Por Sebastián Ernesto González

En una diarrea legislativa sin precedentes, el Congreso Nacional del país se ha reunido vía zoom (el día 7 de octubre) con el propósito de seguir en su afán de aprobar reformas y artículos que blinden a todos aquellos funcionarios que han participado en actos de corrupción, pero además, aumentar la penalización a campesinos y garífunas que se atrevan levantar banderas de lucha bajo el pretexto de recuperar territorios, o bien, la penalización de la protesta y tomas de edificio.

El Congreso Nacional, controlado por el narco partido Nacional, para lograr mayoría simple tiene la complicidad de algunos diputados del partido Liberal, los chingastes del partido Alianza Patriótica, del partido Anticorrupción (PAC), Unificación Democrática (UD) y Democracia Cristiana de Honduras (PDCH). Es absurdo y el extremo de la hipocresía escuchar a miembros de estos partidos pronunciarse sobre elecciones generales transparentes y cuestionar las decisiones del Consejo Nacional Electoral cuando han sido y siguen siendo comparsas de la narco dictadura.

¿Qué fue lo que se aprobó?

 De lo aprobado, lo más lesivo fue el blindaje hecho a través de la Ley Especial por lavado de activos metiendo en la definición de PEP “Persona Expuesta Políticamente” a organizaciones de la sociedad civil u ONG´S que investiguen y documenten casos de corrupción, por otro lado, el secreto bancario de personas mencionadas en lavado de activos solo puede ser suspendido mediante la orden de un juez.

De tal forma que a las organizaciones que investigan funcionarios corruptos se les somete a procesos administrativos y posible congelamiento de cuentas, mientras que, a los mencionados en lavado de activos se les blinda con la Ley de Secreto bancario y que solo con la orden de un juez se les puede investigar. Por otro lado, se complica el conflicto agrario al aumentar la pena entre 4 y 6 años de cárcel a los sectores campesinos y garífunas que sean acusados del delito de usurpación en su lucha por recuperar la tierra, también les quitan el derecho a defenderse en libertad.

Refiriéndose al respecto, el fiscal de la Unidad Fiscal contra la Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, dijo “Lo que hoy pasó, aprovechando el feriado y previo al partido de la selección, no es el Congreso Nacional legislando a favor de las mayorías, son personas investigadas e involucradas en actos de corrupción buscando como auto protegerse y proteger sus allegados. Cada día estoy convencido que en Honduras vivimos en un Estado de barbarie… con las reformas aprobadas hoy, se impone secreto bancario para investigar los delitos de corrupción, quieren que los fiscales nos limitemos a investigar abusos de autoridad”.

La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se manifestó diciendo que “las reformas aprobadas en el Congreso Nacional, podrían agravar la situación de conflictividad agraria en el país, criminalizar la protesta social y debilitar la lucha contra la corrupción”. https://hondudiario.com/

Políticos narcos preparan las condiciones

 Que el Congreso Nacional apruebe y desapruebe leyes a su antojo ya no extraña, lo hacen en días feriados o en la madrugada, eso ya se sabe, lo raro es que todos los que se autodenominan ser de la oposición ponen el grito en el cielo frente a un micrófono o en las redes sociales, sin embargo, no existe la mínima intención de movilizar al pueblo para protestar contra estas aberraciones jurídicas.

Las reformas aprobadas por el congreso nacional se han hecho una semana después de que han salido al público los documentos llamados “Pandora Paper”, en estos, se mencionan políticos hondureños, pero, anteriormente, en “La Lista Engels” ya se les había señalado, esta posible amenaza a ser investigados les ha dado el suficiente pánico para blindarse ante cualquier investigación o proceso judicial en el futuro. Todo lo aprobado es de reflexionar mucho sobre el aumento de la penalización de la protesta bajo el delito de usurpación, ya sea por la recuperación de la tierra o por la toma de edificios o instalaciones públicas, quizás, desde ya, prevén crisis electoral y post electoral al 28 de noviembre.

Nada se puede descartar, la forma en que van actuando es una sintomatología al saber que la coyuntura actual es diferente a la del 2017.

La oposición no debe justificarse en que aprovecharon la semana morazánica o el partido de fútbol para aprobar las reformas, que convoquen a ¡Movilización popular ya!