Por Armando Tezucún
El operativo realizado por integrantes de la Mara Salvatrucha para rescatar a uno de sus líderes, Anderson Daniel Cabrera Cifuentes de la célula Piwis, mientras estaba siendo atendido en el Hospital Roosevelt (uno de los dos más importantes del país), dio como resultado siete personas fallecidas y una docena de heridos.
Este ataque sirvió de pretexto para que las bancadas más derechistas del Congreso y organizaciones de ultraderecha, volvieran a pedir la reactivación de la pena de muerte, y se agilizaran los procesos para la aprobación de una ley represiva contra las maras. El Congreso dio trámite en primer debate, con 80 votos a favor, a la Ley Antimaras, presentada por el Bloque parlamentario Todos, que busca “endurecer las penas a pandilleros y homologarlas con El Salvador y Honduras”, según dijera el diputado de Todos Felipe Alejos (Prensa Libre 17/08/17).
La propuesta de la bancada Todos fue presentada en mayo, y el dictamen favorable fue presentado el 8 de agosto. Consiste en reformas al Código Penal, que penalizan la pertenencia a estas pandillas, modificando el delito de terrorismo, aumentando las penas de cárcel y las multas.
A pesar de la aprobación que tuvo en primer debate al calor del atentado en el Roosevelt, algunos diputados y analistas están en contra de la iniciativa, pues consideran que está mal redactada y además que se puede prestar a interpretaciones que servirían para criminalizar las protestas campesinas, sindicales, etc. Esto porque identifica como organizaciones ilegales a maras, clicas, pandillas juveniles o criminales siempre que se organicen para “transgredir la paz social”, “dañar la propiedad privada o pública” o para “hostigar o coaccionar a cualquier persona para obtener un beneficio económico o de cualquier otro tipo” (Prensa Libre 18/08/17). Es obvio que estas acciones, que no están rigurosamente definidas, pueden objeto de una lectura retorcida por quien quiera perjudicar a grupos populares que realicen bloqueos, manifestaciones, huelgas, tomas de fábricas, fincas o instalaciones de trabajo en reclamo de sus derechos. Además, está comprobado que una ley similar en El Salvador, basada en medidas represivas, no funcionó, y nada nos garantiza que funcione en Guatemala.
El fenómeno de las maras y pandillas tiene su origen en la grave descomposición social provocada por las salvajes medidas neoliberales aplicadas por los gobiernos desde la década de los noventas. Estas políticas no han hecho sino crear una creciente miseria y total falta de oportunidades para los jóvenes guatemaltecos y en general, centroamericanos. No hay trabajo digno, ni educación gratuita de calidad, ni acceso a la salud, vivienda y demás servicios básicos. Nuestros jóvenes se ven obligados a decidir entre migrar al norte, con todos los peligros que ello implica, o ceder a la tentación de sumarse a una pandilla.
Por otro, la extrema derecha, con el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera a la cabeza, hacen campaña por la reactivación de la pena de muerte. Cabrera declaró: “Yo estoy totalmente de acuerdo con la pena de muerte”…hay personas “que matan y que tienen problemas psicológicos que son irrecuperables”…su situación “no es reversible…Yo creo que estas personas que gozan con matar no deben estar en nuestro país” (La Hora 10/08/17). Por su parte, el presidente Morales, eludió una respuesta clara, reconociendo que la pena está establecida en la Constitución y diciendo “En cuanto a la Presidencia, he sido tajante toda la vida, cumpliremos la ley cual esta sea” (Prensa Libre 11/08/17). El diputado por el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN), Marcos Yax, presentó el 10 de agosto una iniciativa de ley para establecer un mecanismo regulador del indulto presidencial o conmutación de la pena capital, procedimiento que fue suspendido en 2004 por el expresidente Alfonso Portillo, al derogar el artículo 159. Desde entonces no se ha podido aplicar la pena de muerte. El sábado 19 de agosto el FCN realizó una marcha a favor del restablecimiento de la pena de muerte, paradójicamente con el lema “por el derecho a la vida”.
Ninguna ley represiva logrará detener la delincuencia y el crimen. Esto es obvio en el caso de Estados Unidos, donde a pesar de las ejecuciones de sentencias de muerte, las masacres y asesinatos son imparables.
Solamente una profunda transformación del país, que brinde oportunidades y derechos sociales a los jóvenes y a la población en general, podrá eventualmente erradicar los flagelos de la violencia y la inseguridad. Este cambio solo podrá ser obra de los propios interesados, las clases oprimidas y explotadas por medio de una revolución democrática y socialista.
