Por Raúl Almendarez

Después de algunos cambios en el calendario electoral, por resolución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) la “campaña electoral” inició formalmente el 25 de septiembre y concluirá con las votaciones del 7 de noviembre.

La dictadura aprieta la soga

El actual proceso electoral ha sido cuestionado, a nivel nacional, centroamericano y mundial, porque la dictadura, lejos de promover una reforma electoral democrática, endureció posiciones: encarceló y está procesando penalmente a casi todos los candidatos opositores. Los partidos de oposición más importantes, el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el derechista partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) fueron cancelados, quedando únicamente seis pequeños partidos los que fueron autorizados para participar. La ausencia de competencia real, le da relativa ventaja al gobernante FSLN, el partido de la dictadura.

La ofensiva de Estados Unidos y sus aliados

Este endurecimiento de la dictadura, desató reacciones por parte de Estados Unidos y sus aliados, en América Latina y el mundo, con un eje político: declarar que el actual proceso electoral es ilegitimo y antidemocrático, y presagia un desconocimiento político y diplomático a la casi segura reelección de Ortega-Murillo

En agosto, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, declaró que: “(…) "Estados Unidos considera las últimas acciones antidemocráticas y autoritarias del régimen, impulsadas por el temor de Ortega a una derrota electoral, como el golpe final contra las perspectivas de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y justas este año (…) Ese proceso electoral, incluidos sus eventuales resultados, ha perdido toda credibilidad (DW 08/08/2021)

Al día siguiente, Joseph Borrell, comisionado de política exterior de la Unión Europea (UE), declaró que en Nicaragua “(…) la oposición ha sido eliminada. A los nicaragüenses se les ha despojado del derecho humano y derecho civil básico de votar en elecciones creíbles, incluyentes y transparentes” (AP, 09/08/2021)

Recientemente, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana, emitieron una declaración en la que afirmaban que el proceso electoral nicaragüense “(…) "no reúnen las condiciones necesarias para la celebración de un proceso electoral libre y justo, lo que pone en tela de juicio la validez y la legitimidad de las elecciones de noviembre, tal y como está organizado actualmente". (europapress 23/09/2021)

En Centroamérica, las autoridades costarricenses encabezan las presiones diplomáticas contra la dictadura Ortega-Murillo. Quien lleva la voz cantante es la expresidente Laura Chinchilla. En una reciente comparecencia en una comisión del Congreso de Estados Unidos, Chinchilla propuso “medidas relevantes para frenar a Ortega. Si las condenas no han sido eficaces, es hora de acciones más robustas para abrir ventanas de cambio”

Un editorial del diario La Nación, el día 26 de septiembre, concluyó que “ (…) Para evitar el fraude, todo indica que ya nada es posible. (…) Sin embargo, sí existe un repertorio de opciones que, al menos desde organizaciones multilaterales y gobiernos democráticos, pueden y deben activarse, con dos propósitos clave: hacer pagar al déspota y sus secuaces el más alto precio posible por su enquistamiento en el poder, y crear condiciones para desconocer el proceso «electoral» y exigir con contundencia la repetición de las elecciones en igualdad de condiciones del oficialismo y la oposición y estricta supervisión externa.(…)”

¿Qué hacer?

El pueblo de Nicaragua está bajo el fuego cruzado. Por un lado, la política de Estados Unidos que maneja un discurso democrático, pero que en el fondo se prepara para negociar con la dictadura, y por el otro lado la represión inclemente de la dictadura, que no solo ha desarticulado a la oposición burguesa, sino que tampoco permite el surgimiento de corrientes independientes que luchen por los intereses populares.

La actual campaña electoral se realiza bajo condiciones de un Estado de Excepción en los hechos, es decir, no es un proceso por medio del cual las masas van a decidir democráticamente la composición del próximo gobierno. Indudablemente, los dados están cargados a favor de la continuidad del matrimonio Ortega-Murillo en el poder.

Al haber desarticulado a la oposición burguesa, encarcelando a toda su cúpula, prevalece el desánimo y la desmoralización entre el electorado que miraba a esta como una alternativa de poder. Rápidamente va ganando campo la postura abstencionista de no votar en las elecciones, lo que es un problema real porque le deja el camino despejado al FSLN que, con su base electoral cautiva, puede imponerse por mayoría simple.