Por Leonardo Ixim

La negligente actitud del gobierno de Alejandro Giammattei y de las actuales autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), dirigidos por Amelia Flores, en el proceso de atención a la pandemia de COVID-19 y el proceso de vacunación afecta la salud de la población.

Los retrasos y desórdenes en el proceso de vacunación de parte del Estado tienen como contraparte el interés de los grupos empresariales, que buscan ser ellos los que implementen este proceso, con el consiguiente beneficio económico, y esperan ansiosos a que el gobierno reconozca su incapacidad y les otorgue vía libre para el lucrativo negocio de las vacunas.

La estrategia de vacunación incluye cuatro fases divididas en sub fases. La primera corresponde al personal de primera línea, así como al personal paramédico, de servicios funerarios y ancianos que residen en asilos. La segunda fase incluye ancianos mayores de 70 años, adultos con enfermedades crónicas y adultos entre 50 y 60 años. Las fases tres y cuatro va incluyendo otros sectores de la población y adultos mayores de 18 años.

El mismo MSPAS aceptó días antes del inicio de Semana Santa la existencia de una tercera ola, donde las camas destinadas para atender la enfermedad se llenaron en hospitales; en un primer momento fue en los hospitales de las ciudades de Chiquimula, Mazatenango y Quetzaltenango, para posteriormente en los hospitales del área metropolitana.

Según la instancia civil Laboratorio de Datos, la ocupación para fines de marzo se sitúo en un 162%, sobre todo en casos severos, señalando una disparidad de recursos, mientras que en algunos centros hospitalarios existe una sobre utilización de recursos, en otros se da una sub utilización de estos.

Durante el asueto las playas y otros centros vacacionales fueron copadas por vacacionistas, sin guardar el mínimo distanciamiento. Las autoridades del MSPAS sorprendentemente dispusieron que se permitiría solo 100 personas en estos sitios, algo totalmente fuera de lógica. Pero lo cierto es que la presión fue de los grandes grupos empresariales, para que el gobierno no dispusiera restricciones a estos lugares, que obviamente sufrirían concentración de personas y con ello, espacios para la transmisión del virus.

Las autoridades gubernamentales, como anticipando solamente el impacto sin ninguna capacidad de prevención, esperaba que los centros hospitalarios se llenaran después de Semana Santa. Pero según el Laboratorios de Datos la capacidad de testeo para determinar los porcentajes de antígenos se redujo, así como los casos detectados con el virus. Esto dio pie a pensar que ante las críticas no están revelando todos los datos reales, pese a que los primeros días posteriores a las vacaciones, varios hospitales se atiborraron con veraneantes deseosos de hacerse pruebas.

Por otro lado, durante la semana santa se anunció la habilitación de tres centros de vacunación en la capital, pues la misma ministra había anunciado que la fase dos de la Estrategia de Vacunación iniciaba el uno de abril, abarcando a los adultos mayores de 70 años y mayores de 50 con enfermedades crónicas. Rápidamente los centros se llenaron y el personal de salud no pudo hacer frente a la marea de personas y sin tomar en cuenta sus derechos.

Se genero así una situación caótica y así, la ministra Flores anunció que la segunda etapa no había iniciado, modificando sus propias declaraciones. Por su parte, el Sindicato de Empleados del Hospital de San Juan Dios, cuestionó la falta de capacidad de las autoridades para una tarea de esa magnitud, así como la sobre carga a los empleados; uno de los cuestionamientos fue que el proceso de registro era demasiado largo, por ejemplo.

Esta situación obligó a que las autoridades de salud anunciaran que la fase dos iniciaría antes del 15 de abril y habilitó un portal web para inscribirse; pero se ha cuestionado que a la mayoría que se inscribió, no ha tenido su notificación para recibir el número de turno y el aviso del día que le toca vacunarse.

Ante el atraso del mecanismo COVAX, el gobierno anunció que llegó a un acuerdo con el Centro Nacional de Investigación Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, para recibir la vacuna Sputnik 1, financiada por el fondo de inversiones Rusia Direct Investment Fund, de proporcionar 8 millones de dosis y lograr con eso la inmunización de la población.

Una campaña de vacunación para adultos debe contar con la logística para abrir centros en todo el país, priorizando las poblaciones de mas de 500 habitantes, subdividiendo los centros mas poblados con ese criterio. Para eso, los sindicatos trabajadores de la salud y organizaciones populares deben estar vigilantes de que se cumpla el acceso a la vacunación a toda la población y que los grupos de la burguesía no hagan fiesta con la salud de la clase trabajadora.