Por Armando Tezucún
El Aprendiz de dictadorzuelo Jimmy Morales no podía finalizar su período presidencial sin darse el gusto de decretar otro Estado de Sitio. El pretexto fue un confuso incidente en la comunidad de Semuy II, El Estor, Izabal, en el que perdieron la vida tres soldados y otros tres quedaron heridos. Según la versión del ejército, una patrulla de la brigada de marina del Lago de Izabal, conformada por nueve elementos, se desplazó siguiendo el rastro de una aeronave supuestamente de narcos, que aterrizaría en una pista clandestina. La patrulla llegó a la comunidad mencionada, donde fueron emboscados por pobladores armados; según esta versión el destacamento fue desarmado y con sus mismas armas fueron asesinados los tres elementos, aunque el examen forense determinó que las muertes fueron causadas por impacto de escopetas, que no figuran en el armamento del ejército.
Una segunda versión la dio el excomandante guerrillero Julio César Macías, alias César Montes, quien dirige la Fundación Turcios Lima, que opera en la región y ha organizado a pobladores en “batallones de paz”, aunque él mismo posee una empresa de extracción de mármol. De acuerdo con Montes, un destacamento de 15 soldados pasó por Semuy II, alertando a la población, pues su presencia en la región es inusual. Al pasar de regreso el destacamento, fueron esperados por un grupo de 100 personas, lo que alteró al oficial, quien ordenó disparar contra los pobladores; dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Izabal. Según declaraciones de comunitarios a Telesur, los militares dispararon primero y mataron a cuatro personas.
El 4 de septiembre, el presidente Morales acompañado de su gabinete decretó el Estado de Sitio por un período de un mes en 22 municipios ubicados en seis departamentos. Luego del decreto presidencial, el Congreso lo aprobó en tres lecturas; los legisladores solamente hicieron algunos cambios, para establecer controles a los gastos y prohibir la contratación de obra pública durante ese período.
La prohibición de libertades básicas en una zona tan extensa, lejos de la comunidad en que ocurrieron las muertes, sin que se haya realizado una investigación exhaustiva de los hechos, del que, como vimos hay versiones contradictorias, indica segundas y terceras intenciones de parte del gobierno y quienes están detrás de él. Esta es una región que históricamente ha vivido conflictos entre los pobladores y empresas mineras y de palma aceitera. En el anuncio del decreto, Morales se refirió a “seudo defensores de derechos humanos” y “seudo campesinos”, a quienes acusó de tener vínculos con el narcotráfico. Además, pretende, amparándose en los hechos, justificar las compras de armamento y equipos para fortalecer al ejército: “quizá ahora se entienda la necesidad de dotar al Ejército de las capacidades para proteger nuestro espacio aéreo, mar y tierra” (Prensa Libre 5/09/19).
El historial de conflictividad de la región se remonta a la Reforma Liberal de finales del siglo XIX, cuando el Estado repartió las tierras, dejando por fuera a las comunidades q´eqchíes. En algunos sectores ha sido la extensión de los cultivos de palma aceitera la que ha desplazado a las poblaciones, privándolas de sus terrenos. En 2012 el ingenio azucarero Chabil Utzaj fue fuente de graves desalojos y muertes contra la población indígena. En 2016 el abuso de las empresas de palma causó la invasión de la finca Plan Grande y el incendio de las plantaciones. Desde el año 1970, la explotación de mineral de níquel en El Estor, departamento de Izabal, que ha pasado de manos de una empresa extranjera a otra y ha sido favorecida por muchos gobiernos, ha dejado una estela de muertes, conflictos, violencia y ataques armados contra las comunidades q´eqchíes de la región. Por esta razón las cámaras empresariales han aplaudido la medida tomada por Jimmy Morales y sus secuaces para implantar el orden. Por ello el heredero de Morales, Alejandro Giammattei, ansioso por tomar el puesto de dictadorzuelo, aplaudió la implantación del Estado de Sitio, llamando a atacar, ya no al narcotráfico sino a “los focos de subversión” (Prensa Libre 9/09/19), y acusando a César Montes de armar gente en el departamento de Alta Verapaz. Mientras, se espera la llegada de 1,200 soldados al sector, uno de los acusados de la muerte de los militares, Agustín Chub Chub, fue encontrado muerto, presuntamente por suicidio, y César Montes tiene orden de captura.
Lo que está sucediendo en Izabal es una muestra de lo que nos espera con el gobierno de Giammattei. Por ellos llamamos a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de mujeres y populares a coordinarnos en un frente contra la represión, para poder enfrentar los ataques que se avecinan.
