Por Armando Tezucún
Las políticas neoliberales que se han venido implementando en el país desde la década de los 90s, con la privatización de los bienes del Estado y la extensión de los privilegios fiscales a las empresas, han redundado en primer lugar en el debilitamiento de los servicios públicos que el Estado debe facilitar a la población, sobre todo a la que el mismo sistema capitalista empuja a una situación de pobreza.
El actual desastre del sistema nacional de salud no es producto de este gobierno, ni de los actos de corrupción que la Cicig y el MP han revelado. Recordemos que ya en 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, los médicos de los hospitales públicos realizaron una huelga de casi cuatro meses, reclamando el abastecimiento adecuado de los hospitales en cuanto a medicinas, equipos e insumos. La misma situación se dio durante el gobierno de Álvaro Colom y la UNE. Gobierno tras gobierno, el problema del servicio de salud pública en vez de mejorar, se ha ido agravando.
Durante el desaparecido gobierno de Pérez Molina y el PP, las denuncias de desabastecimiento y escasez en los centros de salud y hospitales fueron continuas, además de las demandas de los trabajadores del sector por falta de pago de salarios e incumplimiento del pacto colectivo. En realidad podemos hablar de una crisis permanente, que ha sido aliviada a medias por los distintos gobiernos mediante parches, pero que intermitentemente sale a flote una y otra vez.
Las medidas tomadas bajo el nuevo gobierno de Alejandro Maldonado, que sustituyó al defenestrado Pérez Molina, van en la misma línea.
A mediados de noviembre el Ministerio de Finanzas aprobó un espacio presupuestario de Q 350 millones destinado al Ministerio de Salud, que sería repartido entre los diversos centros hospitalarios para remediar las necesidades más urgentes. El nuevo ministro de salud Mariano Rayo, reconoció que ese es solo un paliativo, pues el ministerio tiene una deuda con los proveedores que se remonta a 2012, que ascendía al 11 de noviembre a Q 530,150,998. Esta vez la crisis es tan grave que los médicos y trabajadores del capitalino Hospital San Juan de Dios temen que éste quede completamente paralizado. Por otro lado, los médicos y personal del Hospital Roosevelt, el otro gran hospital de la capital, paralizaron la consulta externa y otros servicios desde el 5 de noviembre al 7 diciembre. Los trabajadores del Hospital Pedro de Bethancout de Antigua también paralizaron labores para exigir pago de salarios, medicinas e insumos. Lo mismo sucedió en los hospitales de Quetzaltenango, Huehuetenango y Amatitlán, en lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos calificó como la peor crisis del sistema de salud en la historia del país.
Las medidas de emergencia para subsanar el estado al que ha llevado el sector salud la irresponsabilidad de los diferentes gobiernos empiezan a apuntar a medidas privatizadoras. Un sector de los médicos sugirió que se autorizara de nuevo el funcionamiento de los patronatos y fundaciones, que son entidades que recaudan donaciones privadas para financiar los hospitales. Éstos proliferaron durante los años 90s, pero fueron clausurados. El principal sindicato de salud protestó contra esta idea, denunciándola como privatizadora y recordando que fueron los trabajadores sindicalizados los que lograron el cierre de los patronatos.
El 23 de noviembre, médicos, trabajadores, estudiantes universitarios y población en general realizaron una caminata exigiendo una solución al caos existente en los centros hospitalarios públicos. Esa misma semana los médicos del Hospital Roosevelt exigieron la renuncia del ministro Rayo por su incapacidad para solucionar la debacle de la red hospitalaria.
La crisis ha obligado a los hospitales a recurrir a la caridad pública, y las instituciones de la oligarquía han empezado a lucirse haciendo donaciones. La Fundación Juan Bautista Gutiérrez, de Corporación Multiinversiones, anunció el 25 de noviembre que donará al Hospital Roosevelt Q 1 millón, y que abrirá una cuenta bancaria para que la población en general haga sus donaciones. La fundación Castillo Córdova, de la Corporación Castillo Hermanos, había hecho lo propio el 20 de noviembre, donando Q 1 millón en medicamentos. A inicios de diciembre la Cámara de Industria de Guatemala hizo un donativo de pañales para niños y adultos a los hospitales nacionales. Resulta despreciable que la misma oligarquía que con su negativa a pagar impuestos y su imposición de un Estado débil ha causado la enorme crisis de los servicios públicos, ahora quiera aparecer como la gran benefactora de la población; su hipocresía no tiene límites.
El 8 de diciembres, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de salud de Guatemala, bloquearon carreteras en el interior y realizaron una caminata en la capital, exigiendo el pago de salarios, la renovación de contratos y el abastecimiento de los centros hospitalarios.
Para agravar la situación, el presupuesto 2016 aprobado por el Congreso el 30 de noviembre, contempla una disminución de Q 1 mil millones para el Ministerio de Salud.
Las perspectivas para 2016 no son nada halagadoras. Sin duda la crisis continuará. Las y los trabajadores y médicos del sistema de salud pública deben prepararse para continuar la lucha. Y la primera medida es lograr la unidad entre médicos y trabajadores, incorporando además a la población, a través de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares en un solo frente que de la batalla por un servicio de salud estatal eficiente, sólido y gratuito.
