Trabajadores de Mayco durante la protesta contra la corrupción
Por Adrián Laurel
“MAYCO intervenida Es una "huaca" dentro de la gran "huaca" de defraudadores, malversadores y lavadores de dinero del Estado”. Era el título de la noticia aparecida en el Nuevo Diario el 12 de agosto del 2002. Esta nota periodística recogía las denuncias hechas por los trabajadores de la empresa Materiales y Construcción S.A. Mayco contra el antiguo gerente Sebastián Martínez, el ex presidente Arnoldo Alemán y otros funcionarios su administración, en la que les acusaban de saquear la empresa por medio de diversas operaciones fraudulentas con la finalidad de enriquecer sus bienes personales.
Trece años después, bajo un nuevo gobierno, ahora de “izquierdas”, nos encontramos ante un acontecimiento que difiere muy poco del descrito anteriormente. Los trabajadores de la fábrica de adoquines denuncian a la administración Orteguista de llevarles a la ruina, dando cuenta de varias irregularidades que implican al gerente actual, José francisco López, y sus allegados, quien funge dentro del FSLN como tesorero, además de ser vicepresidente de la junta directiva de Albanisa y presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense del Petróleo Petronic.
La fábrica de adoquines Mayco, inscrita como una constructora en 1996, funcionó como una empresa estatal hasta el año 2001, cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua promulgó una ley que autorizó su privatización. Aparentemente se autorizaba, entre otras cosas, que a favor de los trabajadores se traspasaban los bienes, acciones y derechos del Estado, evidentemente con un monto de pago de éstos para con el Estado; sin embargo muchas fueron las voces que en su momento denunciaron dicha privatización como un mecanismo del gobierno de Alemán para ocultar anomalías dentro la fábrica que le vinculaban a él y su cúpula, con varias irregularidades internas.
¿Dirigentes del FSLN tras el fraude financiero?
En esta ocasión, el caso de corrupción que salpica a la empresa constructora radica en que “mediante una serie de situaciones que los trabajadores califican de “fraudulentas”, el tesorero del FSLN, Francisco López, constituyó otra empresa a partir de Mayco y ahora este, supuestamente, quiere quebrarla para absorberla totalmente” (La Prensa 16/)07/13); López trasladó el 35% de las acciones a la empresa Tecnologías y Sistemas SA TECNOSA, propiedad suya, lo que dio origen a, Mayco-Tecnosa, Matecsa. El mecanismo de ahogo económico se aplicó con el objetivo de invalidar las acciones que pertenecen a los trabajadores, para consolidar al FSLN como propietario mayoritario sin tomar en cuenta el consentimiento y beneficio de los obreros.
Dentro de las anomalías e irregularidades sucedidas en la fábrica recientemente, se encuentran: bienes materiales propiedad de Mayco han pasado a manos del consorcio de los López, cuyos intereses económicos responden evidentemente a la cúpula de gobierno del FSLN; un préstamo de 968,199 dólares proveniente de la cooperación venezolana que el ingeniero López autorizó a la sociedad Tectasa, en la que Tecnosa es socia mayoritaria”; fusión con otra sociedad anónima (Tecnosa) propiedad, también, de los hermanos López y una deuda de 7 millones a efecto de la constitución de Matcesa. No conocen los trabajadores la naturaleza de estas operaciones y las encuentran contradictorias ante la rentabilidad de la empresa, explicaba José García, presidente de la junta directiva, haciendo eco del estado de inconformidad latente entre los obreros, aunque luego se retractaría de sus palabras tras llegar a un acuerdo con miembros del FSLN.
La voluntad de los dirigentes no es la voluntad de los obreros
Lo que ha prevalecido oficialmente es el silencio. Ningún representante oficial del gobierno, a nivel legal o económico, se ha dignado a explicar, no solo a los trabajadores, sino a la población general, sobre lo que acontece realmente con la figura de Francisco López, su verdadera labor en el FSLN y su influencia en la ruina financiera de la empresa constructora. José Luis García, luego de dar cuentas sobre las evidentes irregularidades, se retractó de ello y acuso a La Prensa “derechista” de tergiversar la información obtenida con la intención de dañar al gobierno sandinista. Sin embargo, lo que permanece inmutable e imparcial ante la luz pública, es la intención del gobierno de turno de socavar los recursos de esta empresa para consolidar las arcas financieras de la clase dirigente emergente, ante la desorganización política y el estado vulnerable de los obreros, cuyos intereses no son tomados en cuenta cuando los representantes administrativos de la burguesía se dividen entre sí los beneficios económicos y materiales obtenidos a través de la corrupción.