Por Marcial Rivera

Cada año en el Congreso de la República se discute el presupuesto público del siguiente año, que desde luego se alimenta de las diferentes fuentes de recaudación tributaria que tiene el país por medio de la recaudación de impuestos. Distintas entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tanques de pensamiento -como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)- y centros de investigación, así como economistas, señalan que Guatemala tiene una base de recaudación tributaria bastante débil, es un país que cobra pocos impuestos, y por tanto su margen de ejecución pública se supedita a esto. Los organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, han condicionado el financiamiento al Estado, si el mismo no es ejecutado de forma correcta; esto además de que es necesario que se lleve a cabo una reforma fiscal, en la que los grupos oligárquicos paguen de acuerdo a sus ingresos y que se termine de una vez con el sistema regresivo de impuestos, para dar el salto de calidad hacia un sistema progresivo.

La propuesta de presupuesto 2017 que presentó el gobierno al Congreso de la Republica es de alrededor de los Q.79.8 millardos -como techo-, pero la Comisión de Finanzas del Congreso decidió dejarla en Q. 76.98 millardos. Las carteras de Comunicaciones, Defensa, Desarrollo Social y Agricultura tendrán menor presupuesto, fundamentalmente por contratar los servicios de empresas que tienen señalamientos de corrupción, pero también por falta de transparencia y baja ejecución en el gasto. El Ministerio de Desarrollo Social ha tenido una ejecución presupuestaria del 31.1% a noviembre, y el de Comunicaciones del 25.9%. En cambio, la Comisión incrementó el presupuesto destinado al Ministerio Público, Ministerios de Gobernación, Salud, Educación y la Corte de Constitucionalidad entre otras dependencias.

La fecha límite para que el Congreso de la República apruebe el presupuesto 2017 es el 30 de noviembre. El 18 de ese mes los diputados aprobaron en primer debate el proyecto presentado por la Comisión de Finanzas, pero rechazaron declarar de “urgencia nacional” su aprobación.

El partido de gobierno, FCN-Nación ha entrado en una carrera contra el tiempo para introducir cambios al proyecto de presupuesto. El 22 de noviembre se supo que sus diputados, en alianza con los del Movimiento Reformador y Alianza Ciudadana, buscan agregar Q 1 mil millones al proyecto, presentando 10 enmiendas. Estos cambios pretenden retirar las restricciones que puso la Comisión de Finanzas, que otorgan el manejo de los fondos de los Consejos Comunitarios de Desarrollo a los alcaldes, quitándoselo a los gobernadores departamentales. Recordemos que la bancada oficialista se nutrió de tránsfugas de los partidos Patriota y LIDER, negociando los cargos de gobernadores departamentales y el manejo de estos fondos. Además, pretenden regresar Q 200 millones al presupuesto del Ministerio de Defensa, e incrementar los de Agricultura, Desarrollo Social y Comunicaciones, así como hacer cambios al de Salud. La mayoría de bancadas del congreso están de acuerdo en aprobar el nuevo presupuesto, pero plantean cambios.

El proyecto pasó en segundo debate, pero el día 24 que estaba programado el tercer debate, la sesión fue suspendida por falta de quórum, luego de 40 minutos de esperar a más de 100 diputados ausentes.

Mientras tanto, el día 24 el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y la Asociación Nacional del Magisterio (ANM) realizaron una marcha en la capital para exigir al Congreso la aprobación de un presupuesto de Q 18 mil millones para educación en 2017. En caso contrario, los sindicatos impedirán el inicio del ciclo lectivo en enero. El monto aprobado por la Comisión de Finanzas para el Ministerio de Educación asciende a Q 13,937.2 millones, pero los sindicalistas aseguran que eso alcanza para cubrir gastos de salarios y administrativos, pero no para invertir en mejorar infraestructura, mobiliario, material didáctico, etc.

El presupuesto finalmente fue aprobado el martes 29 de noviembre, por un monto de Q 77,309. 5 millones, alrededor de Q 320 más de lo dictaminado por la Comisión de finanzas. El incremento fue sobre todo para los Ministerios de Energía y Minas y Trabajo, para favorecer el subsidio de la tarifa social en el servicio eléctrico y a hogares de ancianos.

Reclamamos fondos suficientes para los servicios esenciales a la población, como salud, educación, vivienda y seguridad. Los sindicatos independientes y otros espacios de organización de la clase trabajadora, deben ser quienes se encarguen de fiscalizar la ejecución en tiempo del presupuesto, así como la calidad del gasto público.