Por Armando Tezucún
Recientemente se ha dado relevancia a un nuevo negocio en el que está involucrado el Estado, que está generando numerosas dudas en cuanto a su legitimidad, honradez y transparencia. Se trata del proclamado Ferrocarril Bicentenario, un proyecto enmarcado en el viejo plan de revivir el servicio ferroviario en Guatemala.
Hace años el sistema ferroviario cayó en desuso y las vías del tren se oxidaron, se cubrieron de hierba y las locomotoras pasaron a ser parte del Museo del Ferrocarril, siendo sus activos propiedad Ferrocarriles de Guatemala (Fegua). En 1997 el Estado de Guatemala, por medio de licitación pública internacional dio en usufructo oneroso por 50 años el manejo de los activos ferroviarios a la empresa estadounidense Railroad Development Corporatión (RDC) y su filial Ferrovías Guatemala, la cual restableció el servicio en algunos lugares del país.
Pero en 2006 el gobierno guatemalteco declaró el contrato lesivo para los intereses de la nación, iniciándose un conflicto legal con un arbitraje internacional que falló a favor de RDC en 2013, teniendo Guatemala que pagar una compensación millonaria. Desde 2007 se suspendió el servicio y nuevamente las instalaciones cayeron en desuso. Ferrovías Guatemala se convirtió en la Compañía Desarrolladora Ferroviaria S. A. (Ferrovías Guatemala), la única usufructuaria de los bienes de utilidad ferroviaria del país, con derechos de explotación de más de 800 kilómetros de vías.
Sin embargo, Ferrovías Guatemala tiene la siguiente composición accionaria: el 81.19% de las acciones pertenecen al Estado de Guatemala; un 15% a Cementos Progreso, uno de los prominentes grupos oligárquicos del país; y el 3.81% a varios particulares. El hecho de que el accionista mayoritario sea el Estado se sitúa en el centro de la actual polémica, tal como explicaremos a continuación.
El 12 de enero se llevó a cabo una asamblea extraordinaria de accionistas de la Ferrovías, en la cual se aprobó la firma de un contrato de arrendamiento con la empresa mexicana Remed, S.A. La moción recibió 81.6% votos a favor, entre ellos el del Procurador General de la Nación en representación del Estado, y 18.4% en contra, presumiblemente de Cementos Progreso, entre otros.
El proyecto consiste en la rehabilitación de 235 kms. de vía férrea desde San Marcos a Puerto Quetzal, arrendados por 26 años, con una inversión de aproximadamente US$ 700 millones por parte de la empresa, sin que el Estado guatemalteco invierta nada. Remed, con base en Monterrey, es una filial de la empresa Stella Holdings, un conglomerado de empresas que no solo se dedican al transporte. De acuerdo al contrato, el Estado de Guatemala no recibirá por arrendamiento una cantidad fija, sino un 4.5% de los ingresos por derecho de vía y otros 4.5% por la prestación de servicios ferroviarios. El contrato se empezó a negociar en 2019. Según el Procurador General de la Nación, José Luis Donado, fue revisado y algunas objeciones fueron hechas a un primer borrador, pero fueron corregidas en la versión presentada en diciembre de 2021. Donado afirmó que los porcentajes se establecieron según parámetros internacionales.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y el diputado Luis Fernando Pineda, presidente de la Comisión Integración Regional del Congreso, expresaron las primeras objeciones, expresando que, siendo el Estado el accionista mayoritario de Ferrovías, se debería haber hecho una licitación pública y no adjudicar el contrato directamente a Remed; además no hay ninguna garantía sobre la inversión propuesta por la empresa, por lo que el contrato podría ser lesivo para el Estado; Remed no demostró su capacidad técnica y operativa para llevar a cabo el proyecto; no se especifica si el 4.5% es sobre ingresos o sobre utilidades, y si fuera sobre estas últimas, la empresa podría reportar cero utilidades y el Estado no recibiría nada; por otro lado, Ferrovías tiene un usufructo firmado con Fegua, y sería ilegal que otorgue un nuevo usufructo sobre uno firmado previamente. Encima de todo Ferrovías tiene un contrato de interconexión ferroviaria con la empresa Puertas del Itsmo, S.A., que la asamblea de socios votó fuera rescindido.
A pesar de las objeciones, el contrato entre Ferrovías y Remed se firmó el 14 de enero, y ya cuenta con tres acciones legales en su contra, presentadas por el PDH, el diputado Pineda, y Puertas del Istmo.
El contrato entre Ferrovías y Remed tiene todas las trazas de ser un negocio al estilo de las privatizaciones de los gobiernos neoliberales. Los bienes del Estado son patrimonio del pueblo guatemalteco, por tanto, es Fegua quien debe poner en marcha directamente la rehabilitación del servicio ferroviario, bajo la supervisión de los sindicatos y organizaciones populares, para evitar manejos corruptos.
