Por Sebastián Ernesto Gonzáles

La doble moral y la hipocresía del imperio gringo, en conjunto con los países títeres de Europa y Latinoamérica tienen dimensiones estratosféricas. En casi 3 semanas de convulsión social en Bolivia, le torcieron el brazo al Presidente Evo Morales y ha dimitido, aduciendo evitar sangre derramada. Caso muy diferente a la forma en que actuaron en Honduras, donde reconocieron a Juan Orlando Hernández que se impuso con un monumental fraude en las elecciones del 2017. Le han otorgado un apoyo incondicional y han fortalecido las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin importar la profunda crisis posterior a las elecciones de noviembre del 2017 y los múltiples casos de represión y asesinato.

Asesinatos selectivos y secuestro     

En el mes de octubre fue enjuiciado por 4 delitos y encontrado culpable en la corte sur de New York el hermano de Juan Orlando, Antonio Hernández, entre los delitos que se le sentenció está el de conspirar para llevar droga a los Estados Unidos. En el juicio reiteradamente se mencionó a Juan Orlando y la protección para el trasiego de la droga por parte de militares y policías. Sin duda alguna, que por motivos ridículos hubieran quitado a un presidente de algún país latinoamericano que no obedeciera al imperio, sin embargo, en el caso de JOH, lo siguen sosteniendo, apoyando y financiando descaradamente.

Temiendo un estallido social, a consecuencia del Juicio, el régimen de Juan Orlando Hernández hizo público un comunicado el 10 de octubre donde se pide a todo el personal forense que se mantenga alerta y a la disposición las 24 horas, los 7 días de la semana. En los días posteriores a esta fecha, han sido asesinados varios jóvenes estudiantes de secundaria, muchachos que participaban activamente en las convocatorias contra el régimen de JOH, para mencionar un caso está el del estudiante del Instituto Luis Bográn, Óscar Daniel Mencía Cantarero de 18 años, fue desaparecido el 29 de octubre y apareció asesinado horas después.

Otro caso que escandalizó al país e internacionalmente es el asesinato del reo Magdaleno Meza, sucedido el 26 de octubre en una cárcel de máxima seguridad. Magdaleno fue señalado como socio de Tony Hernández en el juicio de New York, se mencionó que poseía unas libretas con apuntes sobre el dinero que pagaban por el tráfico de drogas y que involucraban directamente a JOH y su hermano Tony.

El tercer caso muy sonado es el secuestro del Profesor Jaime Rodríguez, hecho sucedido el lunes 28 de octubre en el centro de Tegucigalpa en horas de la tarde. Le mantuvieron casi 24 horas secuestrado y torturándolo, lo abandonaron en las orillas del río Choluteca dándolo por muerto con una herida en el cuello. Quizás no quisieron asesinarlo o sus secuestradores se asustaron por la campaña nacional e internacional que ya se estaba levantando.

Son varios los casos que han sucedido y que evidencian una política represiva selectiva para disuadir a la población a que se movilice. A la par de esta política represiva, el ejecutivo en contubernio con el Congreso Nacional aprueba la Ley de Alivio de Deuda a los trabajadores del sector público y privado. La crisis económica es tan profunda, que la banca teme que la deuda se vuelva impagable por los asalariados y que se convulsione la sociedad, esta política da un poco de alivio ficticio a las familias y calma un poco las aguas, la ley alarga la deuda con intereses más bajos, para que las cuotas disminuyan liberando un 40% del salario bruto.

4,000 millones a las Fuerzas Armadas para proyectos agrícolas e impunidad

No hay la menor duda que, este acuerdo ejecutivo es un premio a los militares para que manejen a su antojo esta considerable cantidad de dinero, pero también es cierto que lleva como objetivo solventar un poco la profunda crisis agrícola en las áreas rurales del país. Como parte de las exigencias de Trump a JOH para detener la migración hacia el norte. El Decreto Ejecutivo PCM 052-2019, fue aprobado con la complicidad de dirigentes campesinos, en él se le otorga a las Fuerzas Armadas atribuciones sobre el sector público, así que las instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Instituto Nacional Agrario, (INA), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y EL Instituto de la Propiedad, (IP), estarán subordinadas al PDHA.

En días anteriores, también fue denunciado por el diputado Luis Redondo, que dentro de la cámara legislativa se estaba maniobrando para eliminar artículos del nuevo código penal, que penalizan delitos de lesa humanidad a los militares.

Solo la organización y un plan de lucha de la oposición podrán detener a JOH y el imperio para un tercer ilegal periodo.