Por Leonardo Ixim

Con la selección de la nómina de seis candidatos para dirigir el Ministerio Publico (MP), la Comisión de Postulación respectiva terminó su mandato y le corresponde el presidente de la república Jimmy Morales, elegir a uno de estos seis quien sustituirá a la actual jefe de esta institución Thelma Aldana.

Recordemos que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), con respaldo de las organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la Alianza por las Reformas, pretendió que el Congreso modificara en la Constitución Política la forma de seleccionar a jueces de apelaciones, magistrados ante la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad y al jefe del MP; pero se toparon con la férrea oposición de los partidos de extrema derecha que respaldan al actual gobernante

La Comisión de Postulación se conforma con los decanos de las universidades privadas del país y la única pública, así como el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el presidente del Tribunal de Honor del mismo.

Producto de las reformas constitucionales de 1994 -después del ajuste de cuentas de la oligarquía contra las pretensiones bonapartistas de Jorge Serrano Elías-, los factores tradicionales de poder, con el control de los grupos corporativos sobre la mayoría de la universidades privadas - con la fachada de la idoneidad académica- pretendieron mantener el control de la elección a estos importantes cargos.

En el devenir sucedió lo contrario, desde el control del CANG en el gobierno del extinto Frente Republicano Guatemalteco, los grupos de la burguesía emergente y las élites que los rodearon lograron la cooptación de esta instancia gremial. Así es como fueron controlando una serie de universidades privadas y paralelamente una burocracia con intereses propios hizo lo suyo en la Universidad San Carlos.

Los comisionados priorizaron los méritos académicos sobre otros elementos como la experiencia, honorabilidad e integridad de los postulantes. Pese a esto, en la pre-selección la mayoría de candidatos afines o cercanos al gobierno y la camarilla militar que lo sostiene quedaron fuera, como ex magistrado de la CC Molina Barreto y el ex fiscal Asciscio Valladares, al igual que la favorita de la embajada gringa y cercana Aldana, actual secretaria del MP Mayra Veliz.

Insigh Crime publicó un extenso artículo donde intentaba mapear los intereses atrás de las universidades y del CANG. En ello intuía que el empresariado oligárquico o G8, había vuelto a retomar el control de las universidades privadas tradicionales, como la Rafael Landívar, Mariano Gálvez, del Valle de Guatemala y Marroquín. Mientras que en la USAC el actual decano Alfredo Bonilla coquetea con la sociedad civil, quedando para los sectores emergentes, vinculados algunos a actividades criminales, las universidades pequeñas o de patito que se crearon para tener presencia en este cuerpo postulador.

Al final los pre-seleccionados fueron: Brenda Dery Muñoz, ex subdirectora general de Análisis e Información Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y actualmente directora de procuración en la Procuraduría de Derechos Humanos. María Consuelo Porras magistrada suplente de la CC y la única supuesta afín a Morales. El popular juez Miguel Ángel Gálvez que lleva los casos penales contra la mafia de extinto Partido Patriota. Patricia Elizabeth Gómez Barrera actual jueza de primera instancia penal. Gladys Verónica Ponce Mejicanos ex fiscal y ex abogada de la CICIG. Estuardo Melchor Solórzano, actual director de criminalística del MP. Como se verá, la mayoría es cercana a la estrategia de seguridad de Estados Unidos y a la CICIG a excepción de Consuelo Porras.

Se podría pensar que hasta fue una estrategia de Aldana con el acompañamiento del Departamento de Estado para lograr que gente profesional con experiencia en el MP fuera la seleccionada. Por supuesto la extrema derecha desde columnistas como Giovanni Fratti y la Fundación Contra el Terrorismo puso el grito en el cielo “que los postulados habían sido guerrilleros o izquierdistas”

Ahora le toca seleccionar al presidente, quien es investigado en varios casos por el MP y la CICIG, un sinsentido y no solo por estos procesos penales, sino porque se concentra la decisión en él. Como hemos mencionado varias veces, algo que CODECA recientemente en su masiva movilización planteó, el fiscal general debe ser electo por voto popular, tal como sucede a nivel local en los mismos Estados Unidos.