Por Armando Tezucún
El último pacto colectivo firmado entre el sindicato magisterial mayoritario, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), y el gobierno, venció en abril de 2016. Este convenio fue firmado a finales de 2012, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, y contemplaba, entre otras ventajas, un aumento salarial escalonado del 30%, (10% cada año) y un seguro de vida. A partir de agosto del año pasado, luego de fuertes movilizaciones de los docentes pertenecientes al STEG, se instaló una mesa de negociación entre representantes del Ministerio de Educación, dirigido por el ministro Óscar Hugo López, y del STEG, liderado por Joviel Acevedo.
Sin embargo, ha habido un total desconocimiento del rumbo que llevan estas negociaciones, al menos para las amplias bases magisteriales y el pueblo trabajador en general.
En su edición del 14 de julio el diario Prensa Libre reveló que ya hubo un acuerdo entre el presidente Morales, el ministro López y Acevedo, para otorgar a los docentes un incremento salarial del 11 por ciento, que se haría efectivo a partir del próximo año. Según el mencionado diario, el vocero presidencial Heinz Heimann confirmó el acuerdo y manifestó que los ministerios de Educación y Finanzas trabajan en la ubicación de recursos para hacerlo realidad. Acevedo, por su parte, se rehusó a dar declaraciones.
El ministro de educación no dio tanta certeza sobre el asunto, reconociendo que el incremento salarial está en discusión, y que se podría definir durante la semana del 18 al 22 de julio, lo cual no sucedió: “Estamos seguros de que esta semana que viene estaríamos poniendo a la mesa ya esas cantidades, y ya definiríamos si podemos responder a ellas o no, pero hasta acá no se ha firmado nada, no se ha acordado cantidades y, como consecuencia, la negociación sigue” (Prensa Libre 15/07/17). Lo que anunció el ministro es que hay acuerdos para implementar medidas represivas contra los maestros, mediante un reglamento de disciplina, que si bien sería justificable en casos extremos de acoso o violencia sexual de parte de los docentes hacia alumnos, bien puede ser utilizado contra compañeras y compañeros involucrados en justas acciones de protesta; se incluyó también el cumplimiento “irrestricto” de los 180 días de clase, lo que afecta directamente el derecho del magisterio a la huelga.
El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada se manifestó en contra del incremento salarial; dijo que el Estado no podría pagar tal incremento, y que el pacto colectivo anterior socavó las finanzas del Estado, pues los salarios de los docentes representan Q 10 mil millones del presupuesto del Ministerio de Educación, que este año asciende a Q 13,932.2 millones. Durante la elaboración del proyecto de presupuesto para el próximo año, se asignó a educación un techo de Q 14,834.7 millones, pero ambos ministros, López y Estrada, reconocieron que no se incluyó una posible ampliación salarial al magisterio, por lo que el asunto está en el limbo.
Los problemas del sistema educativo en Guatemala son múltiples. Por un lado, las compañeras y compañeros docentes tienen el justo derecho a mejoras salariales, ante el acelerado incremento del costo de la vida, sobre todo los que están por contrato, sin derecho al escalafón. Por otro lado, hay una enorme falta de maestros en las escuelas; en los meses de enero y febrero, iniciando el ciclo escolar, fueron numerosas las protestas de padres de familia y estudiantes que reclamaban maestros para sus centros educativos. Esto sucedió en la capital, donde en muchas escuelas las maestras se tienen que hacer cargo de dos o tres grados a la vez. Sin duda en el interior la situación es mucho más grave. La eliminación de la carrera de magisterio en 2012 ha venido a afectar la situación pues al prolongarse los años necesarios para obtener el título de maestro, la cantidad de nuevos maestros disponibles ha bajado sensiblemente.
El aumento presupuestario para el próximo año es en gran parte para la contratación de docentes, pero sin un salario digno, y sin que el presidente Morales cumpla su promesa de trasladar a los maestros por contrato (renglones 021 y 022) a plazas fijas, con goce completo de prestaciones y del escalafón (renglón 011).
El problema tiene que ver con la inversión del Estado en educación que es del 2.9% del PIB, cuando lo recomendado por la UNESCO es al menos el 7% del PIB. Esto nos lleva al bajo nivel de recaudación fiscal y la necesidad de una reforma tributaria que obligue a los que tienen más a pagar más.
Llamamos las y los maestros a exigir a su dirigencia sindical que hagan públicas las negociaciones que mantienen con las autoridades. Las bases deben estar enteradas de lo que discute, por medio de asambleas informativas y deliberativas democráticas y vinculantes.
