Por Armando Tezucún
El año pasado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) denunciaron la existencia de una red de defraudación fiscal y aduanera a la que se denominó “La Línea”. Por el caso fueron capturados y sometidos a proceso numerosos funcionarios públicos, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. También fue implicada una cincuentena de medianos empresarios, en su mayoría importadores extranjeros, que se beneficiaron de los servicios de la red; a pesar del clamor de las protestas populares, que reclamaban a los “peces gordos” del empresariado, la Cicig no presentó ninguna querella contra las grandes empresas o grupos corporativos.
Fue hasta el 12 de febrero que, como resultado de investigaciones complementarias derivadas de evidencias detectadas en el caso “La Línea”, fueron capturados una serie de funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), implicados en el caso de defraudación fiscal a favor de la empresa Aceros de Guatemala. También fue capturado el representante legal de esta empresa, José Raúl Paiz Valdez. 15 personas fueron detenidas en total.
Los representantes de Aceros de Guatemala lograron, por medio de la empresa gestora de aduanas Tres Puertos (cuyos directivos fueron detenidos), la desestimación de tres querellas judiciales planteadas en su contra por la SAT en 2012, por un monto de Q 255.6 millones. La estrategia fue alterar informes de la SAT y hacer responsables de la defraudación a empresas de cartón, con direcciones falsas o inscritas a nombre de personas fallecidas. El abogado de Aceros de Guatemala, Frank Trujillo, resultó implicado por evidencias presentadas por medio de escuchas telefónicas. Las gestiones también lograron la devolución de un crédito fiscal a favor de la empresa por cerca de Q 11.8 millones, a cambio de una remuneración a los directivos y exdirectivos de la SAT. En el caso están implicados Omar Franco, ex Superintendente de Administración Tributaria, y el auditor Geovani Marroquín Navas, ambos integrantes de la red “La Línea” y en prisión desde el año pasado.
Aceros de Guatemala es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de materiales de construcción en el ramo metalúrgico. Fue fundada en 1953 por José Luis Gabriel Abularach, quien preside la empresa y la dirige con sus hijos. Esta familia fundó en la década de 1950 la Distribuidora El Tirador, una importante cadena de comercios, y es dueña de Minas de Guatemala S. A. Uno de los mandatarios de Aceros de Guatemala es Marco Augusto García Noriega, ex presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), quien fue socio del Banco Reformador, presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Azasgua), y directivo de Luma Holdings, dedicada al cultivo de palma africana.
José Luis Gabriel Abularach es director de la Corporación BICapital desde 2007, y miembro del Consejo de Administración del poderoso Banco Industrial. En la actualidad Aceros de Guatemala es un complejo corporativo que incluye las empresas Distribuidora Universal (Distun); Siderúrgica de Guatemala (Sidegua); Hornos S. A.; Industria de Tubos y Perfiles, S. A. (Intupersa); las plantas Indeta y Planta de Malla Electrosoldada; Importadora Metalúrgica; y la alianza estratégica entre Corporación Aceros de Guatemala y el Grupo Gerdau de Brasil, a través de Corporación Centroamericana del Acero.
Pese a las evidencias que implicaban a Frank Trujillo, abogado de Aceros de Guatemala, el juez Miguel Ángel Gálvez rechazó procesarlo penalmente. El juez solamente le dictó arraigo; el MP deberá continuar las investigaciones en su contra.
El 4 de marzo los medios dieron a conocer que el juez Gálvez benefició con medidas sustitutivas a siete de los 15 sindicados en el caso de defraudación Aceros de Guatemala, entre ellos el representante legal de la empresa José Raúl Paiz Valdez. Las acciones legales contra esta corporación, que forma parte de los círculos empresariales más poderosos, ha causado alarma entre los grupos de la burguesía que controlan la economía del país. La pregunta es qué tan lejos están dispuestos a llegar La Cicig y el MP, y detrás de ellos la embajada gringa, en la persecución de las corporaciones oligárquicas que defraudan al Estado. Por lo pronto, el hecho de que el juez haya dejado fuera de proceso a Trujillo y otorgado medidas sustitutivas a Paiz Valdez, indica que los grupos de poder económico están moviendo sus influencias, y que la familia Gabriel Abularach y su socio García Noriega están aún muy lejos de ser alcanzados por la justicia.
Las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares deben reclamar a la Cicig, al MP y el organismo judicial que la investigación llegue al fondo y sean castigados los empresarios oligarcas que han evadido impuestos, debilitando al Estado de Guatemala.
