La represión contra los diputados de LIBRE muestra los limites de la lucha parlamentaria cuando prevalece la desmovilización de masas
Por Gerson de la Rosa
La última semana estuvo fuertemente marcada por la represión por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández y su instrumento represivo, la policía militar en contra de la bancada de diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) que encabeza el Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales. Desde el Partido Socialista Centroamericano PSOCA, condenamos los actos de represión contra aquellos que se oponen al autoritarismo, la transgresión de los poderes del Estado y la fuerte violación de los derechos humanos y la violencia que ejerce el narcotráfico, el crimen organizado y el propio Estado, que desde hace mucho tiempo viene arremetiendo contra dirigentes de izquierda, candidatos políticos y funcionarios de gobierno, como lo evidenció el atentado contra el regidor del Partido Libertad y Refundación Rafael Barahona.
No obstante, pese a nuestra oposición a la represión como mecanismo de control y de sostenimiento del Estado burgués, creemos que existen formas mejores y más eficaces para emprender una fuerte oposición al bonapartismo reaccionario de Juan Orlando Hernández: la movilización organizada del pueblo trabajador y la huelga general.
El aparente fortalecimiento del gobierno de Juan Orlando
A pesar de haber sido electo por una minoría, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha sabido controlar muy bien a la oposición al interior del Congreso Nacional y aprobar todas las medidas fiscales en contra de los trabajadores de Honduras. Para lograr ese objetivo tuvo que establecer alianzas con su tradicional cómplice, el Partido Liberal, de esa manera lograron ser mayoría y organizar la Junta Directiva del Congreso Nacional, elegir los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), El Director del Registro Nacional de las Personas (RNP), Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH). Sin mencionar, que desde el año anterior se había asegurado el control de Ministerio Público (MP) con la elección del Fiscal General y Fiscal adjunto con miembros afines del partido oficialista.
Este control casi absoluto de la institucionalidad del Estado burgués, le ha permitido orientar sus políticas de reducción del Estado y desmantelar las grandes empresas estatales como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa de Telecomunicaciones (HONDUTEL), entre otras.
La política económica del gobierno de Juan Orlando Hernández se ha logrado implementar sin mayor oposición; por tal razón los trabajadores en estos cien días de gobierno han experimentado una reducción de sus ingresos por la incesante inflación producto de los aumentos constantes de los carburantes, el aumento de todos los bienes y servicios ante la implementación del nuevo Impuesto sobre Ventas y la depreciación del Lempira ante la nueva tasa cambiaria.
Pese a todas las medidas introducidas, cuyo fin principal es aumentar la recaudación fiscal para poder cancelar la enorme y estrepitosa deuda interna (por cierto fuertemente acrecentada durante el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo), se mantiene una gran presión por parte de los entes recaudadores de ingresos del Estado, pues no han realizado una recaudación eficiente. Durante los primeros meses de gobierno la recaudación aumentó; no obstante, las medidas introducidas por el gobierno tuvieron un impacto directo en la reducción del consumo en los últimos meses, dado que al haber un aumento en los precios de los productos en el mercado, hay una reducción del consumo. A esto se suma que los ingresos de los consumidores no aumentaron debido a la política de congelamiento salarial.
Por otro lado, la imperativa necesidad de reducir la deuda interna se debe a las orientaciones recibidas por parte del Fondo Monetario Internacional, que no ha realizado los desembolsos esperados en materia de crédito por la falta de cumplimiento de las metas deseadas. Por esto, la necesidad de obtener el dinero suficiente para poder realizar su agenda política es una de las tareas más inmediatas del actual gobierno.
Las extradiciones y la violencia incesante
De acuerdo a las declaraciones del ministro de seguridad, las cifras de crímines violentos se han reducido de forma considerable, aunque los medios de comunicación continúen anunciando masacres, asesinatos múltiples de infantes, femicidios, atentados, torturas, etc. Lo cierto es que el narcotráfico y el crimen organizado se han apoderado de regiones importantes en el país, y desde luego, sus inversiones se han hecho sentir en campañas políticas, y en algunos casos se ha logrado comprobar su participación en las estructuras del Estado y la policía.
Por otro lado, las extorsiones y los delitos comunes siguen siendo flagelos del pueblo trabajador ante el fortalecimiento de las maras o pandillas que en muchos casos poseen sus propias jurisdicciones en barrios y colonias de las principales ciudades de Honduras.
Son tan relevantes las figuras del crimen organizado que el propio imperialismo solicitó la captura y extradición de una de las figuras del narcotráfico local. De esa manera se le dio captura a Carlos Arnaldo Lobo, mejor conocido como el negro Lobo, quien fue extraditado a los Estados Unidos por narcoactividad. La sentencia se ejecutó de forma acelerada, debido a que el gobierno estadounidense presentó, el pasado 25 de febrero, la solicitud de extradición de Lobo, para juzgarlo por dos delitos de narcoactividad. Tras ser capturado, y a pesar de las apelaciones interpuestas por la defensa, de forma unánime el pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación, reposición y casación y ordenó la entrega condicionada del Negro Lobo argumentando que el ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad de que el pleno deba de pronunciarse sobre el particular.
Cabe resaltar que durante el proceso judicial aumentó el número de crímenes violentos contra niños en diferentes zonas del país, probablemente para condicionar la extradición o las posibles solicitudes. No es la primera vez que los sectores del crimen organizado actúan de la misma manera, se sospecha que el crimen de Alfredo Villatoro, periodista vinculado al partido de gobierno, haya sido una maniobra para presionar a las autoridades ante la política de depuración de la policía.
La maniobra del Zelayismo
La desarticulación del Frente Nacional de Resistencia y el retroceso del movimiento popular en su conjunto, han permitido el recrudecimiento de la política económica de Juan Orlando Hernández, así como el control absoluto de la institucionalidad del Estado. Desafortunadamente, el Partido Libertad y Refundación, probablemente sin proponérselo, ha sido un aliado indirecto del régimen, dado que al apostar todas sus fuerzas al proceso electoral desarticuló y sepultó a través de los acuerdos de Cartagena el amplio movimiento social que se había gestado en la lucha contra el golpe de Estado. La fuerte apuesta por la victoria en el pasado proceso electoral no les permitió consolidarse como partido de oposición ni ganar a las estructuras más firmes de los partidos tradicionales, situación que permitió el triunfo del Partido nacional y la consolidación del proyecto político de Hernández. Aún cuando fueron la segunda fuerza electoral, fenómeno político histórico en Honduras, dado que por vez primera se logró desplazar el dualismo entre liberales y cachurecos, los diputados de Libre han sido desplazados y hasta el momento no han logrado posicionarse en contra de las maniobras del partido de gobierno. Prueba de lo anterior, han sido los nombramientos de diversos funcionarios de Estado; a pesar de las propuestas de la bancada de Libre, ha logrado imponerse la voz oficialista.
Al no ser mayoría, José Manuel Zelaya Rosales busca tejer alianzas con su ex partido político y el reciente partido Anti Corrupción del comentarista deportivo Salvador Nasralla. En ese marco se da la reunión entre Mauricio Villeda, José Manuel Zelaya Rosales y el Ingeniero Salvador Nasralla, bajo la excusa de la conformación de un verdadero bloque oposición. No obstante, en los hechos cada partido responde a sus propios intereses políticos, y luego de resolver el conflicto de la alcaldía de San Luis Comayagua, el partido Liberal, una vez más se ha quedado silenciado.
Ante la desolación política, Zelaya buscó apoyarse sobre las fuerzas que se desataron durante el golpe de Estado y que él mismo sepultó con los acuerdos de Cartagena. Con la diferencia de que lo hace en una situación de retroceso y de desmoralización de la clase obrera. La situación de desventaja, sumado a una mala planificación permitió que la represión fuera más fácil.
La clara intención de Zelaya es la de presionar para luego negociar, mecanismo que le funcionó muy bien durante la lucha contra el golpe de Estado; pero ante el fortalecimiento del Estado y del gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández se requiere un poco más que tomarse por algunos minutos el Congreso Nacional e introducir simpatizantes del partido.
Ante este panorama oscuro, El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a todas las organizaciones del Frente Nacional de Resistencia, así como a los sindicatos, gremios magisteriales, patronatos, movimientos estudiantiles y por la diversidad y de genero, colectivos de barrios a iniciar una jornada de movilizaciones en contra de la represión y los planes de hambre y de miseria del actual gobierno. Solo la movilización popular y un paro cívico nacional podrán frenar la arremetida económica y política del gobierno de Juan Orlando Hernández.