Por Sebastián Chavarría Domínguez
El pasado 15 de Septiembre, mientras en Nicaragua y el resto de Centroamérica se celebraba la primera independencia declarada en 1821, en Washington el consenso de legisladores demócratas y republicanos, algo inusual en medio de la campaña electoral, permitió la aprobación por unanimidad, en tiempo record, de la llamada Ley Nic-Act. Ahora solo falta que el Senado ratifique el proyecto de ley, y que se firmado por el Presidente de Estados Unidos, para que entre en vigor.
Esta ley tiene efecto extraterritorial, como muchas otras leyes por medio de las cuales Estados Unidos pretende imponer su voluntad sobre otros países. El objetivo central de esta ley es que los representantes de Estados Unidos ante los organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde tienen capacidad de veto, se opongan al otorgamiento de préstamos solicitados por Nicaragua.
Nicaragua ya ha sufrido el efecto de leyes similares como, por ejemplo, la ley que condicionó los préstamos a Nicaragua, hasta que páguese el valor de las propiedades confiscadas a los burgueses nicaragüense que en el exilio de nacionalizaron como ciudadanos norteamericanos. Desde 1991 hasta hace poco, todos los años el gobierno de Nicaragua debía demostrar ante el Congreso de Estados Unidos los avances en materia de indemnizaciones, para otorgarle, año con año, el famoso waiver.
Cortar el acceso a vitales prestamos
Pero la Ley Nic-Act tiene un nivel de presión mucho mayor. Nicaragua sigue produciendo los mismos productos agrícolas del último siglo: carne, café, azúcar. Bananos, y un poco de minería y pesca. Sus fuerzas productivas continúan en el mismo nivel de atraso, aunque exporte varios miles de millones de dólares. La economía es muy frágil, muy sensible a presiones externas.
Según datos del Banco Central de Nicaragua, en el año 2015, de los 530.7 millones de dólares que el sector público obtuvo en cooperación externa (préstamos y donaciones), 266.9 millones de dólares fueron desembolsados por el BID y BM, equivalentes al 50.29 por ciento del total para este sector. Solo el BID el año pasado entregó 208.3 millones de dólares al sector público, en su mayoría préstamos concesionales.
Golpe bajo a la política de alianzas y consensos
El gobierno de Daniel Ortega pretende suplantar, con la inversión extranjera, el rol de la escuálida burguesía nicaragüense, una idea nada nueva pero fracasada. Para ello, el autoritario gobierno de Daniel Ortega reformó la Constitución en 2014, elevando el principio corporativista de “alianza y consensos” con los empresarios, en un precepto constitucional. La luna de miel con el COSEP continúa a pesar de la templadera de los empresarios. La ley Nic-Act viene a enturbiar este ambiente romántico. Es una alerta para las transnacionales en el sentido que no pueden invertir con seguridad en Nicaragua, país sujeto próximamente a una revisión minuciosa por parte de las autoridades norteamericanas.
Además, la Ley Nic-Act tiene un componente de supuesta lucha contra la corrupción y lavado de dinero, una tremenda arma que el gobierno de Estados Unidos utiliza contra cualquier gobierno que no obedece sus dictados. El mensaje de Estados Unidos es bien claro: quien invierta en Nicaragua, estará bajo nuestro radar.
Coordinación del Departamento de Estado y el Congreso
Se está formando un consenso bipartidista en Estados Unidos contra el gobierno de Daniel Ortega. Juan S. González, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, se presentó, ante el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, que es presidido por la cubana Ileana Ross Lehtinen, para expresar lo siguiente. “Vemos señales preocupantes en relación con los espacios democráticos en Nicaragua que podrían tener importantes implicaciones para la región”.
Ortega ha estado trabajando para transformar el país en un sistema de facto de partido único. Preocupan las acciones que ha tomado recientemente para restringir la realización de elecciones libres y justas y desmantelar instituciones democráticas, tales como los partidos políticos independientes (…) Si bien todavía existen algunas libertades y el proceso electoral se llevará a efecto, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha utilizado los mecanismos del gobierno, el sistema judicial, la manipulación política y la intimidación para eliminar el sistema de controles y contrapesos necesario para que exista una democracia vibrante (…) todas las acciones arriesgan a convertir estas elecciones en una pantomima de democracia”. (La Prensa 23/09/2016)
Pero estas presiones no tienen el objetivo de derrocar, por el momento, al gobierno de Daniel Ortega, ya que ha cumplido otros parámetros como la lucha contra el narcotráfico, ha contribuido a la estabilidad y la seguridad en Centroamérica.
Como siempre, las presiones están destinadas a forzar una negociación, donde el gobierno de Daniel Ortega termine aplicando total o parcialmente los dictados de Estados Unidos. Al final del discurso de Julián González, está la esencia de la política imperialista: “Instamos firmemente al Gobierno de Nicaragua a cambiar el curso y crear un ambiente más propicio para la realización de elecciones libres y justas que permitan al pueblo de Nicaragua decidir el futuro del país y devolver el control de los partidos políticos opositores a sus miembros. Apoyamos los esfuerzos de la sociedad civil de Nicaragua, los líderes empresariales y los líderes religiosos de continuar abogando por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la separación de poderes y un proceso electoral justo” (La Prensa 23/09/2016)
Ante el endurecimiento del régimen bonapartista de Daniel Ortega, que se negó a aceptar la vigilancia internacional de las elecciones, y que liquidó mediante sentencias judiciales las opciones electorales que tenía la Coalición Nacional por la democracia (CND), el gobierno de Estados Unidos levanta un plan de exigencias que persiguen la democratización o reforma del régimen. ¿Cuáles serán los medios para lograrlo? Por un lado, las presiones económicas, a través de la NIC-Act, pero, por otro lado, mientras se amenaza con terminar de aprobar este proyecto de ley por el Senado, esta política crea las condiciones para una negociación con el objetivo de reformar el régimen político.
Humberto Ortega pide Dialogo Nacional
Adelantándose a los acontecimientos, pero reconociendo la gravedad de la situación creada durante el mes de agosto, el 2 de septiembre, durante las celebraciones del aniversario de creación del Ejercito, el general Humberto Ortega, criticó la nota emitida por el Departamento de Estado, y aclaró que Nicaragua no es una dictadura: “Nuestra forma de Estado no constituyen una dictadura militar, aunque producto del particular desarrollo histórico de nuestra sociedad desde caciques-, conquistas-colonia, persisten en ser más piramidal-autoritaria-centralista que democrática, y desde 1990 con la necesaria firma Autoridad de la incipiente democracia, reaparece el estilo personalista-familiar en la presidencia, diferente a una dinastía que nadie proclama y es inviable”.
Humberto Ortega, estratega sandinista, reconoce que el actual régimen tiene un estilo “personalista-familiar”, pero lo considera algo accidental y pasajero. Por ello, llamo a la negociación política. “Es oportuno que el candidato electo en las elecciones en curso, impulse al asumir la presidencia en enero de 2017, un proceso de Concertación Nacional con la dirigencia económica-política social-espiritual-académica para concretar el Plan Humanista de Nación, para mejorar la imagen del país para atraer la inversión-cooperación que fortalezca la producción nacional y la macroeconomía para vencer la pobreza”. (La Prensa 2 septiembre)
Las palabras de Humberto Ortega indican que habrá, después del 10 de enero de 2017, un complicado proceso de negociación política, cuyo final es imprevisible.
El decálogo del COSEP
Los empresarios del COSEP, especialmente la oligarquía financiera, muestran sus preocupaciones, pero no rompen con la política de alianzas y consensos que promueve el gobierno de Daniel Ortega. En la celebración del día del empresario, tímidamente el COSEP planteo su decálogo, una especie de 10 mandamientos de los empresarios: “En particular se debe promover el acceso al poder y su ejercicio basado en la alternancia política, la celebración de elecciones periódicas, libres, transparentes, imparciales y con observación independiente, el régimen plural de partidos políticos y la separación, independencia y modernización de los poderes del Estado” (La Prensa, 8/09/2016)
Los empresarios temen una evolución totalitaria del gobierno sandinista, sobre todo una competencia desleal y una incursión en sus negocios, pero no se atreven a pasar a la oposición, por el momento. Los empresarios nicaragüenses, en el transcurso de la historia, se han inclinado siempre a medrar bajo la sombra de regímenes dictatoriales, nunca han peleado de manera consecuente por la democracia, porque prefiere negociar privilegios con el gobierno de turno. Así fue con el somocismo y así es ahora bajo este gobierno sandinista
La Prensa recomienda el Dialogo
El diario La Prensa es el consejero democrático oficioso de una clase empresarial que es sorda y muda ante el discurso democrático. En el editorial del día 23 de septiembre recomendó lo siguiente: “La pelota está en la cancha de Daniel Ortega, quien podría y más bien debería promover un acuerdo político nacional para otorgar la personería jurídica a los partidos de oposición que han sido ilegalizados, integrar un Consejo Supremo Electoral de consenso, reformar la Constitución y la Ley Electoral para establecer garantías de que el próximo año se puedan realizar elecciones transparentes y justas, con la debida observación electoral nacional e internacional”.
Increíblemente, La Prensa coincide con el general Humberto Ortega, quien representa el ala dura pero conciliadora del sandinismo. Todos los acontecimientos indican que habrá negociaciones que no siempre son democráticas.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rechazamos el chantaje imperialista de la Ley Nic-Act, nos distanciamos de la oposición burguesa que aplaude esta medida que repercutirá en la economía, pero al mismo tiempo exigimos reformas democráticas que permitan mayores libertades políticas y sindicales para los trabajadores, para que impulsen sus luchas, y sacar del ostracismo político a los grandes marginados desde 1990: a la izquierda revolucionaria que fue ilegalizada bajo la reaccionaria y antidemocrática Ley Electoral vigente.
