Por Diego Lynch

El nuevo año 2013 ha iniciado sin muchas variantes en relación al tema de las reformas a la Ley de Seguridad Social, que son una trampa mortal para los trabajadores y para el futuro de los mismos. El Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha claudicado  a las políticas neoliberales y burguesas del Fondo Monetario Internacional (FMI), y está proponiendo reformar la Ley. Dentro de dichas reformas se plantea el incremento de la edad para jubilarse de 60 a 65 años de edad, así como aumentar de 750 a 1,500 semanas cotizadas, lo que implicaría tener un empleo permanente y estable durante  31 años, algo muy difícil en un país donde el trabajo formal es minoritario. Estos 31 años de labor en el sector formal es prácticamente toda una vida, y no permitiría que un jubilado disfrutara de su pensión. Los jóvenes que apenas comienzan su vida laboral y a cotizar al INSS tendrán que trabajar toda su vida para poder ver en el mejor de los casos una pensión de miseria que ni siquiera en la actualidad cubre la canasta básica,  y muchos de ellos no podrán gozar de la misma.

Según el Doctor Manuel Israel Ruiz, experto en Seguridad Social, la propuesta que presenta el gobierno de Daniel Ortega no es viable por asuntos meramente biológicos, ya que según él no hay capacidad para cotizar el cien por ciento de la vida laboral, y la esperanza de vida en Nicaragua es de 70 años (El Nuevo Diario, 16 de Enero del 2013). Estos 70 años de vida son el promedio estadístico, no significa que todos los trabajadores tienen la opción de vivir 70 años. La mayoría muere en el camino, porque los niveles de pobreza y explotación, las enfermedades no curadas, consumen prematuramente la vida de decenas de miles de trabajadores

Oposición culpa al Gobierno

Según declaraciones brindadas por Eduardo Montealegre, coordinador político del Partido Liberal Independiente (PLI), el gobierno del Frente Sandinista en los años ochenta es el único culpable del caos en el cual se encuentra actualmente el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ya que en 1990, cuando entregaron el poder, el INSS quedo en cero, sin una sola reserva liquida de valor. Esto, según Montealegre, porque el funcionamiento del INSS consiste en que una persona empieza a cotizar, y una parte de su aporte queda en reserva y la otra es ocupada para pagarle a las personas que están en retiro o tienen problemas de salud. Sin embargo, entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 1990, el gobierno del Frente Sandinista metió a 50 mil personas como pensionados sin haber cotizado un solo centavo al seguro social. (La Prensa, 17 de Enero del 2013).

Aunque es cierto que bajo la revolución, el gobierno sandinista utilizo los recursos del INSS para cubrir necesidades de otros sectores, en realidad la crisis que vive el Seguro Social en Nicaragua es producto de todas las políticas burguesas que gobierno tras gobierno se han venido implementando en el país, incluyendo por supuesto al gobierno sandinista durante la revolución. Recordemos que el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán dejo una deuda millonaria con el INSS, deuda que fue la que terminó de hundirlo más en esta crisis, que ahora quieren que la paguen el pueblo y la clase trabajadora.

Centrales sindicales a prueba

Desde que el Frente Sandinista retomó el poder del gobierno en el año 2006, las centrales sindicales y los representantes de los trabajadores han negociado el sudor y trabajo de sus representados, convirtiéndose en sindicatos blancos y oficialistas, permitiendo incrementos de salarios que no cubren ni la canasta básica, así como medidas laborales que no ayudan en nada a defender los derechos de los trabajadores.

Esta vez, los mal llamados representantes de los trabajadores se enfrentan a un gran reto: tienen que luchar contra el gobierno sandinista para que no sean aprobadas estas reformas, que en nada vendrán a beneficiar a las familias nicaragüenses. Al contrario, solamente favorecen a las políticas económicas de la burguesía imperialista, llámese FMI.

Según Gustavo Porras, diputado por el Frente Sandinista y dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), ellos no aceptarán que se modifiquen las edades ni el número de cotizaciones, pero nada está escrito en piedra y esperan llegar a un consenso en una mesa de negociación. Estas palabras las hemos escuchado en reiteradas ocasiones y luego terminan negociando y favoreciendo solo al gobierno. El FSLN está acostumbrado a elevar la parada, a ejercer presión a la hora de un conflicto, para que al final sean los trabajadores quienes terminen cediendo, lo que sería una derrota más de la clase obrera, y una traición más de sus “representantes sindicales”.

Hoy por hoy existen contradicciones entre los sindicatos del FNT, afines al Gobierno del Frente Sandinista. Por un lado, Gustavo Porras expresa que no van a permitir este incremento en el número de cotizaciones y en la edad de jubilación, y afirma que esto ya se acordó con el Gobierno Central. Sin embargo, por el otro lado, el dirigente Luis Barbosa asegura que el Gobierno Central ya tiene todo amarrado con sus diputados para que en la Asamblea Nacional se aprueben las reformas y de esta forma rescatar al INSS de la crisis económica en que se encuentra, ya que de no ser así el mismo se vendrá a la quiebra. Son dos posturas contradictorias de una misma central sindical.

A pesar de las polémicas, las centrales sindicales bajo control sandinista presentaron su propio proyecto de ley, en dicha propuesta sostienen los 60 años de edad de jubilación y las 750 semanas para obtener la pensión de vejez. También plantean reducir los gastos de la burocracia administrativa del INSS del 10 al 6 por ciento, lo que representaría un ahorro anual de 500 millones de córdobas. Ampliar la cobertura, incrementar la tasa de cotización con un 1% anual hasta llegar al 15%. Crear la Superintendencia de Seguridad Social, la cual llevaría un control interno y externo de cómo se manejan los fondos. También proponen que la deuda del Estado, calculada en 600 millones de dólares, se pague en 20 años, al 5 por ciento anual. Que el Consejo Directivo del INSS sea nombrado por la Asamblea Nacional, que se disuelvan los contratos “abultados” con algunas empresas médicas previsionales, a quienes se les paga 339 córdobas per cápita mensual por derecho-habiente, sin que se atienda al 100 por ciento de estos.

El Adulto Mayor también protesta

Si bien es cierto las reformas a la Ley de Seguridad Social no afectan a las personas de la tercera edad, la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) ha salido nuevamente a las calles a protestar en contra del Gobierno de Daniel Ortega y en contra de las Municipalidades del país, ya que ellos cotizaron a lo largo de su vida y por el simple hecho de no haber completado las 750 semanas que establece la Ley, no reciben ni un solo centavo del dinero que durante muchos años estos pagaron.

Tanto el gobierno del Frente Sandinista como las Alcaldías han venido prometiendo algunos beneficios para estos trabajadores ancianos, sin embargo jamás los cumplen, y cada vez que regresan a las calles a protestar los quieren engañar con un pequeño paquete alimenticio que realmente no cubre las necesidades de estas personas.

Ellos necesitan atención médica, lentes, sillas de ruedas, medicamentos, alimentos, entre otros; y el gobierno no les da respuesta. Es necesario que se saque un cálculo y un estimado del porcentaje que estas personas deberían de recibir por las semanas cotizadas, sin embargo la política del gobierno es no soltar ni un solo peso.

No a las reformas: ¡¡¡que la crisis del INSS la paguen los patrones!!!

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), nos solidarizamos con la lucha de la clase  trabajadora y por la defensa de la seguridad social. Hacemos un llamado a la movilización todos los trabajadores,  en defensa de la seguridad social de calidad. Llamamos a luchar de manera unitaria a todos los sindicatos y centrales obreras por lo siguiente:

1.- Que se mantengan los 60 años de edad de jubilación, con las excepciones de 55 años para las mujeres, en los casos que las leyes lo permitan.

2. Que se mantenga las 750 semanas cotizadas como mínimo para optar a la pensión de vejez

3. Que se resuelva de una vez por todas la lucha de los trabajadores ancianos que no tuvieron la capacidad de cotizar durante 750 semanas, pero tienen más de las 250 semanas mínimas que contempla el reglamento de la Ley del INSS.

4.- Que el Estado tiene la obligación de atender a todos los ancianos desvalidos, hayan cotizado al INSS o no.

5. Que se suspendan los contratos a todas las empresas médicas previsionales, que fueron impuestas después de 1990, y que representan una privatización parcial de los servicios de seguridad social. Por la nacionalización de todas

las empresas medicas previsionales.

6.- Que el Estado, el gobierno central y las alcaldías, paguen la deuda que tiene con el INSS, reintegrando las cotizaciones que no han pagado, ya que ello disminuye los derechos de los empleados públicos.

7.- Que se incremente la tasa de cotización para la patronal. Ellos devoran la plusvalía que producen los trabajadores, lo menos que pueden hacer es pagar más para defender la seguridad social. Además, las empresas tienen millonarias deuda con el INSS.

8. Por el control de los trabajadores sobre la administración del INSS, para evitar el derroche y el mal uso de los recursos de todos los trabajadores. Las centrales obreras y los sindicatos deben administrar directamente los recursos del INSS.