Por Armando Tezucún
El carácter represivo y violento del gobierno de Alejandro Giammattei se manifestó plenamente durante la jornada del 21 de noviembre. Tomando como pretexto el incendio de algunas oficinas del edificio del Congreso de la República provocado por un grupo de jóvenes, sobre todo universitarios, agentes de la Policía Nacional Civil y antimotines arremetieron salvajemente contra el grueso de los manifestantes ubicados en la Plaza de la Constitución, donde no se sabía lo que estaba sucediendo en la sede del legislativo.
Las fotografías difundidas por los medios de comunicación muestran palpablemente la saña con que los agentes de la represión atacaron a las personas aglomeradas en la plaza y calles aledañas, incluyendo niños y adultos mayores. Según información de la Cruz Roja, esta institución atendió a más de 60 personas por intoxicación de gases lacrimógenos. El Hospital San Juan de Dios atendió a 14 heridos entre 23 y 50 años de edad, y dos fueron trasladados al Hospital Roosevelt por trauma ocular. 37 personas fueron capturadas, muchas con lujo de violencia. Hacia el atardecer y primeras horas de la noche, la policía puso en circulación un vehículo que arrojaba agua a presión, atacando indiscriminadamente a los transeúntes, y agrediéndolos sin motivo. En algunas ciudades del interior las fuerzas de seguridad también atacaron a los protestantes con gases lacrimógenos, en especial en Huehuetenango y Quetzaltenango.
El Ministerio Público acusó a las personas capturadas de atentado, desorden público, manifestaciones ilícitas y depredación del patrimonio cultural. Durante el domingo 22 la mayoría habían rendido su primera declaración y los juzgados de Turno de la Torre de Tribunales les estaban otorgando órdenes de libertad por falta de mérito.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, afirmó que solicitará la destitución del recién nombrado ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y la del director de la Policía Nacional Civil José Antonio Tzubán, por los excesos cometidos por los agentes durante las protestas. Reyes justificó las capturas asegurando que se dieron atentados y actos terroristas.
Por otro lado, las piezas se están moviendo para que se de un diálogo entre las fuerzas burguesas en pugna. Por un lado, el día 21 el presidente Giammattei anunció que se está reuniendo con “…sectores y grupos de sociedad para analizar las modificaciones que en los próximos días se presenten, como una iniciativa de ley que reforme el Presupuesto 2021…” (La Hora 21/11/2020). Durante la noche del día 22 la Junta Directiva del Congreso y varios jefes de bloques de diputados se reunieron y decidieron que se suspende el trámite del Decreto 33-2020 que crea el proyecto de presupuesto 2021; esto con el fin de mantener la “gobernabilidad del país y la paz social” y crear el espacio de discusión (Prensa Libre 23/11/2020). El día 22 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades en contra de los ciudadanos que manifestaban pacíficamente, pidiendo además una investigación sobre la quema del edificio del Congreso.
Ese mismo día el presidente Giammattei solicitó a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se haga valer la Carta Democrática Interamericana, para promover el diálogo entre las diversas fuerzas públicas con el propósito de asegurar el orden democrático constitucional del país. Según un comunicado del gobierno, la solicitud se hace por los “actos de violencia que coordinadamente han alterado la paz pública y ponen en riesgo la institucionalidad democrática en nuestro país…dichos actos no son sino un medio a través del cual grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado…” (comunicado del 22 de noviembre).
Es obvio que el peligro para el gobierno no son las manifestaciones que fueron salvajemente reprimidas, sino la conspiración en su contra por parte de las fuerzas de la oligarquía, utilizando entre otros medios, al vicepresidente Castillo. La invocación a la Carta Democrática tendrá que iniciar un diálogo entre las partes en conflicto. El CACIF y la oligarquía seguramente se están anticipando a la formación de una nueva oficina anticorrupción por parte del presidente electo Biden, reduciendo al orden a Giammattei y los empresarios y funcionarios corruptos que cobija bajo sus alas.
Los trabajadores, campesinos y fuerzas populares no debemos confundirnos ante estas maniobras en las alturas del poder burgués, ni mucho menos caer en el juego de respaldar a uno y otro. Nuestra meta no cambia, que renuncien el presidente, sus ministros y los diputados de Congreso, y que asuma una coordinadora de las organizaciones populares, que llame a la conformación de una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.
