Por Armando Tezucún
El jueves 18 de noviembre el pleno de diputados del Congreso aprobó en tercera lectura, con 120 votos a favor, el presupuesto general del Estado para 2022. Esta es la primera vez en dos años que se logra aprobar un nuevo plan de gasto gubernamental, pues en noviembre de 2019 no hubo acuerdos entre las bancadas de diputados y el gobierno electo para aprobar el presupuesto 2020; y en 2020 el gobierno de Giammattei tuvo que recular ante las protestas masivas de la población y el descontento del empresariado, por un presupuesto 2021 aprobado con opacidad y sin discusión.
La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, controlada por el oficialismo, entregó el 15 de noviembre a la Junta Directiva del mismo el dictamen favorable el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2022 para su discusión en el pleno del legislativo. La propuesta de esta comisión contemplaba un techo de Q 105,930 millones, un monto mayor a la propuesta que recibió el 2 de septiembre de parte del Ministerio de Finanzas, que era de Q 103,900 millones. Los recursos que adicionó la Comisión de Finanzas estarían destinados a programas de alimentación escolar, de atención al Covid-19, construcción de dos hospitales, aportes a organizaciones no gubernamentales y fortalecimiento de la gestión administrativa del Congreso.
Los cambios incorporados por el pleno de diputados
La bien aceitada maquinaria del oficialismo y sus aliados logró que la aprobación del proyecto de gastos fluyera sin inconvenientes; el 16 de noviembre pasó en primera lectura, el 17 en segunda y finalmente el 18 en tercera lectura y aprobación final por artículos.
Pero en la tercera sesión hubo también adiciones al gasto gubernamental 2022, que hicieron que ascendiera a Q 106,229,767 millones. Las enmiendas hechas se refieren, entre otros, a los siguientes temas: Q 70 millones para apoyo a las comadronas, quienes recibirán Q 3 mil cada una al año; al Ministerio de salud se le autorizó aumentar asignaciones presupuestarias a unidades ejecutoras mediante readecuaciones internas; a la Gran Cruzada por la Nutrición se le aumentaron Q 240 millones; fue modificada una asignación de Q 20 millones para el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos, en Quetzaltenango, para que sea utilizada en programas de funcionamiento de toda la universidad; a la Comisión Nacional de Prevención Contra la Tortura le fueron asignados Q 7 millones; el Ministerio de Agricultura recibió un aporte extra de Q 28 millones para apoyar proyectos en el departamento de Petén, en especial para el sector ganadero; y finalmente se ordenó al Ministerio de Salud para que haga los cambios en su presupuesto para trasladar a trabajadores en renglones temporales a contratos 011, una demanda que compañeros salubristas exigieron durante varios días en las afueras del Congreso.
Una victoria parcial para los trabajadores de salud
Al menos desde el 10 de noviembre compañeras y compañeros del Sindicato de Empleados del Hospital San Juan de Dios (que aglutina a trabajadores de centros hospitalarios de la capital y del interior del país) iniciaron un plantón permanente en los alrededores de la sede del Congreso, para reclamar el traslado de 36 mil trabajadores que se encuentran bajo contratos temporales, al status de trabajadores permanentes; para ello los compañeros demandaban un incremento de Q 1,300 millones al presupuesto del Ministerio de Salud en 2022.
Esta enorme cantidad de trabajadores están arriesgando sus vidas en el combate al coronavirus y no gozan de estabilidad laboral, pues los hacen firmar contratos por 3 meses, no tienen derecho a aguinaldo, jubilación ni otras prestaciones de ley. Como declaró un compañero, les “hacen firmar un contrato que a los tres meses les cancelan ese dinero de lo que trabajaron, pero lo que es peor es que luego de esos tres meses deben firmar otro contrato; algunos son de un año, otros no. En esos abusos, ellos no tienen derecho a seguro social, a bono 14, aguinaldo ni vacaciones. Hay personal que lleva en esta situación durante varios años.” (Prensa Libre 11/11/2021).
A pesar de la presión de los compañeros, la alianza oficialista no adicionó fondos al Ministerio, solamente le ordenó que hiciera una readecuación presupuestaria para favorecer el traslado de trabajadores. De esta cuenta, el bloque de diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza citó al ministro de salud Francisco Coma, para conocer la situación del traslado de plazas laborales. Coma expresó que para 2022 cuenta con Q 600 millones para los traslados, lo que beneficiaría a 5 mil o 6 mil trabajadores con plazas permanentes. El ministro declaró “Tenemos una estructura para migrar de los 16 mil puestos ya creados, un aproximado de entre el 30 o 35 por ciento de plazas, que equivale a 5 mil o 6 mil plazas a lo largo de 2022. Ha sido el movimiento más importante que se ha dado de personal en los últimos 20 años” (La Hora 18/11/2021).
Esto está lejos de la meta propuesta por el sindicato, pero es un primer logro. Los compañeros y compañeras tienen por delante la tarea de vigilar que el ministro cumpla su promesa, y que en el presupuesto 2023 se contemple el beneficio para más trabajadores.
La corrupción en los fondos para alcaldías
En la sesión del 18 de noviembre se hicieron presentes varios alcaldes de municipios del interior, ubicados en el palco del salón de sesiones, quienes aplaudían a los diputados que daban su aprobación al proyecto de presupuesto 2022. Desde semanas antes los funcionarios habían estado cabildeando con legisladores para pedir la aprobación del proyecto.
El interés de los jefes ediles radica en que el plan de gastos estipuló que los fondos no ejecutados por los Consejos Comunitarios de Desarrollo en 2021 podrán sumarse a los fondos asignados para 2022, y no pasarán al fondo común del Estado. Estos consejos, en su mayoría vinculados estrechamente a los alcaldes, tienen asignados fondos por Q 600 millones en 2021 para ejecución de proyectos, que a casi un mes de finalizar el año no han sido gastados en su totalidad. Sabemos que es ya tradición que los fondos destinados a obras en el interior, sobre todo en infraestructura, sean objeto de manejos corruptos, generando jugosos negocios entre diputados, gobernadores departamentales, empresas constructoras y alcaldes. La decisión de permitir a los consejos disponer de los fondos no ejecutados sumándolos a su presupuesto de 2022, seguramente toma en cuenta que éste será un año preelectoral, y serán utilizados con fines clientelares, con la vista fija en las elecciones de 2023.
Los diputados de oposición recordaron que para la reciente elección de Junta Directiva del Congreso 2022 el oficialismo hizo correr mucho dinero y promesas de negocios millonarios para sumar votos para su planilla. El incremento de los fondos para inversiones sumando los saldos de 2021 seguramente fue uno de los temas negociados.
Ongs de cartón se benefician del presupuesto 2022
Al igual que otros años, una serie de organizaciones no gubernamentales de dudosa procedencia y vinculadas a funcionarios se han beneficiado recibiendo fondos del presupuesto del Estado.
Entre ellas destaca la Fundación Conguate, cuyo representante legal es Armando Rosales Izás, asesor del diputado del partido oficial Roberto Calderón, jefe de la Comisión de Educación del Congreso; Rosales gana Q 20 mil mensuales por su cargo de asesor. En los dos últimos años Conguate ha recibido Q 3 millones, casualmente para hacer inversiones para el Ministerio de Educación (Mineduc). En 2019 la fundación recibió Q 1 millón del Mineduc para instalar talleres de belleza, cocina y panadería en apoyo a migrantes, en el Instituto Centro de Usos Múltiples de Mixco. En 2020, en medio de la suspensión de clases por la pandemia, el ministerio firmó un nuevo convenio con Conguate por otro millón, para mejorar el equipo y mobiliario de los talleres de panadería y dibujo en el mismo lugar. En 2021 surgió otro convenio por la misma cantidad para acondicionar talleres de panadería, belleza y corte y confección en el Instituto Enrique Gómez Carrillo; pese a que los fondos ya fueron liquidados al Mineduc, el diario Prensa Libre no pudo encontrar las instalaciones de dichos talleres en una visita que hizo al instituto. Mientras el diputado Calderón se exhibe en actividades públicas con la ministra de educación Claudia Ruiz, Conguate recibirá Q 7 millones en 2022.
Conguate hacía parte de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en EE.UU., que llegó a tener más de cien organizaciones de migrantes que financiaban proyectos en Guatemala. Cuando Calderón formó la fundación y empezó a recibir fondos del Estado la mayoría de sus asociados se retiraron y la actual junta directiva se eligió sin el consentimiento de la comunidad de migrantes.
Otra ong fundada por funcionarios del gobierno para nutrirse de los fondos públicos es el Instituto de Justicia Ciudadana, a la cual se le asignaron Q 3 millones del presupuesto 2022. Su representante legal es Ragde Rivera Aquino, quien prestó servicios profesionales en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia en 2020 y fue candidato a magistrado de la Corte de Apelaciones; en 2019 fue contratado por servicios profesionales en el Ministerio de Desarrollo Social y por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Este instituto tiene como única fuente de información pública una página de Facebook creada en 2015 que sólo tiene seis publicaciones, la más reciente de julio de 2016. Se identifica como una asociación no lucrativa que presta servicios gratuitos a personas en pobreza y pobreza extrema para plantear soluciones legales en beneficio de la sociedad. Esta vez fue el diario La Hora el que investigó la sede del instituto, para encontrar que no está ubicada en ese lugar. El medio consultó con la secretaría de Comunicación Social del Ministerio de Gobernación, pero su vocero contestó que nunca antes había escuchado sobre dicha ong.
Un caso más es la Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida, que en 2016 donó medicamentos vencidos al Ministerio de Salud, y que recibirá Q 25 millones en 2020. El diputado Carlos Barreda denunció en una ocasión que esta asociación está vinculada al exalcalde de Zacapa Arnoldo Vargas, quien estuvo preso 25 años en Estados Unidos por narcotráfico.
Dos asociaciones más fueron beneficiadas por cambios de último momento al presupuesto, a instancias de diputados de la alianza oficialista. Son la Asociación Fraternidad Misionera Nuestra Señora de la Asunción, que recibirá Q 1 millón, y la Asociación Vivan los Jóvenes, a la cual le tocan Q 2 millones. Ninguna de ellas tiene páginas actualizadas en redes sociales.
Paradójicamente, mientras la Corte de Constitucionalidad dio vía libre a las reformas a la Ley de Ongs que buscan frenar y controlar las actividades de asociaciones que buscan garantizar el cumplimiento de derechos democráticos, el gobierno y la alianza oficialista en el Congreso otorgan millones a organizaciones poco transparentes, que no son más que un jugoso negocio de diputados y funcionarios.
De nuevo los bonos del tesoro, el gran negocio de los bancos
Según el ministro de Finanzas, el presupuesto 2022 estará financiado en su mayor parte por un incremento en la recaudación tributaria, con una proyección de ingresos por Q 74,368 millones. Sin embargo, está programada la colocación de bonos del tesoro por la cantidad de Q 16,936.1 millones, si bien la contratación de deuda externa asciende a solamente Q 2,451.5 millones.
Recordemos que, por la emergencia de la pandemia, el endeudamiento del gobierno de Giammattei en 2020 llegó al 33.4 % del Producto Interno Bruto, o Q 194,416,7 millones. El monto programado para el servicio de la deuda pública es de Q 15,312 millones, inferior a la deuda que se adquirirá en bonos del tesoro, que son una forma de endeudamiento público mucho más caro y opaco que los préstamos a entidades financieras internacionales. Pareciera que el gobierno quiere favorecer intencionalmente a los consorcios financieros, que son los que se benefician de la compra de bonos, pues para ellos es una inversión segura y rentable; incluso asociaciones empresariales como el Consejo Nacional Empresarial se han quejado de que los grandes bancos prefieren destinar sus recursos a la compra de bonos del Estado que a otorgar préstamos a las empresas.
Un presupuesto para favorecer a las estructuras de corrupción
Hay otros aspectos graves que denunciar del presupuesto aprobado por el Congreso, como los recortes a programas que benefician a las mujeres, como los fondos para el Grupo Guatemalteco de Mujeres que atiende a víctimas de violencia; programas del Ministerio de Salud para alimentación para mujeres embarazadas y lactantes, y atención a mujeres víctimas de violencia sexual; programas de desarrollo y educación para mujeres eliminados del Ministerio de Desarrollo Social; y cinco programas para mejoramiento de hogares de mujeres rurales eliminados del Ministerio de Agricultura. O como el seguro médico escolar, firmado por el Ministerio de Educación con aseguradoras privadas el año pasado, que vuelve a cobrar vigencia el próximo año por Q 300 millones, que fue una total pantomima que únicamente benefició a las empresas aseguradoras, que hacen parte de los grandes consorcios financieros.
El gobierno de Giammattei y sus secuaces en el Congreso han aprobado un presupuesto de gastos para el próximo año ajustado a las necesidades de los negocios corruptos de alcaldes, gobernadores departamentales, diputados, funcionarios ministeriales y empresarios de toda calaña.
Rechazamos tajantemente este adefesio de presupuesto, y hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, de mujeres, jóvenes y populares a rechazarlo en las calles y carreteras, presionando al Congreso y al gobierno a que den marcha atrás.
