Los obispos comparecieron ante la Asamblea Nacional
Por Diego Lynch
La Constitución de la República de Nicaragua establece en su artículo 14 que el Estado no tiene religión oficial. Sin embargo, ha sido una práctica, por las tradiciones religiosas del país, que la Iglesia Católica, y también las iglesias evangélicas, siempre intervienen en política e influyen mucho en la toma de decisiones, especialmente cuando se trata de procesos electorales. Hasta el momento, siempre ha ganado el partido político que tiene la bendición de la Iglesia Católica. Los dos últimos triunfos de Daniel Ortega lo confirman, cuando el Cardenal Obando, aunque no representa la totalidad de la Iglesia, dio el apoyo político a su antiguo enemigo.
Partiendo de lo antes señalado, los partidos burgueses siempre buscan un acercamiento hacia la religión, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no ha sido la excepción a la regla, manteniendo un estrecho vínculo con la gran mayoría de religiones (Católica y evangélica principalmente).
Evangélicos a favor
Algunas de las Iglesias Evangélicas se han pronunciado a favor de las reformas constitucionales porque según ellos se le está dando un enfoque que valora más la importancia hacia la familia Nicaragüense. “Nosotros estamos respaldando estas reformas… los gabinetes de la familia, comunidad y vida ayudan a promover la solidaridad entre las personas, entre las familias…. Estamos primeramente de acuerdo con el lema cristiano, socialista y solidario, porque este gobierno le da un carisma al pueblo de Nicaragua y en segundo lugar el apoyo de la familia, creemos que es muy importante que este gobierno se preocupe por el núcleo familiar”. (Neftalí Cortes, Presidente del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Nicaragua).
Según el reverendo Sixto Ulloa, bautista de conocida filiación pro sandinista, el proyecto de reformas permite constitucionalizar un modelo que da pie a mejorar las condiciones de la familia; agrega que el modelo del gobierno inspirado en los valores cristianos, en ideales socialistas y en prácticas solidarias, debe de profundizarse con la participación de todos. (El 19 Digital; 15 de Noviembre del 2013).
La posición de los curas
Desde que el Frente Sandinista volvió al poder en el año 2006, ha habido un sinnúmero de acercamientos con la Iglesia Católica. Sin embargo, en este segundo periodo el gobierno sandinista y la Iglesia Católica se han distanciado por algunos conflictos de intereses y de poder. Los representantes y voceros de la arquidiócesis han acusado en varias ocasiones al gobierno de Ortega de querer tener el control absoluto del poder e imponerlo por la fuerza.
Esta vez, tras ser consultados en relación a la propuesta de reforma a la Constitución Política, los obispos de la Iglesia Católica han dicho que no es necesaria la reforma, manteniendo una posición estática, sin proponer ninguna salida a los problemas políticos que afectan a la población Nicaragüense.
Los obispos que comparecieron ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, declararon: “La Iglesia reitera que no es conveniente proponer la reforma, sobre todo cuando estas reflejan la pretensión de un cambio sustancial e integral en el sistema político de Nicaragua”, y critican el "desmantelamiento institucional del país" y la "oposición política que se debate en luchas internas y descalificaciones, sin presentar alternativas al país y en un momento en que es inexistente la separación de poderes del Estado y se han sufrido experiencias continuas de irregularidades electorales y violaciones a la Constitución Política, que han alterado el rumbo constitucional y democrático del país". (La Prensa; 22 de Noviembre del 2013).
Con esta posición los obispos dijeron no a la re-elección presidencial, porque al mantenerse la Constitución tal como está, Daniel Ortega no podría presentarse a la reelección
Se requiere una democratización del sistema electoral
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a los trabajadores y el pueblo a luchar por una profunda reforma al sistema electoral. La reelección no es un problema de principios, todo depende de si el pueblo tiene garantías para ejercer democráticamente su derecho a votar y decidir. Se debe reformar la Ley Electoral, para que las candidaturas no sean monopolio de los partidos políticos, sino que los diferentes sectores sociales, especialmente los trabajadores, puedan postular sus propios candidatos.
Con un sistema electoral democrático, se puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, donde el pueblo decida democráticamente el futuro del país.