Ante el abuso de la minera y las autoridades estatales que sin consultar a la población permitieron el inicio de operaciones, las compañeras y compañeros instalaron un campamento de resistencia en la entrada de la mina para impedir su funcionamiento. Durante estos dos años los pobladores han sido objeto de ataques, entre los que destaca el atentado contra la dirigente Yolanda Oquelí, del cual salió con vida.
En horas de la madrugada del 23 se acercó a las instalaciones la maquinaria de la mina, y de inmediato los comunitarios se plantaron enfrente para impedir el paso. La respuesta fue la llegada de más de dos centenas de agentes equipados con escudos, cascos, bombas lacrimógenas y todo el equipo para reprimir. Alrededor de las dos de la tarde, ante la negativa de los compañeros a permitir el paso del equipo, los antimotines arremetieron contra el grupo sin importarles que hubiera niños, mujeres y ancianos. Los que pudieron se enfrentaron valientemente contra las fuerzas de la represión. El saldo fue de más de veinticinco heridos de consideración, entre ellos agentes represores, cuatro detenidos y numerosos afectados por los gases, que no ameritaron hospitalización, entre ellos niños.
La salvaje represión del gobierno no fue suficiente para amilanar a la población, y un buen grupo ha permanecido en resistencia en las cercanías de la entrada a la mina. Desde el día de los hechos numerosos grupos y organizaciones se han hecho presentes para manifestar su solidaridad con las compañeras y compañeros, incluyendo representantes del estudiantado de la Universidad de San Carlos. El 1 de junio partió hacia La Puya una gran Caravana de Solidaridad que llevó apoyo material y moral la comunidad en resistencia.
El día 26 por la madrugada, bajo la protección de 25 patrullas de la PNC, ingresaron a la mina cinco excavadoras sin que los pobladores pudieran oponerse. Uno de los compañeros declaró: “Nuestros derechos humanos han sido violentados al ingresar la maquinaria; hoy (ayer) los policías nos tiraban las patrullas encima para que pudieran entrar las maquinas, sin importarles que estuvieran presentes personas de la PDH” (Siglo XXI, 27/05/14).
En otro aspecto de la represión contra los compañeros en resistencia, el 27 de mayo los líderes comunitarios de La Puya, Fernando Castro, Gregorio Catalán, Eusebio Muralles y Francisco Carrillo fueron ligados a proceso y puestos bajo arresto domiciliario por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal. La acusación fue detención ilegal, coacción y amenazas contra cuatro trabajadores de la mina El Tambor, durante los acontecimientos de 2012 que condujeron al movimiento de resistencia. La compañera Yolanda Oquelí también estaba acusada, pero se le dictó falta de mérito.
Los compañeros han hecho el llamado al diálogo y el día 25 entregaron un escrito en Casa Presidencial solicitando al presidente Pérez Molina y sus ministros una reunión sin intermediarios, en vista de que los procesos de diálogo anteriores han sido infructuosos. “Esperamos que el Presidente tenga buena voluntad en atendernos, ya que el diálogo nunca fue roto por la población. No es una oposición, sino que defendemos la vida, lo que sucedió el viernes se hizo sin una orden de desalojo”, declaró Yolanda Oquelí refiriéndose a la violenta represión del día 23 (Siglo XXI, 26/05/14). El presidente aún no ha dado una respuesta.
El Partido Socialista Centroamericano llama a las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, indígenas y populares a formar un FRENTE ÚNICO CONTRA LA REPRESIÓN, que enfrente la escalada represiva del criminal gobierno de Pérez Molina y el Partido Patriota. En específico, demandamos la inmediata retirada de las tropas criminales que permanecen en la entrada de la Mina El Tambor, la liberación inmediata de los detenidos, la realización de una consulta popular cuyos resultados sean respetados, en la que la población opine sobre la permanencia de la minera. Rechazamos el juicio contra los cuatro líderes de La Puya y demandamos que se revoque el arresto domiciliario. Denunciamos al gobierno, que demuestra una vez más que defiende únicamente los intereses de los empresarios nacionales y extranjeros.
