Por Armado Tezucún
La idea de dotar a Puerto Quetzal, uno de los más importantes puertos del país, de nuevas instalaciones que permitan la descarga y manejo de contenedores transportados por barcos de mayor calado que los que están en capacidad de recibir sus actuales instalaciones, en sí misma implica un importante avance. Sin embargo, debido a la corrupción arraigada en los gobiernos burgueses, su implementación nació torcida, y hasta la fecha diversos actores tratan de impulsarla mediante subterfugios legales.
En 11 de julio de 2012 el gobierno de Otto Pérez Molina firmó un contrato de usufructo con el grupo español Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), y su recién creada Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), eludiendo el requisito legal de efectuar una licitación pública y escondiendo que en los hechos se trataba de una concesión totalmente desventajosa para el Estado. A pesar de la oposición de los sindicatos de Puerto Quetzal, la empresa española inició las obras de construcción de la TCQ, al haber recibido los terrenos de parte del gobierno en 2013.
En abril de 2016, la Cicig y el Ministerio Público dieron a conocer que desde los primeros meses de 2012, agentes del gobierno y de TCB negociaron una comisión por US$ 30 millones para que las gestiones para el contrato fluyeran sin dificultad; US$ 24 millones se hicieron efectivos de esta comisión, recibiendo su parte el ex binomio presidencial Pérez Molina – Baldetti.
En 2015, en base a un análisis de la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación solicitó declarar nulo o lesivo el contrato con TCQ, pero el caso aún se encuentra en trámites en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo cual sigue vigente. El caso se complicó aún más porque TCQ vendió su proyecto en Puerto Quetzal al gigantesco grupo danés Maersk, a través de su filial APM Terminals, y el Banco Mundial dio un préstamo millonario para la construcción de la terminal y además invirtió US$ 7.7 millones en TCQ. Representantes de Maersk visitaron el país y acordaron con el gobierno pagar una multa de US$ 43.2 millones al Estado, como parte de las condiciones para poder operar.
Los trabajos en TCQ están prácticamente finalizados y la empresa está lista para iniciar operaciones. El presidente Morales y el empresariado están dispuestos a proceder con la concesión cueste lo que cueste. El 3 de noviembre de 2016 el Ejecutivo presentó al Congreso una iniciativa para otorgar la concesión de TCQ por 21 años. Sin embargo, el Congreso no la aprobó en el plazo previsto y la nueva Comisión de Finanzas no contempla dentro de sus prioridades el análisis del caso TCQ.
Los interesados en la concesión encontraron un atajo para lograrla. El Congreso tenía un plazo de 40 días para aprobar la concesión, que venció el 29 de diciembre. Según la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfin, ahora la decisión quedaría en manos de las autoridades de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ). Ésta decidió que la terminal puede iniciar operaciones media vez obtenga los permisos requeridos. TCQ consiguió un acuerdo con la municipalidad del Puerto de San José para obtener un permiso de licencia de construcción, a pagar en un plazo de 20 años y por una cantidad menor a la requerida inicialmente. Otros permisos necesarios son el del Ministerio de Comunicaciones y de la Superintendencia de Administración Tributaria, además de un reglamento de operaciones. De esta manera, la EPQ y la TCQ estarían evadiendo la autorización del Congreso para poder operar.
Mientras, la Contraloría General de Cuentas manifestó su oposición a la entrada en operaciones de TCQ, pues sostiene que primero tiene que ser anulado el contrato firmado por el gobierno de Pérez Molina y luego se tiene que convocar a una licitación internacional, como manda la ley. La titular de la PGN sostiene que la concesión a TCQ es la única opción posible pues no se puede hacer una licitación mientras esté vigente el contrato anterior. Como telón de fondo, el interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, se ha lamentado una y otra vez de que la situación económica de la empresa es insostenible, que ha estado ocho meses sin ingresos porque no puede operar ni obtiene fondos del Estado, que en diciembre tenía que pagar US$ 4 millones a los bancos y no pudo hacerlo y que en consecuencia urge que inicie sus operaciones (La Hora 31/01/17).
Nuestra postura es que TCQ debe pasar a manos del Estado, para frenar, de una vez por todas, los manejos corruptos que se han dado desde 2012, y que sea administrada por los trabajadores de la portuaria. Apoyamos a los compañeros del Sindicato de Trabajadores Organizados de Puerto Quetzal, el único de los sindicatos que ha estado denunciando las artimañas utilizadas para permitir la operación a manos privadas de TCQ.
