Por Tyscho
La política de la zanahoria y el garrote es: “Una política que ofrece una combinación de recompensas y castigos para inducir comportamiento”. La más conocida expresión gráfica del concepto es la de un burro al que se le coloca una vara larga atada a la cabeza, con una zanahoria colgando al frente del burro y alguien atrás con un garrote, golpeándole mientras este sigue su camino hacia una zanahoria inalcanzable, pero eternamente anhelada.
Lo anteriormente dicho es por excelencia la política que los agentes del neoliberalismo han empleado en toda Latinoamérica desde los años 80s, para llevar adelante sus programas, de quebrar las instituciones públicas de los Estados nacionales, para así “salvarlas milagrosamente” por la iniciativa privada, vista falsamente como la administración eficiente y necesaria en contraposición a la administración pública, torpe e ineficiente; claro, esto promovido por los saboteadores que se harán de jugosas ganancias al vender partes del bien público a la iniciativa privada a precios de remate.
La actual administración de la única universidad pública del país –nuestra USAC– es una suerte de garrotero que busca consolidar la privatización iniciada por las dos administraciones pasadas (Estuardo Gálvez y Carlos Alvarado) siendo el primero padrino directo del actual Rector. En estas líneas ejemplificare por medio de la exposición de las últimas acciones administrativas, que demuestran clarificadoramente el programa privatizador de estos esbirros, que con emblemas, frases y publicidad barata nos timan con la zanahoria que nunca llega, mientras sistemáticamente al garrotazo de la privatización nos despojan de los bienes de todos, de la universidad de todos.
El acoso sistemático a los vendedores formales e informales
Existe un buen número de estudiante que se dedican a negar la realidad guatemalteca desde su burbuja abyección –los que dicen que la universidad no es un mercado, por ejemplo–, para todos los demás no es nada nuevo, saber que Guatemala no tiene la cantidad de puestos de trabajo formales necesarios para los más de 200 mil jóvenes que cada año terminan sus estudios de diversificado, de los cuales solo unos 18 mil podrán alcanzar un trabajo o seguir sus estudios superiores.
Quizá solo para quienes no conocen o se niegan a aceptar la realidad social de los otros, ponerse en los zapatos de los más, esto nuevo; comprender que en Guatemala el mercado laboral no tiene puestos de trabajo formales para la mayoría de los jóvenes que entre los 18 y 35 años se encuentran en la plenitud de su edad laboral. En Guatemala el trabajo formal solo cuenta con el 20% del Producto Interno Bruto (P.I.B) mientras el trabajo informal y las remesas se disputan el 80% restante de la renta nacional. Un país de desempleados, donde los pocos empleados que gozan –cada día menos– de las prestaciones de ley se creen erróneamente burgueses o capitalistas.
Entonces es normal, ver que la gente haga su vida y se rebusque diariamente el alimento, no solo propio sino el de sus familias. Perseguidos por los policías municipales –cuasi cuerpo parapolicial– que arremete violentamente contra los vendedores informales, golpeándoles y hurtando sus ventas, es aún más razonable que muchos de estos buscaran en la autonomía universitaria un espacio libre del acoso sistemático al derecho al trabajo, para dignificar una vida por lo más difícil de mantener en una realidad adversa como la de la mayoría de los paisanos.
Pero este espacio donde los más han tratado de buscar dignamente el sustento diario, más temprano que tarde será trastornado por las actuales autoridades universitarias, que al ignorar el problema estructural del trabajo en Guatemala buscan ya desde hace dos semanas intimidar tanto a los trabajadores informales que hacen su vida diaria en la USAC, como a los comerciantes formales que desde largo tiempo atrás –algunos durante más de 20 años– poseen los llamados kioskos para la venta de alimentos.
Con dos diferentes garrotes han iniciado su primera arremetida los esbirros de la actual administración; el Reglamento de para la Actividad Comercial efectivamente ilegaliza toda actividad comercial no aprobada por la división para la Actividades Comerciales de la Dirección General Administrativa (DIGA) de la USAC, pero el reglamento se respeta y se aplica en parte por las autoridades, ya que no es a todos los vendedores que usan corredores, plazas y demás áreas públicas dentro del campus, sino solo a los que no pagan el derecho a piso a la DIGA –que va desde los 600 hasta los 2000 quetzales por mes, dependiendo de los mts usados–. Muchos de los vendedores son mantenidos artificialmente en la informalidad por la misma DIGA, que rechaza constantemente las solicitudes de formalización de los vendedores.
Con los vendedores de kioskos la situación parece más irregular; muchos de los negocios son de larga data, reconocidos por el propio estudiante que consume con regularidad alimentos y establece relaciones de afectividad con las y los comerciantes. Dos meses atrás la situación ha cambiado, negocios que han brindado bienes y servicios durante más de dos décadas a la población universitaria, sospechosamente empiezan a salir negativos en las pruebas microbiológicas que con regularidad debe realizar la unidad de salud, para asegurar que la sanidad de los alimentos sea adecuada para el consumo humano. Claro, como todo bajo el sol sancarlista no es contradictorio a las irregularidades que en el Estado suceden diariamente, se les ha notificado últimamente a los vendedores “formales” de sus pruebas negativas, sin las evidencias del caso, así como las practicas irregulares de poner a estudiantes contraviniendo el mismo Reglamento de Actividad Comercial que dispone que deben ser los profesionales a cargo del laboratorio de alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia los que deben realizar dichos exámenes, remitiendo a la Unidad de Salud los resultados para notificar a los vendedores, con las pruebas del caso, no con la mano de mono propia de la administración universitaria.
Junto a esto el acoso sistemático debido al legitimo accionar de los vendedores que exigen pruebas de los exámenes, así como exigir los derechos que como arrendatario debe brindarles la DIGA al mantener remozados los kioskos y prestar todos los servicios que un arrendatario por ley le debe a sus inquilinos, que incluye agua corriente y potable, energía eléctrica y servicios sanitarios, cosa que no ha cumplido desde la implementación de dicho reglamento. Los primeros que han presentado resistencia al acoso de la DIGA hacia los vendedores han sido los mismos estudiantes que respaldan a los comerciantes, trabajadores y trabajadoras a los que se les compra diversidad de productos, así como bienes de consumo necesarios para el desenvolvimiento de la vida académica diaria.
Detrás de ese creciente acoso se encuentra la sombra del desalojo de vendedores formales e informales, para introducir presumiblemente de manera generalizada cadenas de comida rápida. No es nada raro que empresas como Café Gitane con examanes negativos de sanidad o Pizzería Al Macarone, no padezcan de estos acosos, ni sean amenazados de desalojo ya que lo único que buscan es negociar con las grandes cadenas el ingreso de dinero constantes a la menguada tesorería de la USAC, tan necesitada de dinero para tapar el hoyo de la corrupción, así como el déficit del presupuesto.
El préstamo millonario con el BANTRAB
Un mes atrás los trabajadores de la universidad de San Carlos se toparon con la noticia que debían apresurar el cierre de sus cuentas bancarias donde se les remite sus pagos en el banco G&T Continental y la apertura apresurada de una en el Banco de los Trabajadores (BANTRAB). Con este movimiento se hacen más fuertes las especulaciones que indican la administración a falta de coraje de defender la asignación que por ley les corresponde, han optado por solicitar un préstamo millonario al BANTRAB –con las tasas más altas de interés del mercado– para así poder cerrar el año, usando las cuentas monetarias de los trabajadores, los bienes y activos de la USAC como garantía de pago, de un pago que no será saldado en esta administración, sino cargados sobre los costos de las generaciones venideras.
Así es que, por medio de la organización de actividades deportivas, como la carrera que el sábado pasado se celebró en la USAC, donde a los primeros 1000 participantes se les facilito su camiseta deportiva del BANTRAB, obligando en muchos casos a los mismos trabajadores de la USAC a correr, como es ya tradición en las carreras organizadas por la municipalidad de Guatemala.
Una carrera no tapara la huelga que el lunes 8 de octubre protagonizaron los trabajadores de la división de servicios de la USAC, al conocer que la administración cancelo el pago de la recolección de basura del campus central que era contratado a una empresa externa, dicha acción entra en el antipopular plan de ajuste de la USAC para cargar sobre los trabajadores, los estudiantes y los docentes el costo de administraciones corruptas pasadas, así como la incapacidad de la actual administración de exigir el presupuesto que nos corresponde.
Un plan de lucha que en unidad venza la privatización
El plan de ajuste de la neoliberal administración de Murphy Paiz es un programa holístico de golpear los bolsillos de estudiantes, trabajadores y docentes no presupuestados. Tanto los trabajadores informales como los formales deben luchar en unidad para exigir por medio de sus organizaciones una solución integral al problema de la informalidad dentro de nuestra universidad, así como el cumplimiento de las obligaciones que la administración tiene para ellos.
El ajuste que la administración que ya ha iniciado a cargar sobre estudiantes, trabajadores y docentes debe combatirse en unidad, querremos todo el presupuesto que por ley le corresponde a la USAC, así como su incremento derivado del crecimiento de la población universitaria y el coste de los servicios. Querremos trasparencia en el gasto y cero de la corrupción administrativa que mengua las cuentas de nuestra universidad. Si las autoridades desean ajustar los gastos de la universidad, que inicien por bajarse sus jugosos salarios. La unidad de los trabajadores, los vendedores, los estudiantes y los docentes es necesaria para detener la privatización de la educación pública reanudada por la actual administración.
