Por Ricardo Patzán
El 10 de agosto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), organismo que aglutina a las principales asociaciones empresariales, presentó su Plan para Reactivación para el Desarrollo (Predes). Este plan fue elaborado a raíz del retroceso dramático de la economía guatemalteca provocado por cinco meses de suspensión de actividades por parte del gobierno, para enfrentar la pandemia Covid-19. La propuesta se plantea el despegue de la economía del país luego de un probable retroceso del Producto Interno Bruto (PIB) de -4% en 2020.
El CACIF lanzó un planteamiento ambicioso, con 27 propuestas a desarrollarse en 10 años, de 2021 a 2030. Luego de una implementación gradual de las medidas, espera un impacto económico de Q 51 mil millones en 2030, la creación de 590,700 empleos formales y un crecimiento gradual del PIB hasta llegar al 6.1% en el último año de su ejecución. Las 27 propuestas se ubican en los ámbitos económico, recursos humanos, institucional, mercados y clima de negocios, e infraestructura.
Hay que resaltar las reformas que el CACIF está proponiendo en dos áreas que son vitales para sus negocios: el tema fiscal y el tema laboral. El sistema neoliberal impulsado desde la última década del siglo XX por la burguesía y sus representantes en los distintos gobiernos, ha reducido drásticamente el nivel de tributación de los empresarios, con el pretexto de estimular la inversión y la “creación de empleos”. Los pocos intentos de reforma fiscal que tímidamente han impulsado algunos gobiernos (en especial el del socialdemócrata Álvaro Colom) han sido furiosamente torpedeados por los empresarios.
En el ámbito fiscal las propuestas incluyen la eliminación del Impuesto de Solidaridad (ISO). Este gravamen afecta a las empresas que obtengan un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos; este impuesto está destinado a programas de inversión social por parte del Estado, está vigente desde enero de 2009 y sustituyó al Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP). El ISO debía estar vigente en tanto se promulgue una ley de modernización del Impuesto Sobre la Renta, algo que aún no ha sucedido. Además, el CACIF plantea que se agilice la devolución del crédito fiscal, que se realice un pacto de eficiencia y simplificación tributaria y una reforma a la Ley de Zonas Francas, entre otras medidas.
Lo que vemos nosotros es que la burguesía pretende reducir aún más el pago de impuestos por parte de sus empresas. Guatemala es ya el país con el nivel de impuestos más bajo de América Latina y el Caribe, con una carga tributaria equivalente al 13% del Producto Interno Bruto. Esa situación es la que nos ha llevado a tener un sistema estatal de salud totalmente desastroso, un sistema educativo ineficiente, y una situación deplorable de los servicios públicos que debe proveer el Estado a la población.
En el tema laboral, el documento plantea la reglamentación del convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para 2021, y para 2024 una nueva política nacional de salarios y la implementación de salarios regionales. Estas medidas llevan a la precarización de los empleos y los salarios. El primer intento de crear un reglamento para implementar el convenio 175 fue frenado por la acción de las organizaciones sindicales ante la Corte de Constitucionalidad; dicho reglamento permitía la creación de empleos por horas o días, con salarios menores al mínimo de ley y sin prestaciones sociales. La propuesta de salarios por región ya se intentó implementar durante el gobierno de Otto Pérez Molina, y su intención es autorizar salarios menores al mínimo de ley en territorios o regiones donde los empleadores ya pagan sueldos de hambre, legalizando esta práctica de explotación.
El economista del CACIF, José Chávez, justificó la propuesta explicando que el salario regional se implementaría en zonas específicas de desarrollo económico o donde la matriz económica o la alcaldía local lo requieran, en proyectos de desarrollo específicos (Prensa Libre 11/08/2020). Lo más lógico sería que en las zonas donde hay más pobreza y donde los ingresos de la población son más bajos se implementaran salarios por encima del mínimo de ley para combatir la miseria. Pero no, para los voraces empresarios la regionalización de los salarios siempre significará una reducción de los mismos para estimular la inversión e incrementar sus ganancias.
Las organizaciones sindicales y populares deben estar alertas a esta nueva intención de los empresarios de beneficiar sus negocios a costa de los salarios y el empleo de los trabajadores.
