Por Sebastián Chavarría Domínguez
El Dialogo Nacional que se inició el 27 de febrero del 2019 entrado temporalmente en crisis. El gobierno Ortega-Murillo se mantenía intransigente. El diputado Wilfredo Navarro, renegado liberal ahora aliado fiel del sandinismo, expresó de manera tajante la posición dura de la dictadura: “La posición del Gobierno se mantiene en el sentido de que no se pueden adelantar las elecciones presidenciales porque eso rompe el orden constitucional, esta es nuestra posición sobre ese tema” (END, 12/03/ 2019)
Crisis y regreso a las negociaciones
Y es que las negociaciones entraron en crisis por la negativa de la dictadura a liberar a los más de 700 presos políticos, y porque se negaba a incluir como punto de agenda el adelanto de las elecciones generales, con supervisión internacional.
Hubo una crisis cuando la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) dio a conocer los procedimientos para discutir la Hoja de Ruta, pero por ningún lado apareció la liberación de los presos políticos. La indignación y la presión popular por la liberación inmediata de los presos políticos era tan fuerte, que la delegación de la ACDJ, quienes habían brindado declaraciones muy conciliadoras, tuvo que retroceder y plantear que no podían continuar las negociaciones sino se liberaba a los presos políticos, se detenía la represión en las calles, y se discutía paralelamente el tema de la democratización, retirándose de las negociaciones y estableciendo condiciones para retornas a la misma
Después de varias reuniones a puertas cerradas en la sede del Concejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la ACDJ emitió un comunicado afirmando que “(…) La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia retomará su asistencia a la Mesa de Negociación una vez que el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz” (END, 12/03/2019)
El gobierno Ortega-Murillo presentó su propia agenda de negociación, el día sábado 9 de marzo del 2019, provocando el retiro de la ACDJ, argumentando que “que se aleja de las demandas de la población que demanda elecciones anticipadas, cese de la represión y libertad a todos los presos políticos que el régimen tiene en condiciones inhumanas como castigo por demandar que se vayan del poder”.
Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) aterrizo discretamente en Managua, con el objetivo de reunirse con el gobierno y con la ACDJ, en un momento en que las negociaciones habían entrado en crisis, incorporándose de manera formal en la sesión de reinicio del Dialogo Nacional del día 13 de marzo, siendo aceptado por ambas partes como testigo y garante, aunque la participación oficial de la OEA en el Dialogo Nacional fue decidido hasta el día 22 de marzo.
Protesta de la Coalición Universitaria
El reinicio del Dialogo Nacional provocó malestar entre los delegados del movimiento estudiantil, agrupados en la Coalición Universitaria (CU), quienes se retiraron expresando que estaban en contra de una liberación gradual y discrecional de prisioneros políticos. En la CU participan la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), delegados de la Universidad Nacional Agraria (UNA), Movimiento Estudiantil 19 de Abril (ME-19) y Movimiento Universitario 19 de abril (MU-19), entre otros.
El tema de la liberación inmediata de los prisioneros políticos es muy sensible para la población, la que criticó el rol que el nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar Sommertag, quien fue denunciado como colaboracionista del régimen, al aceptar una liberación a cuenta gotas de los prisioneros políticos
Negociaciones secretas, conversaciones francas y sinceras
Es un secreto a voces, que el reinicio del Dialogo Nacional fue el resultado de las negociaciones secretas entre Estados Unidos y el gobierno Ortega-Murillo. Todd Robinson, quien fue un embajador beligerante en Guatemala, y ahora fue ascendido a responsable de Centroamérica en el Departamento de Estado, en una entrevista brindo algunos detalles sobre el avance de la política de la administración Trump en la crisis de Nicaragua.
Todd dijo: “Estamos urgiendo al régimen de Ortega a negociar de buena fe y a tomar acciones concretas para restaurar la democracia, cesar la opresión, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y acordar la celebración de elecciones adelantadas, libres y justas (…) No vamos a hablar del contenido de esas conversaciones, excepto para decir que han sido muy directas y muy francas. No creo que Ortega o Murillo tengan ninguna duda de cuál es la posición de EE.UU. en lo que respecta a alcanzar algún tipo de acuerdo político (…) nosotros vamos a promover la idea de que en esas elecciones esperamos encontrar nuevos líderes, líderes que no incluyan a Ortega y (la vicepresidenta Rosario) Murillo (…) EE.UU. apoya todos los esfuerzos creíbles para un diálogo que resuelva la crisis”. (END 13/03/2019)
Quien tenga dudas sobre el nivel de las conversaciones secretas y los acuerdos preliminares alcanzados entre Estados Unidos y Daniel Ortega, solo debe releer con calma las declaraciones de Todd.
La represión a la marcha del sábado 16 de marzo
Debido a que la dictadura continua con su plan de liberación gradual de presos políticos, al mismo tiempo que mantenía la represión en las calles, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) convocó a una marcha, desafiando las amenazas de la Policía Nacional.
A pesar de la campaña de atemorizamiento, cerca de 1000 personas se congregaron en la rotonda de la Colonia Centroamérica para iniciar la marcha, pero fueron brutamente reprimidos por la Policía Nacional, llegando a encarcelar a más de 160 personas, entre los que estaban una parte de la dirigencia de la ACDJ que participa en el Dialogo Nacional.
Pero la dictadura ya no está en condiciones de continuar reprimiendo, porque debe cumplir su parte en los acuerdos secretos firmados con Estados Unidos. En menos de 8 horas tuvo que liberar a todos los detenidos sin levantar cargos penales en su contra.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, mando una carta condicionando la participación de ese organismo en el Dialogo Nacional: “Es por ende fundamental para asegurar la presencia de la Secretaría General en el diálogo, la liberación de todas las personas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado como presos políticos” (END 15/03/219)
Por su parte, la UE en un comunicado expresó: “La UE espera que el Gobierno y sus fuerzas de seguridad pongan fin a cualquier represión y garanticen el pleno respeto de los derechos constitucionales, incluida la libertad de expresión y reunión, así como la libertad de prensa”.
De igual manera se pronunció Estados Unidos. Robert Palladino, vocero del Departamento de Estado, fue categórico: “Exigimos al régimen de (Daniel) Ortega la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente; respeto a la libertad de reunión y expresión de los nicaragüenses; y comprometerse a reformas electorales y a celebrar elecciones anticipadas libres y justas”.
Kevin K. Sullivan, nuevo embajador de Estados Unidos en Managua, declaro que "La agenda de negociación (...) marca un camino hacia el retorno a la democracia plena en Nicaragua. No hay tiempo que perder. Se necesitan soluciones reales en tiempo real" (END, 21/03/2019). No hay duda que los negociadores superaron varias crisis y todo se enrumba a acuerdos antes de finalizar marzo, los mismos acuerdos que ya fueron tomados en las negociaciones secretas con Estados Unidos.
La dictadura reculó ante la amenaza de sanciones internacionales
El Parlamento Europeo (PE) se reunió el 13 y 14 de marzo en una sesión en la que se discutieron, entre otros puntos, la crisis en Nicaragua y la constante violación de los derechos humanos. Los diputados socialdemócratas son quienes llevaron la batuta, promoviendo una resolución no vinculante que solicitaba a las autoridades de la Unión Europea (UE) aplicar sanciones económicas contra los altos funcionarios de la dictadura, tomando en consideración que muchos de ellos tienen dinero y propiedades en Europa. Otra posible sanción a aplicar sería la de excluir a Nicaragua del recién firmado tratado de Acuerdo de Asociación (ADA) entre la UE y Centroamérica. En su resolución el PE exigió “elecciones libres, justas y transparentes en un futuro próximo, con la presencia de observadores internacionales”.
La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como “Magnitsky Nica” fue aprobada en diciembre del 2018, y establecido un plazo de 180 días para tomar sanciones contra el gobierno de Nicaragua. Dentro de ese plazo, en los primeros 90 días el Departamento de Estado debe enviar un informe al Congreso de Estados Unidos sobre el estado de la democracia y la violación a los derechos humanos. Ese plazo vencía el 21 de marzo, por ello, en el último día, la dictadura Ortega-Murillo aceptó discutir el tema del adelanto de las elecciones y las reformas electorales, satisfaciendo los reclamos de la ACDJ.
El plazo de los 90 días
De manera astuta, Daniel Ortega acordó liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días, es decir, los últimos 90 días de la “Magnitsky Nica”, para garantizar que el informe que el departamento de Estado debe enviar al Congreso de Estados Unidos en los próximos días, no incluya aprobar sanciones inmediatas contra altos funcionarios, como ocurre en Venezuela, sino prolongar al máximo las expectativas de una negociación, para evitar las sanciones del imperialismo, que dado el tamaño reducido de la economía nicaragüense, tendría consecuencias fatales para todos. Empresarios y gobierno Ortega-Murillo coinciden en la necesidad de evitar sanciones, que los perjudican a ambos.
Todo indica que pronto se darán a conocer acuerdos sustanciales, como el adelanto de las elecciones generales para el próximo año, y con ello comenzaría la reforma controlada de la dictadura, para instaurar un orteguismo sin Ortega. Veremos si lo logran, si se lo permitimos.
